El PP avala a Marruecos en el Sáhara
“No estamos aqui para hablar de los sentimientos de Hassanna ni de cualquier grupo, estamos aqui para hablar de politica y la politica empieza por la legalidad. Eso es lo que les estoy proponiendo que valoremos: que respetemos, que reconozcamos el magnifico sistema de asilo que funciona en España”.
De este modo tan estupefaciente cerró el diputado del PP por La Rioja Conrado Escobar su intervención de este martes en la Comisión del Interior del Congreso para justificar el rechazo del PP a la iniciativa de varios grupos para que el Gobierno de España y el ministerio del Interior reconsideren su negativa al asilo del activista saharaui Hassanna Aalia. En su argumentario repleto de elogios al “impecable” sistema de asilo que actualmente funciona en España, el diputado popular incluso llegó a manifestar que el mejor aval del régimen político marroquí y de su sistema judicial fue la presencia de observadores internacionales en el juicio militar que contra el joven y otros 25 compañeros se celebró en 2013, en relación con el desmantelamiento por la Policía y el Ejército en 2011 del campamento de Gdeim Izik.
Y es que como señalaba poco después de la sesión, en conversación con este periódico, el abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado Javier Canivell,“los observadores internacionales no otorgan legalidad ni hacen bueno o malo a ningún sistema sino que, precisamente, lo que indica su presencia es que, como mínimo, hay dudas al respecto. Y después elaboran sus conclusiones, que en este caso fueron unánimes respecto a la ausencia de garantías en todo el proceso”.
Pero las conclusiones de Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el propio Parlamento Europeo no parecen tener la menor relevancia ni para Escobar ni para el Gobierno del PP cuando se trata de preservar en almíbar sus relaciones con Marruecos.
“El derecho al asilo político de Hassanna es innegable”, agrega Canivell tras recordar que el argumento que se dio en la resolución por la que se le denegó esa medida, de que sobre él pesa un proceso judicial en Marruecos, tiene “muy poco sentido, porque eso es lo que sucede en muchísimas solicitudes de asilo, que precisamente están motivadas porque al solicitante se le persigue por razones políticas”.
“Si Hassanna volviera a Marruecos estaría en la cárcel de por vida”, agrega tras señalar que el recurso que CEAR tiene previsto presentar ante la Audiencia Nacional contra la orden que sobre él pesa para que salga de España “sólo está pendiente de que nos sea asignado procurador”.
Señala también Canivell, en referencia a la intervención de hoy del diputado Escobar que “es incierto” que sea una Comisión interministerial la que ha denegado el asilo a Hassanna, ya que “la decisión corresponde al ministro”.
A todos los sirios
Una más entre las piruetas argumentales incluidas en la intervención de hoy de apenas cinco minutos del diputado del PP, en una de las cuales se desentendería del fondo de la cuestión y se saldría por los cerros de Úbeda del “magnífico” sistema de asilo español, argumentando que una de las pruebas del algodón de su bondad es que la totalidad de las solicitudes que el año pasado presentaron los nacionales sirios han sido concedidas. O sea que si, siendo sirio, se cuela alguien de Al Qaeda o del EI, no pasa nada. El problema es cuando se cuela un saharaui a quien se persigue por el mero hecho de reclamar que se cumpla el derecho internacional en un territorio respecto del que España sigue teniendo responsabilidades.
Un asunto, el de las responsabilidades de España, al que tanto el diputado del PNV Emilio Olabarría como el de Convergencia i Unió Feliu Joan Guillaumes se refirieron en sus intervenciones, aunque sin profundizar demasiado en su alcance, no ya histórico, ético o político, sino jurídico.
A la iniciativa de varios partidos Mixto -entre los que estaban los diputados nacionalistas canarios Ana Oramas y Pedro Quevedo-, el PNV y la Izquierda Plural se sumaron también CiU y el PSOE, cuya diputada Angeles Alvarez consideró que el Gobierno debe reconsiderar su negativa a la petición de asilo del activista.
