Podemos reclama la paralización de los despidos en la empresa pública Tragsa
Podemos reclama la paralización del expediente de regulación de empleo (ERE) que ejecuta la empresa pública Tragsa en todo el Estado español y que recuerda que afecta especialmente a Canarias, donde incluye a 81 personas de las que ya medio centenar ha perdido su empleo.
La formación señala que la dirección del Grupo comenzó a negociar un despido colectivo en septiembre de 2013, aduciendo causas económicas por caída de ingresos desde 2009, al amparo de la reforma laboral de febrero de 2012. Sin alcanzar acuerdo, la empresa siguió adelante con el despido de 1.336 empleados con una indemnización de 20 días por año.
La formación morada indica que, en muchos casos, representantes laborales denuncian que las personas afectadas se enteraron de sus despidos al recibir la transferencia bancaria de su liquidación, sin previa notificación.
El partido morado indica que, frente a esta situación, en 2015 Tragsa volvió a obtener beneficios, viéndose obligada a realizar nuevas contrataciones para poder hacer frente a la carga de trabajo, aunque empeorando las condiciones laborales, según denuncian representantes de los trabajadores.
Parlamentarias de Podemos han mantenido reuniones en Lanzarote y Tenerife con representantes de los trabajadores afectados por el despido colectivo y presentarán iniciativas en la Cámara. “La Comunidad Autónoma Canaria no puede ser ajena a decisiones injustificadas que destruyen empleo, sobre todo después de escuchar en los últimos meses al Gobierno central alardear de presunta recuperación económica”, señala la diputada Concepción Monzón,
La parlamentaria también alerta del “impacto negativo que tendrían estos despidos colectivos sobre los trabajos que le encomienda el Gobierno de Canarias.” Por ello, Podemos insiste en que aboga por la defensa de las empresas públicas y el trabajo de calidad, en condiciones dignas.
La formación puntualiza en un comunicado que el Grupo Tragsa, nace a raíz de la empresa Transformación Agraria SA en 1977 para la ejecución de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. Su capital es 100% público, cuenta con delegaciones en diversos países y en todas las comunidades autónomas. Realiza trabajos de mantenimiento y respuesta a emergencias sociales, catástrofes naturales o accidentes climáticos para las administraciones central, autonómicas y locales.
