Aforados canarios: solo quedará uno

Durante la Transición se consideró que había que proteger a los nuevos cargos públicos democráticos, jueces y fiscales que representaban los tres pilares del futuro Estado de Derecho. Para ello, se pensó en el aforamiento a fin de que, en caso de ser imputados por un delito, fuesen juzgados por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal.

En aquellos días, se consideraba que un tribunal superior era más independiente ante todo tipo de presiones políticas que un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad.

Un resquicio del derecho procesal antiguo que en su momento pretendía proteger la libertad de expresión de quienes defendían lo público pero que actualmente los propios jueces cuestionan.

El profesor Joan Vintró, responsable del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, afirmó recientemente que “hay que remontarse a los orígenes del Estado liberal, en un momento de transición de los estados o monarquías no constitucionales a estados o monarquías constitucionales”. “Se querían evitar las intromisiones del poder legislativo al judicial, y con una medida así se pretendía proteger la actuación y expresión de las cámaras”, insistía.

Intromisiones e injerencias

José Luis González Armengol, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria y juez decano de Madrid, señalaba hace un año que es sólo en casos de “manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones durante la ostentación del cargo” debe mantenerse este privilegio, pero no para los delitos comunes.

“En esos casos, sería partidario de la aplicación de la norma procesal común como a cualquier otro ciudadano normal y corriente”, argumentaba en febrero de 2013.

Lo cierto es que, en base al derecho antiguo, la Constitución protegió al presidente del Gobierno, sus ministros y los diputados del Congreso. La posterior Ley Orgánica del Poder Judicial hizo lo propio con los miembros del Consejo de Estado, jueces, fiscales, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, y los integrantes del Consejo General del Poder Judicial.

A medida que la democracia avanzaba, los distintos estatutos de autonomía blindaron a sus diputados regionales y demás cargos institucionales, en copia casi exacta a lo que sucedía a nivel nacional.

Eso sin contar los regímenes especiales que protegen a los altos mandos militares y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

En el caso de Canarias, los artículos 9 y 10 del Estatuto de Autonomía aforan al presidente del Gobierno, a todos sus consejeros (sean o no diputados) y a las 60 personas que se sientan en los escaños del Parlamento regional.

A ellos hay que sumar los 15 representantes en la Carrera de San Jerónimo, los 14 senadores, los dos eurodiputados y, gracias a la Ley de 2001, el Diputado del Común.

El resto, y la mayoría de aforados, se reparte entre los 255 jueces y magistrados y los 119 fiscales.

Este debate centra el foco en los políticos, pero se ha obviado ante la opinión pública si es conveniente el aforamiento del Poder Judicial.

Álvaro Martín, de la Asociación Profesional de la Magistratura, cree que sí está justificado y ve comprensible establecer un proceso diferente para evitar que a un magistrado del Supremo le acabe enjuiciando un órgano inferior ante el cual eventualmente se dé una revisión que vaya al tribunal en el que este magistrado desempeña su trabajo.

“Es decir, hay una razón de índole técnica que en el caso de los políticos, en cambio, parece excesiva en algunos supuestos”, explica.

Lo que parece claro es que el aforamiento es una excepción al régimen general que afecta a cualquier ciudadano y, por tanto, cualquier desigualdad de trato debe estar justificada y ser proporcionada.

Solo quedará uno

Casi 40 años después, la politización de la cúpula judicial, los sempiternos y cada vez más graves casos de corrupción política, la desafección ciudadana hacia políticos, jueces y fiscales, la sensación de que la Justicia es más igual para unos que para otros, ha llevado a las fuerzas políticas a plantear acabar con los más de 10.000 aforados que existen en toda España.

Y es que los aforados son juzgados en el Tribunal Superior de Justicia y en el Tribunal Supremo, los que han recibido más críticas, precisamente, por estar politizados.

Si prospera la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para acabar con esta figura protectora, sucederá como rezaba el slogan de la película Los Inmortales: solo quedará un aforado en Canarias, y será su presidente del Gobierno.

Y por lo que refiere al resto de España, 22, a los que se sumarán los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y algunos miembros de la Casa Real.

Y es que paradójicamente, y contra lo comúnmente extendido en la opinión pública, no es la clase política (o casta, según la versión de Podemos) la que mayor número de personas aforadas tiene. De los 17.621 aforados, solo el 20% son cargos políticos, una ratio que se cumple de forma similar en Canarias.

Según los críticos el aforamiento supone un privilegio, ya que las personas sujetas al mismo no son juzgados por idénticos tribunales que un ciudadano común.

Por contra, sus defensores recuerdan que los aforados, al ser juzgados directamente por un tribunal superior, pierden el derecho que tienen todos los ciudadanos a recurrir ante un tribunal superior en caso de que el veredicto del juzgado de primera instancia le haya sido desfavorable.

Los detractores del aforamiento esgrimen el derecho comparado para recordar que ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados.

O que en Portugal e Italia no existe más aforado que el presidente de la República y en Francia, sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.

Antigualla sin sentido

Pero antes de que el ministro Gallardón pusiera de moda este debate, en las Islas hubo un político que arremetió contra el aforamiento y propuso su desaparición.

Fue en 2011 cuando el ex dirigente socialista Santiago Pérez, que concurría a las elecciones locales y autonómicas como miembro de Socialistas Por Tenerife, arremetió contra los partidos cuyas listas están “cargadas” de imputados que se van a aforar una vez sean diputados regionales, señalando que el aforamiento “no es un derecho sino una prerrogativa” del Parlamento.

Pérez abogó en aquella rueda de prensa del mes de abril de 2011 por “echar abajo” la figura del aforado para así terminar con una “antigualla sin sentido” y que, en su opinión, tenía un “refinamiento” en el entonces alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo.

El ex dirigente socialista, auténtico martillo de guerra de Zerolo, insistía en que el exalcalde quería ser senador para que el cargo le protegiera en el Tribunal Supremo y así “complicar más si cabe la resolución del caso de corrupción más grave de Tenerife, el de Las Teresitas”.

Precisamente, Zerolo es el único aforado canario imputado en estos momentos y, si estuviera vigente la reforma de Gallardón que apoya la nueva cúpula federal del PSOE, estaría siendo juzgado por un tribunal ordinario y con jurado popular.

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