Torres anuncia que el Consejo de Ministros aprobará este viernes los 8,5 millones para producir agua desalada en Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará en su sesión de este viernes, la transferencia de 8,5 millones de euros correspondientes al periodo 2018-2019 para la producción de agua desalada destinada al consumo doméstico en el archipiélago.

“El Consejo de Ministros va a aprobar el Real Decreto que habilitará los 8,5 millones para el tratamiento del agua desalada”, ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación de Lanzarote, donde ha asistido a la presentación de 20 coches eléctricos.

Torres recordó que se trata de una ayuda al consumo que tienen los canarios del agua. “Es una feliz noticia --continuó-- porque llegarán esos fondos de manera inmediata a la Consejería de Transición Ecológica y, a su vez, eso aliviará el coste de la factura de todas las familias que reciben agua desalada”.

Al respecto, el presidente regional hizo especial hincapié en que esta subvención del Gobierno de España es un derecho de los isleños porque el agua en Canarias “es mucho más cara”.

Asimismo, explicó que esta situación afecta no solo a los ciudadanos, sino a la industria y al turismo de las islas donde están ubicadas esas plantas desaladoras, como son Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro.

Por su parte, la nueva convocatoria de estos apoyos públicos había sufrido un retraso debido a la prórroga de los presupuestos estatales de 2018 y a la reestructuración ministerial, lo que obligó a traspasar la competencia en tal materia desde el Ministerio de Industria hasta el de Transición Ecológica.

Las ayudas a la producción del agua desalada en potabilizadoras de Canarias es un derecho que está recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Si hubiera que repercutir en el precio final del agua potable en Canarias el coste de la desalación, este sería significativamente mayor, por lo que los ciudadanos de las islas tendrían que pagar mucho más por ese servicio básico que lo que hace un ciudadano peninsular.