El PP lamenta que se retire su moción sobre declarar a Sánchez persona 'non grata' en Lanzarote y estudia recurrir la decisión

El PP ha lamentado este jueves la decisión de la Junta de Portavoces del Cabildo de Lanzarote de retirar del orden del día del pleno de este viernes 25 de julio la moción del Grupo Popular en la que pedía declarar persona non grata en la isla al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y estudia recurrirla, “por estar ante un delito constitutivo de vulneración de derechos constitucionales”

La junta de portavoces del Cabildo de Lanzarote, convocada de urgencia en la mañana de este jueves, acordó con el apoyo del PSOE, el grupo mixto y Coalición Canaria, retirar la moción impulsada por los populares para declarar persona non grata en la isla a Pedro Sánchez, que desde hace años pasa sus vacaciones de verano en Costa Teguise.

En un comunicado, el PP ha señalado que la decisión adoptada “cercena el ejercicio del derecho fundamental de los consejeros insulares, sentando un peligroso e indeseado precedente en el Cabildo” y que se reserva el derecho a presentar un recurso de reposición ante la propia Institución insular.

Los socialistas explicaron en una nota que, tras la propuesta, registraron un escrito ante la Presidencia y la Secretaría del pleno, en el que se incluía una sentencia del Tribunal Supremo que determina que las administraciones locales “no tienen competencia para este tipo de declaraciones y, de adoptarse, serían nulas de pleno derecho”.

Por su parte, el PP estudiará formular un recurso contencioso-administrativo y no descarta acudir a la vía penal porque entiende que podría suponer un delito constitutivo de vulneración de derechos constitucionales.

En la nota expone que los argumentos esgrimidos por la Secretaría General del Pleno y asumidos por la Presidencia para su retirada del orden del día, a instancia de un escrito del Grupo Socialista, obedecen a una interpretación que el Grupo Popular no comparte, al considerar que colisionan con el derecho que asiste a los consejeros insulares de presentar iniciativas en el pleno de la institución.

“Los consejeros insulares, cuando presentan mociones, están ejerciendo su derecho fundamental al ejercicio del cargo representativo para el que han sido elegidos, derecho fundamental consagrado en la Constitución Española”, recalca el PP en el comunicado.

En cuanto a la moción presentada recuerda que el Reglamento Orgánico del Cabildo –artículo 82- establece con “meridiana claridad” que “excepcionalmente las mociones se utilizarán para que el pleno, en representación del Cabildo o de la isla, formule una declaración de ideas o de sentimientos, de contenido meramente político, respecto a un tema que considere que le afecta”.

Además, sostiene que es “público y notorio” que el Grupo Socialista ha promovido y apoyado mociones de idéntica naturaleza en numerosas corporaciones españolas, incluido el Cabildo de Lanzarote.

Y por ello añade que “no se explica la desesperación del Grupo Socialista por evitar a cualquier precio -conculcando incluso un derecho fundamental- el debate de una moción que aún careciendo de efectividad permite dar testimonio y ser cauce de expresión democrática de una mayoría social”.

Para el PP, el Grupo Socialista prefiere “amordazar” el debate político en el Cabildo antes de que se puedan debatir los “escándalos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez en su familia, en su partido y en su gobierno, así como los incumplimientos sistemáticos con sus responsabilidades para con Lanzarote y La Graciosa”.

El objetivo de la moción, según el PP, era servir de cauce institucional del sentir mayoritario del pueblo de Lanzarote para desaprobar la posible visita por vacaciones de Pedro Sánchez que en los últimos años ha viajado a la isla en verano con su familia.

La Junta de Portavoces del Cabildo de Lanzarote acordó con el apoyo del PSOE, el grupo mixto y CC, retirar del orden del día la moción del PP, tras mantener una reunión de urgencia ante el escrito presentado por los socialistas, que incluía una sentencia del Tribunal Supremo que determina que las administraciones locales no tienen competencia para este tipo de declaraciones y, de adoptarse, serían nulas de pleno derecho.