Punto de inflexión en el 'caso Las Teresitas'
La sentencia de la Audiencia Nacional (AN) dada a conocer este miércoles que anula el tramo del deslinde de Las Teresitas que se sitúa en el fondo de la playa supone un punto de inflexión en la línea que hasta ahora los tribunales han venido manteniendo sobre la delimitación de los terrenos de Costas para este tramo del litoral, uno de los más controvertidos de toda España.
En concreto son ya cinco las sentencias, una de ellas firme, que habían ratificado que un tercio de los terrenos que fueron sucesivamente comprados y vendidos por parte de la Junta de Compensación a Inversiones Las Teresitas (ILT) y de estos al Ayuntamiento eran de titularidad pública y por lo tanto no podían ser objeto de ninguna operación mercantil.
Se calcula que de los 52,4 millones de euros que ILT cobró por parte de la Corporación local en 2001 por las once parcelas del frente de la playa alrededor de 17 millones se dirigieron a la adquisición de estos tres solares, lo que a su vez implica que casi 31.159 metros cuadrados de los 110.000 vendidos eran ya de titularidad pública de Costas. Lo más curioso es que el Ayuntamiento los adquirió para que no se pudiera construir en los mismos tal y como por aquel entonces demandaba la ciudadanía cuando por su carácter demanial nunca hubiese podido albergar construcción alguna.
Precisamente, la fiscal Anticorrupción, María Farnez Martínez en su querella del año 2006 que dio lugar al conocido como caso Las Teresitas llamó la atención sobre el hecho de que el Ayuntamiento no mostrara ningún interés en conocer la situación real de estas parcelas y apuntó la posible comisión de un delito de prevaricación.
Hasta ahora el Tribunal Supremo (TS) había procedido a anular la compra de los terrenos en dos ocasiones, una de las cuales precisamente fue por haberse adquirido suelo propiedad de Costas. Pero además son ya otros cuatro los recursos que había rechazado la Audiencia para que se modificara el deslinde y que habían sido interpuestos por la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), ILT y la Junta de Compensación. Dado el alto nivel de conflictividad que presenta este tramo del litoral Costas optó en 2008 por realizar un estudio geomorfológico que ha presentado siempre como prueba irrefutable ante los tribunales y que apuntan que por un lado, el mamotreto queda fuera del deslinde y por otro que estos terrenos del fondo de la playa sí son de titularidad del organismo estatal.
El embrollo tiene su origen en la construcción de la playa artificial en la década de los años setenta. En aquel entonces el Gobierno central se comprometió a entregarle estos solares al Ayuntamiento cuando acabaran las obras. Sin embargo, nunca se dio este paso formalmente, ya que se incumplieron determinados requisitos.
Aún así las parcelas fueron incorporadas a la Junta de Compensación que luego se las vendió a ILT que a su vez hizo lo propio con el Ayuntamiento, que volvió así a adquirir por el doble lo que antes había vendido por la mitad, pero que en ningún caso podía haber sido objeto de compraventa.
Fuentes jurídicas consultadas este martes señalan que incluso en caso de que una sentencia firme anulara este tramo del deslinde lo cierto es que poco puede afectar a la situación de los imputados en este causa penal como son el actual senador por la Comunidad autónoma, Miguel Zerolo, el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, los empresarios, Antonio Plasencia e Ignacio González y los miembros de la Junta de Compensación ya que cuando se cerró la operación los terrenos pertenecían oficialmente a Costas y se estaba comenzando a diseñar el nuevo deslinde que se aprobó en 2008.
También habría que recordar que las obras no quedaron interrumpidas por este motivo sino por la anulación de la operación de compraventa ya que no se contó con una tasación suscrita o elaborada por el arquitecto municipal. Ante este fallo la Dirección General de Costas optó por no firmar el convenio. El otro punto caliente de esta delimitación es el edificio conocido como mamotreto que hasta ahora en todos lo fallos judiciales ha quedado fuera de dominio público de Costas aunque sí se sitúa en los que son propiedad del Gobierno canario, pero sin contar con su autorización.
La Fiscalía para los Delitos Medioambientales argumentó en este caso que de haberse continuado las obras del edificio hubiesen invadido suelo de Costas. La decisión de paralizar las actuaciones la tomó el Ayuntamiento en el mes de marzo del año 2008 una vez que se pudo constatar que el proyecto para regenerar la playa diseñado por Dominique Perrault era inviable.
