¡Alto! Propiedad del ejército
Tras la caída de la dictadura franquista las relaciones de la sociedad civil con el Ejército cambiaron drásticamente. Los militares dejaron de ser observados y tratados como si fueran una élite y pasaron a ocupar un lugar poco más que simbólico. Durante la época de la dictadura el Ejército logró hacerse con una serie de propiedades a lo largo de toda España, incluida Tenerife. Las principales serían los terrenos de Hoya Fría, hoy perdidos por un error imperdonable, la parcela de Las Teresitas, también en manos ajenas sin recibir un duro a cambio y una serie de viviendas o edificios. Entre éstos últimos está la Capitanía General en la plaza de Weyler o el cuartel de Almeyda y el del Cristo. Curiosamente, todas ellas en el área metropolitana y sobre todo en La Laguna. Aparte hay otras propiedades como las instalaciones de La Cuesta o en Las Raíces.
Durante los últimos tiempos existe una presión popular para que el Ejército devuelva algunas de sus posesiones. Por ejemplo, los vecinos de El Toscal reivindican desde hace años que el cuartel de Almeyda sea devuelto al barrio para darle uso cultural y vecinal. En cuanto al cuartel del Cristo, el proyecto pasa por construir unas viviendas para militares en una parte de la parcela y devolver el resto al Ayuntamiento que a su vez se la entregaría a la Universidad. La idea es ubicar en este punto la Facultad de Educación.
Sin embargo, los desencuentros con el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, han sido constantes. Cuando estaba a punto de cerrar la cesión del Cuartel del Cristo súbitamente cambió su propuesta que no fue aceptada por los militares. También se ha posicionado en contra de que todos los destacamentos militares se centren en los alrededores de Los Rodeos. El alcalde cuestiona la compra de un millón y medio de metros cuadrados de suelo que según argumenta, tiene un importante uso agrícola.
Lo cierto es que el Ministerio de Defensa tiene previsto que a medio plazo todas las unidades militares de la Isla de Tenerife se ubiquen en lo que será la base del aeropuerto. Una vieja aspiración en la que se viene trabajando desde finales de la década de los años ochenta. El cambio de ubicación viene propiciado por un lado por el hecho de que más tarde o más temprano tendrá que abandonar Hoya Fría, máxime tras la sentencia en contra del Tribunal Supremo que les privó de su propiedad. Y es que sobre todo, lo que busca Defensa es ahorrar costes. En la última época socialista el Estado se desprendió de varias propiedades a lo largo de toda España, con este fin.
Conviene recordar que en la actualidad están acantonados en Los Rodeos el Regimiento Mixto de Artillería número 93 y el Batallón de Helicópteros de Maniobras de Canarias (Bhelma VI), así como la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, Defensa cuenta con el que fue el antiguo cuartel de Las Raíces y que albergó primeramente la Instrucción Premilitar Superior (IPS), posteriormente la Instrucción Militar de la Escala de Complemento (IMEC), además de durante un tiempo al Regimiento de Infantería Tenerife número 49. Una vez que estuviese finalizada la base militar se trasladarían hasta allí todas las unidades concentradas en Hoya Fría, más el Batallón de Ingenieros, la Agrupación Logística número 81 y Parques y Talleres y Automóviles, todos en la actualidad con sede en La Cuesta.
Sin embargo, tanto Clavijo, como el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), se han opuesto a la nueva base, argumentando que la ubicación de estas unidades acabaría con la mejor zona agrícola de Aguere y amenazando con no conceder la preceptiva licencia de obras o bien cambiando el Plan General de Ordenación (PGO), principal arma que tiene en su mano el Ayuntamiento.
El Ejército intenta hacer entrar en razón a la Corporación local poniéndole ejemplos como las bases americanas, Torrejón de Ardoz, Zaragoza o Morón, que albergan una población de miles de habitantes y se convierten en auténticas ciudades con todos los servicios y numerosos puestos de trabajo. El Ejército también cuestiona el uso agrícola del suelo que van a adquirir y más bien consideran que sus propietarios estarían encantados de poder venderlo a buen precio.
El problema de Hoya Fría
El caso del acuartelamiento de Hoya Fría ha sido uno de los que con mayor frecuencia ha salido en los medios de comunicación. Y no es para menos. La historia que se esconde detrás de estas instalaciones daría para rodar una película. El final todavía no se ha escrito porque justo este año, 2015, es la fecha límite del arrendamiento de los terrenos por sus dueños, la familia Rodríguez López. Lo más probable es que se prorrogue el contrato dado lo complicado y aparatoso que significaría un traslado.
Estamos hablando de un terreno de 470.000 metros cuadrados que fue cedido por su propietario, el naviero Álvaro Rodríguez López, al Ejército de Franco por medio de un contrato firmado el 5 de marzo de 1937. En el contrato se incluyó la cláusula de que el destino de esta tierra debía ser exclusivamente militar. Por lo tanto quedaba descartado su uso residencial o su venta u obtener algún tipo de beneficio económico. La escritura de donación del terreno otorgada por Rodríguez López establecía que, a cambio de 22.188 pesetas, 133,35 euros, se entregaba la parcela “para ser destinada por el donatario a los fines y servicios del Estado, caso del campamento y campo de instrucción y de tiro.
En realidad, la génesis de la donación no se basaba más que en un particular salvoconducto para que el republicano Rubens Marichal López, sobrino del propietario, lograra esquivar una larga estancia en la cárcel flotante de Fyffes. Rubens Marichal fue acusado de participar en el intento de asesinato de Franco necesario para abortar el alzamiento algo que, finalmente, utilizaría el caudillo para hacerse con los terrenos que el tío de Marichal tenía en la zona de Hoya Fría a cambio de su puesta en libertad.
