El TSJC avala el último intento de Miguel Zerolo de aprobar el Plan General
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado el resultado de la votación plenaria llevada a cabo en el mes de marzo de 2011 por medio del cual se aprobó de forma provisional el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz. Aquel fue el último intento del entonces alcalde, Miguel Zerolo de sacar adelante el planeamiento aunque fuera contrareloj antes de las elecciones que se iban a celebrar poco después.
También era la tercera ocasión en la que el PGO era remitido a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para recibir su visto bueno definitivo. En realidad, el documento fue devuelto algún tiempo después al Ayuntamiento cuando la nueva mayoría integrada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario-PSOE optaron por redactar un nuevo Plan.
La Plataforma en contra del PGO denunció en aquel entonces que cuatro concejales no podían participar en la votación al tener intereses directos en el planeamiento. Estos era Manuel Parejo y Luz Reverón, Ignacio González y Sheila Trujillo. El TSJC considera que debe prevalecer el derecho de los ediles a la participación política y tiene en cuenta la imposibilidad de haber llevado a cabo una sustitución de los mismos.
En cuanto a Parejo y Reverón la Plataforma los acusaba de intentar legalizar el edificio conocido como mamotreto situado en la playa de Las Teresitas por cuya construcción se encontraban ya en aquel momento formalmente acusados dentro de la causa penal, juicio se celebra por estos días. Parejo y Reverón negaron que el PGO que se debatía en aquel momento intentara evitar la demolición del inmueble que iba a estar destinado a aparcamientos y centro comercial. El TSJC les da la razón al considerar que no quedó demostrada la acusación de la que fueron objeto por parte de la Plataforma. No obstante, los magistrados admiten que aunque la alteración del planeamiento no afecta a la causa penal, estos cambios sí podrían ser relevantes. Y ello es así en cuanto que la legislación permite ordenar la demolición de cualquier obra que sea ilegal y la reposición de la realidad física alterada a cargo de sus autores.
Con respecto al concejal del Centro Canario Nacionalista (CCN), Ignacio González, se puso en conocimiento de la justicia su parentesco con los integrantes de la empresa Desarrollos Urbanos CIC (Desurcic) ya que su hermano, Pedro González, es director de la entidad que intenta urbanizar los terrenos en la trasera de Las Teresitas. La Plataforma defendía que el nuevo PGO pretendía cambiar el proyecto de urbanización ya aprobado y la normativa urbanística de aplicación de manera que se querían legalizar las obras.
Poco después lo cierto es que la Gerencia de Urbanismo paralizó los trabajos por su presunta ilegalidad y así se han mantenido durante los últimos dos años. El TSJC, sin embargo, consideró entonces que no se demostraron los cambios producidos en la ordenación y los supuestos beneficios aportados. Con respecto a la concejal del Partido Popular (PP), Sheila Trujillo la Plataforma denunció que el PGO favorecía “arbitrariamente” a su madre y abuelo con la reclasificación del suelo de urbanizable sectorizado ordenado a urbano no consolidado. En este extremo se apunta que la última palabra en cuanto a la legalidad o no de la modificación corresponde a la Cotmac y no quedó demostrada la intervención de los familiares de la concejal en este cambio de calificación urbanística.
En cuanto a la denuncia de que se carecía del preceptivo informe del Secretario del Pleno, el TSJC mantiene que no se incumplió el trámite aunque dada las prisas que tenía Zerolo por aprobar el Plan el dictamen se limitó a aspectos muy concretos, sin posibilidad de llevar a cabo un examen más detallado. Además, la jurisprudencia apunta a que saltarse este paso no es causa de nulidad sino que se trata de un vicio en el procedimiento.
Parecida respuesta se dio a las denuncias de que el Plan estaba caducado y a la falta de una Memoria Ambiental. El anuncio de la presentación de esta denuncia por parte de los abogados de la Plataforma, Felipe Campos y Antonio Espinosa fue respondida por Zerolo con la interposición de otra querella por supuestamente intentar los letrados coaccionar el derecho de los concejales a participar en la vida política. Sin embargo, esta última acción judicial apenas tuvo recorrido ya que fue archivada de forma casi automática una vez que el exalcalde y algunos de sus entonces concejales la presentaron en el juzgado de guardia.
