Los sindicatos amenazan con “medidas contuntentes” si el Gobierno canario no incrementa salarios y plantilla
Los sindicatos del sector público han advertido este miércoles al Gobierno canario de medidas contundentes si no aprueba mejoras salariales y el aumento de unos 8.000 empleados, a lo que el Ejecutivo ha contestado que prevé un incremento retributivo en un 1,5% y un 90% de estabilidad para el empleo temporal.
Las discrepancias entre administración y fuerzas sindicales se han materializado este miércoles después de que los representantes de los siete sindicatos integrados en la Mesa General de Empleados Públicos abandonasen la reunión en la que se iba a abordar el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018.
El director general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, expresó ante los medios de comunicación su sorpresa por la actitud de los sindicatos al no querer negociar cuestiones en las que había “margen de maniobra” y asuntos referentes a la organización en materia de personal “en las que queríamos oír su opinión para cerrar el texto definitivo”.
En una comparecencia conjunta ante los periodistas de los representantes sindicales Fernando Escrich, secretario general de Sepca, afirmó que todas las fuerzas han abandonado la Mesa General de Empleados Públicos por entender que el Gobierno regional “ningunea” a los representantes de los trabajadores, que habían pedido recuperar servicios públicos y derechos de los empleados.
José Ramón Barroso, del área pública de CCOO Canarias, aseguró que el Ejecutivo ha presentado un anteproyecto de presupuestos en el que sigue limitando los derechos de los empleados públicos con disposiciones adicionales que no pueden modificar los representantes sindicales, por lo que reclamó volver a la senda de la negociación colectiva.
Luis Piernavieja, coordinador de la Sección de Justicia de Intersindical Canaria, afirmó que el Gobierno quería hoy que los sindicatos diesen el visto bueno “a un paripé” porque en los presupuestos no hay “ni un duro, ni calderilla” para las demandas de los empleados públicos ya que, aseguró, no tiene previsto ni dotar de la ropa que necesitan determinados colectivos laborales.
Los sindicatos dan por rota la paz social ante el comportamiento del Ejecutivo regional, añadió Piernavieja, quien pidió al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, que “de la cara y tenga la decencia de comparecer” ante una situación “grave” del personal público.
Abraham Catalina, delegado de Cobas, criticó la injusticia y desfachatez del Ejecutivo regional “que ha abocado a sus empleados a crear un frente de acción” para defender condiciones laborales y tomar las medidas necesarias que fuercen “a este Gobierno en minoría” a que de una vez por todas mejore las condiciones laborales y que esto revierta en los servicios públicos.
La primera medida de las fuerzas sindicales será la de pedir una reunión con cada grupo parlamentario “para crear conciencia” y al respecto Leopoldo Cejas, del FSES, criticó el que no se puede continuar con el índice de eventualidad y sustituciones actuales, y aseguró que el incremento de la jornada laboral no ha mejorado los servicios sino todo lo contrario, pues ha producido “sobrecarga y trabajo en condiciones lamentables”.
Capitulo 1, “paralizado”
Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT Canarias, recordó que el Gobierno regional ha hablado de presupuestos expansivos con un aumento de un 2,6%, unos 600 millones de euros más para 2018, y sin embargo el capítulo 1, de personal, está “paralizado”.
“El Gobierno nos miente sistemáticamente y vamos a tomar medidas contundentes que a lo mejor no le gustan”, señaló Bautista, mientras que Javier Galván, presidente del sector autonómico del CSIF, dijo que el Ejecutivo se ha amparado en la crisis para reducir empleos públicos pero aumenta el personal de confianza.
Por su parte el director general de Función Pública, Francisco Rodríguez, dijo que quería oír la opinión de los sindicatos porque previsiblemente el Consejo de Gobierno de Canarias aprobará el lunes el anteproyecto de ley de presupuestos para remitirlo al Parlamento.
En el texto se prevé un incremento retributivo del 1,5 por ciento e incorporar el máximo de la tasa de reposición de empleo público que en su momento fije la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, además de una tasa adicional de hasta el 90 por ciento para estabilizar el empleo temporal en la Comunidad Autónoma.
También el Gobierno quería negociar con los sindicatos ayudas de acción social como el plan de pensiones, exenciones y bonificaciones tributarias en las tasas de acceso al empleo público, una modificación de la ley de modificación de la Agencia Tributaria canaria para mayor especialización del personal en materia de gestión, liquidación y recaudación tributaria y una reforma de la ley de la Policía Canaria para agilizar la gestión de recursos humanos.
El director general lamentó que los sindicatos no han permitido siquiera iniciar el orden del día y se han levantado de la mesa al entender que el Gobierno les ha convocado para otra finalidad diferente a la que pretendían ellos, y Francisco Rodríguez indicó que la propuesta sindical de mejora de condiciones de los empleados públicos “a día de hoy no me consta que se haya presentado”.
“No se puede negociar aquello que se desconoce”, argumentó el director general, quien apuntó que muchas de las cuestiones que plantean los sindicatos “han sido tratadas a iniciativa del Gobierno” que además este año ha adoptado medidas referentes a la jornada laboral, conciliación familiar, permisos y licencias y estabilización del empleo temporal.
El Gobierno “no ha negado, porque es innegable, que hay un déficit de recursos humanos” que se deriva de la limitación estatal para incorporar nuevos empleados públicos, advirtió el director general, quien señaló que se mantendrán todas las medidas previstas en el anteproyecto de ley de presupuestos porque debe seguir su tramitación, lo que no significa “que estemos cerrados” a oír iniciativas sindicales incluso cuando la norma esté en tramitación parlamentaria.
