Primer triunfo contra los recortes a las renovables
El Gobierno canario tiene motivos y base legal suficiente para que prospere el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado en contra de los recortes aplicados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía a partir de cogeneración, renovables y residuos.
El recurso no sólo ha sido ya interpuesto sino que el propio Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado su estudio lo que supone un triunfo inicial dados los estrictos filtros que se imponen desde este ámbito judicial. En el informe elaborado por el Consejo Consultivo de Canarias se avala la decisión del ejecutivo autónomo y se señala que si el objetivo del Decreto ley aprobado el año pasado es reducir el déficit tarifario en Canarias el resultado será precisamente el contrario.
“La propia legislación básica del Estado reconoce las particularidades que este sector presenta en el Archipiélago y las peculiaridades en el contexto de los sistemas insulares y extrapeninsulares por lo que se establece que se debe poner en marcha una reglamentación peculiar que atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial y que sólo se podrá modificar de acuerdo con las comunidades o ciudades autónomas afectadas”, sostiene el informe.
Aunque acto seguido se admite que esta negociación no implica un veto al Estado ya que éste último ostenta las competencias en dicha materia sin embargo, a los gobiernos autónomos se le atribuye un poder “procedimental sustancial”. Y ello es así en la medida en que la omisión de este trámite “sería suficiente para anular la disposición modificadora” y supondría “una frustración sustancial del principio de cooperación y colaboración inherente al Estado autonómico y, por consiguiente, la infracción de la normativa básica estatal.
Se trataría, por lo tanto, de una suerte de derogación singular y un vicio procedimental susceptible de conducir a la inconstitucionalidad de la disposición. Lo que ocurre en este caso, dado que el Gobierno del Estado no ha interesado el acuerdo de esta Comunidad autónoma para dictar el decreto ley“, señala el organismo consultor.
El dictamen elaborado por el Consejo determina que las singularidades del Archipiélago en el mercado de la electricidad, derivadas de su configuración en seis sistemas aislados, tienen una particular incidencia en las energías renovables. Así se ha venido reconociendo en el ámbito constitucional y estatutario y a la vez se refleja en un tratamiento legal específico a partir de la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea (UE) en vigor desde 1997. Los informes jurídicos elaborados determinan que las Islas por su peculiar configuración geográfica, insular y distante recibirán un impacto “diametralmente opuesto al de las demás” con la regulación aprobada.
“La discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad prohibida y en este caso el Estado ha dictado un real decreto en un momento de crisis económica y con el objetivo congruente de reducir el déficit tarifario, dentro del sentido general de la normativa básica de garantizar el suministro eléctrico al menor coste”, se aprecia en el informe. Sin embargo, la legislación se ha dictado “a conciencia de que ese déficit en Canarias no sólo no se iba a reducir sino que se va a incrementar, dados los informes de los más altos organismos que evidenciaban que el coste de las energías renovables era en Canarias inferior a los de la energía convencional”.
Por ello, el Consejo Consultivo estima que sin consultar previamente al Gobierno autónomo, el Estado “ha desoído sus propios informes y ha propiciado una regulación que, en el conjunto del territorio español puede ser idónea pero que produce un perjuicio irreparable en Canarias en cuanto a sus expectativas de desarrollo en un sector tan sensible como es el coste de la energía. Se trata a Canarias igual que al resto de las comunidades autónomas, pero en ese aspecto Canarias no es igual y, si hay que tratar igual a los iguales, se contraviene el principio de igualdad, sin justificación alguna.
Estamos hablando de la exigencia de la intervención del Parlamento de Canarias en el proceso de aprobación del Real Decreto-ley, sin la cual, como asimismo ha advertido ya el Tribunal Constitucional, se produce un vicio formal esencial que genera su invalidez, como aquí acontece“. Aunque el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró hace un año que Canarias quedaba exenta de los recortes previstos para las nuevas empresas de energías renovables que se instalen en España, lo cierto es que la patronal canaria de las Energías Renovables, Ricam, mantiene que las promesas del ministro ”siguen siendo tan sólo eso, promesas lo que, sumado a otras medidas que sí ha tomado ya Soria se están traduciendo en despidos y cierre de empresas“, indica la patronal.
