Tenerife tiene 672 viviendas en la lista negra de Costas
La isla de Tenerife encabeza la lista negra de edificaciones afectadas por la Ley de Costas, tal y como está redactada en la actualidad. En concreto, son 672 las viviendas repartidas en 23 núcleos que pueden ser algún día objeto de demolición. En total, en Canarias se localizan 71 poblados en los que se ubican 1.842 casas que por lo pronto han sido incluidas en situación de fuera de ordenación.
El Parlamento autónomo organizó el viernes una mesa redonda sobre la modificación de esta Ley en la que participaron los senadores Luz Marina Socas del Centro Canario Nacionalista (CCN), María del Haro del Partido Popular (PP), Narvay Quintero de Coalición Canaria (CC) y el representante del Partido Nacionalista Canario (PNC), Juan Jesús Ayala. También estuvieron presentes el diputado regional, Julio Cruz del Partido Socialista Canario-PSOE y el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa.
Durante el debate se explicaron los puntos principales de la modificación legislativa que básicamente busca reducir a 20 metros de anchura la zona de servidumbre en aquellos núcleos que, o bien contaban con los servicios públicos de agua, alcantarillado, luz, aceras y acceso rodado antes de la entrada en vigor de la Ley en 1988 o al menos en ese momento se había construido ya un tercio de su actual superficie.
Estos extremos resultan las auténticas novedades en cuanto que hasta ahora se debían cumplir con los dos requisitos para que los poblados fuesen considerados urbanos y la zona de servidumbre se redujera de 100 a 20 metros, mientras que ahora basta con uno sólo. Una vez que la Ley sea reformada se dará un plazo de tres meses a los ayuntamientos y al ejecutivo autónomo para que inicien los trámites con el fin de demostrar que los poblados tenían esta calificación, mientras que el Estado dispondrá de un año y medio para dar su respuesta final. En cualquier caso el silencio administrativo será interpretado como positivo para los vecinos.
Langa apuntó que Canarias es la región de toda España que se ve más afectada por la legislación en su actual enunciado y criticó sobre todo los efectos retroactivos y expropiatorios que se incluyeron en su momento. A partir de aquí poblados repartidos por todo el Archipiélago han tenido que emprender largas y costosas batallas en los tribunales para conseguir salvarse de los rigores de esta legislación, pero con desigual suerte. Prácticamente todos los presentes en la mesa criticaron la dejadez del Gobierno canario a la hora de cumplir con el compromiso de elaborar un censo de las edificaciones afectadas y reflejar su situación específica. Este compromiso fue adoptado en 2009 a través de la conocida como Ley canaria de Costas que ha acabado en el Tribunal Constitucional (TC) y sobre cuya entrada en vigor nadie alberga ya demasiadas esperanzas.
Socas recordó los problemas sociales y económicos a los que ha dado lugar la Ley en puntos como Cho Vito, Agache o Igueste, todos ellos en Tenerife, pese a que en algunos casos había constancia de que las viviendas tenían más de un siglo de antigüedad. Considera la senadora que el Archipiélago ha sido el territorio más afectado en cuanto que las islas disponen de 7.000 kilómetros lineales de litoral. Quintero coincidió en que la Ley de 1988 es “injusta y arbitraria” ya que no respeta “los usos y costumbres de una tierra singular como es Canarias”. Lamentó que a las islas no se le dé un trato singular y particularizado como se hará con Formentera. El senador del PNC estima que la Ley ha supuesto “una expropiación forzosa a largo plazo y sin derecho a indemnización” mientras que la representante del PP explicó de forma pormenorizada los cambios que se están tramitando.
Sólo el diputado del PSOE criticó abiertamente la reforma legislativa dado que bajo su punto de vista, pese a que la norma actualmente en vigor ha creado numerosos problemas, la nueva “únicamente tiene fines recaudatorios y pone a la venta” ámbitos concretos del litoral a través de las concesiones que se amplían de 30 a 75 años. Además, recordó que será muy difícil salvar los núcleos sobre los que ya ha una sentencia firme y desfavorable del Supremo.
Para estos casos los participantes en la mesa pidieron la aplicación de una moratoria y que se les ofrezca una vivienda alternativa a sus residentes. Langa pidió que no se mirara hacia atrás sino que todas las fuerzas políticas hagan un frente común para sacar adelante el nuevo texto. Dijo que a partir del próximo 24 de abril iba a entrevistarse con todos los alcaldes de los 88 municipios canarios con el fin de pedirles su cooperación en la aplicación de esta ley dado que a las corporaciones locales se les da un papel principal a la hora de certificar el carácter urbano de cada uno de los núcleos. Desde el público participó la diputada regional y concejal de Santa Cruz, Cristina Tavío, quien dijo que el tiempo le ha dado la razón cuando en su momento anunció que la nueva ley iba a otorgarle un trato especial a Canarias.