El 9 de mayo de 1997 el Ministerio de Defensa tomó la determinación de desafectar y vender una parcela 174.000 metros cuadrados por 1,4 millones a la conocida como Cooperativa de Viviendas Hespérides. Con esta decisión había incumplido el contrato firmado en su día. Los antiguos propietarios acudieron a los tribunales y en segunda instancia, en el año 2007, le dieron la razón. El Ejército tenía que desalojar los terrenos. Finalmente, en 2010 se buscó una salida intermedia y el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, firmó el arrendamiento hasta el año 2015. En el PGO de Santa Cruz estos terrenos están dedicados a uso residencial y también se contempla la conocida como Ciudad Sanitaria que estaría compuesta por un enorme complejo hospitalario.
La sentencia considera que Defensa infringió el modo en el que se estableció la donación para hacerse con los terrenos que el propietario original tenía en la zona de Hoya Fría a cambio de la puesta en libertad de su sobrino. Nada más emitirse la sentencia, la familia movió sus fichas para que el Ministerio de Defensa y los promotores de las viviendas que se construyeron en la parcela de Los Moriscos desalojaran los terrenos.
Precisamente, estos últimos han sido los que salieron peor parados de la historia. Nada más conocerse la sentencia del Supremo, la familia Rodríguez López consideró que no estaban autorizados para permanecer en estos terrenos. Finalmente, tuvieron que pagar 8,1 millones a los nuevos propietarios, lo que supuso un coste adicional para cada vecino de 70.556 euros. La cooperativa acudió a los tribunales exigiendo que Defensa les restituyera los 6,7 millones de diferencia pero fue inútil. El Estado sólo se avino a abonar los 1,4 millones que en su momento habían recibido por la parcela. La sentencia que da la razón al Ejército acaba de emitirse y es firme.
El Polvorín de Geneto
Existen otros roces puntuales. Por ejemplo, el polvorín de Geneto ha sido origen de conflicto con Defensa por parte de los vecinos que viven en los alrededores y del Ayuntamiento de Santa Cruz y La Laguna. Y es que al menos seis barrios de ambos municipios están incluidos en la Zona de Seguridad que prohíbe, no sólo la construcción de viviendas sino incluso que se resida en algunas de las ya existentes ante el riesgo de que se produzca una explosión. En concreto, Taco, Sobradillo, Geneto, El Cardonal, Tíncer o Barranco Grande están incluidas dentro de este área de protección delimitada por el Ministerio de Defensa en el año 1982.
Mientras que La Laguna ha cumplido siempre con las restricciones en el caso de Santa Cruz se han producido algunos enfrentamientos entre el Estado y el Ayuntamiento. Así hace dos años el Supremo emitió una sentencia prohibiendo la construcción de una serie de viviendas en este entorno que habían contado con el visto bueno de la Corporación local de Santa Cruz. En su momento, el Ejército llegó a abrirle un expediente al Ayuntamiento chicharrero por haber otorgado licencias de construcción. Los tribunales indicaron que las normas militares están por encima del PGO. En los años 60 se llegó a evacuar a la población ante el peligro de una explosión que por suerte no se produjo.
El contencioso de Las Teresitas
Pero hay más ejemplos de la difícil convivencia entre el Ejército y las instituciones tinerfeñas. Ahí tenemos el caso de la parcela militar situada en la playa de Las Teresitas y que como todo lo que tiene que ver con este entorno ha acabado en los tribunales y sin aparente solución inmediata. La parcela fue vendida por la Junta de Compensación a Inversiones Las Teresitas (ILT) en el año 1998 y por estos al Ayuntamiento de Santa Cruz en 2001. Sin embargo, los militares jamás recibieron cantidad alguna por estas operaciones.
A partir de entonces intentaron llegar a un acuerdo y pedían 880.000 euros por los terrenos. La Gerencia de Urbanismo nunca llegó a aceptar la propuesta. En el año 2006 las viviendas e instalaciones fueron desalojadas y derribadas dentro de los trabajos para construir el proyecto de Perrault para la playa. De hecho, en la parcela militar estaba previsto construir un llamativo hotel surgido de la mente de este arquitecto francés del que se elaboraron varios bocetos. Sin embargo, en la actualidad lo que se puede observar es poco más que escombros. Al anular el Supremo en el año 2007 la compraventa de los terrenos se tuvieron que parar los trabajos poco después.
El Ejército acudió a los tribunales y en primera instancia en el año 2011 el Juzgado de lo Contencioso le dio la razón y obligó al Ayuntamiento a abonarle cerca de 24 millones de euros. La sentencia consideraba que se había incurrido en “privación ilegal” de la propiedad. Sin embargo, cuando el contencioso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), las tornas se cambiaron y se rechazaron las pretensiones del Ejército. El fallo venía a decir que las reclamaciones tenían que dirigirse a la Junta de Compensación y no al Ayuntamiento, aunque en estos momentos son prácticamente lo mismo.
La conocida como batería militar de San Andrés es una parcela de 19.000 metros cuadrados. La totalidad del ámbito fue agrupado como una única finca cuya propiedad se la atribuyó a la Junta de Compensación. Sin embargo, nunca se ha podido encontrar una escritura que demuestre que los terrenos habían sido propiedad municipal ni que fueron aportados a la Junta de Compensación. Uno de los argumentos utilizados por el exalcalde, Miguel Zerolo, para justificar el precio abonado por los terrenos, muy superior al real, fue que tan sólo con la venta de esta parcela a una cadena hotelera se compensaría el desembolso inicial. Pero lo cierto es que al final de todo este megaproyecto sólo quedan escombros y obras a medio hacer.
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