Peligran las nóminas de enero en LPGC
La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Isabel Mena, advirtió este jueves del peligro que corre el gobierno local del Partido Popular (PP) de no poder pagar las nóminas a los empleados municipales en el mes de enero, de continuar adelante el alcalde, Juan José Cardona, con el cambio de vínculo del personal laboral indefinido a funcionario interino, una modificación que el pasado lunes paralizó un juez de manera cautelar por su dudosa legalidad.
Este jueves se ha aprobado en comisión de pleno la plantilla municipal para el próximo año, donde se recoge la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que contempla la conversión de los más de 600 laborales indefinidos del Consistorio. La aprobación definitiva se producirá este viernes, en el pleno ordinario convocado por la corporación local, gracias a la mayoría del PP.
Sin embargo, Mena incide en que esta RPT no existen las plazas de personal laboral indefinido y que, por lo tanto, tras la suspensión judicial, los trabajadores quedarán en un “limbo administrativo” que impedirá el pago de las nóminas hasta que se modifique el capítulo de personal de 2014.
La secretaria general del Ayuntamiento, Ana María Echeandía, ha emitido un informe negativo sobre la propuesta de acuerdo que se llevará este viernes al pleno municipal para la aprobación de la plantilla y el presupuesto de 2014. La habilitada nacional recuerda, en primer lugar, que el director general de Recursos Humanos, José María Cabrera, no puede redactar informes de naturaleza administrativa como los que han servido de motivación al grupo de gobierno para proponer la aprobación de la plantilla y el presupuesto para el próximo ejercicio.
La alta funcionaria remarca que el nombramiento de Cabrera, personal de confianza del PP, se realizó obviando los principios de mérito y capacidad.
Además, Echeandía subraya que la plantilla se ha elaborado sobre la base de una RPT que ha quedado paralizada en los juzgados, por lo que entiende que la propuesta de acuerdo presentada por el Consistorio capitalino adolece de “vicios de nulidad de pleno derecho”. La secretaria general señala que el Ayuntamiento debe contar con los informes del servicio de Personal, de la Intervención Municipal y del órgano de Presupuestación a este respecto.
