El PP también pide comparecencia de Cristina Valido por las irregularidades en el cobro de cuotas en una escuela infantil
El PP también se ha sumado a la petición que ya hizo Podemos para que comparezca la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido en el Parlamento regional por no abrir expediente tras conocer las irregularidades en el cobro de cuotas en una escuela infantil de La Palma.
La solicitud de ambos partidos se produce después de que Mírame TV adelantara que el Gobierno de Canarias ha perdonado al director de la escuela infantil San Miguel Arcángel diversas anomalías relacionadas con el abono de la primera mensualidad del curso 2017/2018. El máximo responsable de la escuela infantil, Patricio García Ducha, que es marido de la diputada autonómica y secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, cobró de forma indebida cuotas a los usuarios del centro tanto ese curso como en el año 2016.
El dinero del curso 2016/2017 que García Ducha cobró en efectivo por la primera cuota no ha sido devuelto a los padres, como tampoco las cuantías que recaudó en mano al año siguiente.
La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, que ahora tendrá que comparecer en el Parlamento a petición de Podemos y del PP, conocía las irregularidades del director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, al menos, desde el 1 de junio de 2018. De hecho, en esa fecha tuvo entrada por registro un escrito del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) donde se informaba con detalle de las anomalías encontradas en la gestión de García Ducha.
Esta consejería, sin embargo, a pesar de conocer los hechos descartó sancionar al director del San Miguel Arcángel pese a que se aumentó de forma injustificada las cuantías a varios usuarios.
Concretamente, el escrito de CCOO alertaba de que el director del centro procedió a “exigir el cobro de cantidades en efectivo correspondientes a mensualidades y matrículas al menos desde 2016, emitiéndose recibís o cartas de pago manuscritas sin seguirse, presuntamente, el procedimiento administrativo previsto al efecto”.
Por su parte, la directora general de Protección a la Infancia, Carmen Morales, admitió la existencia de los cobros en efectivo y explicó que, una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, se abrió una investigación previa que concluyó que “no se ha encontrado nada extraño que justifique la apertura de un procedimiento sancionador”.
