Sistema electoral canario: 20 años de déficit democrático

El próximo mes de diciembre se cumplirán 20 años del vigente Estatuto de Autonomía, el que modificó el sistema electoral que ha imperado en Canarias durante cinco legislaturas. Una polémica fórmula de acceso al Parlamento considerada por no pocas formaciones políticas como profundamente antidemocrática y cuya última víctima ha sido Ciudadanos (C’s), que se quedó sin representación parlamentaria pese a haber cosechado más de 50.000 votos, diez veces más que las papeletas gracias a las cuales se sientan tres diputados de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Grupo Mixto.

Que C’s se quedara sin escaños por unas pocas centésimas no fue la única gracieta perpetrada en mayo por el peculiar sistema electoral canario, ya que Coalición Canaria (CC), el partido que resultó como tercero en número de votos, es el que más diputados tiene (18) mientras que un ganador PSOE, con 18.000 papeletas más, solo tiene 15. Esas matemáticas han permitido que el nacionalista Fernando Clavijo sea el presidente del Gobierno y que la socialista Patricia Hernández se quede con el premio de consolación de ser la número dos del gabinete.

Y esto es así porque el Estatuto de Autonomía sancionado por el Rey en 1996 refuerza que una minoría poblacional del 17% pueda elegir la mitad del Parlamento, que se deba superar el 30% de los votos válidos emitidos en una isla para tener derecho a que se asignen diputados a un partido y que una circunscripción con menos habitantes que otra, disponga, sin embargo, de un diputado más.

Eso es lo que perpetra la triple paridad (Tenerife y Gran Canaria tienen los mismos diputados, juntas suman lo mismo que el resto de las islas y ninguna provincia tiene más escaños que la otra), aliñada con las abusivas barreras electorales, tan altas que son únicas no solo en España, sino en toda Europa, pues en otras comunidades autónomas oscilan entre el 3 y el 5%. Barreras que, para acceder a ayuntamientos y cabildos son del 5%, mientras que para poder optar a un escaño en el Congreso de los Diputados se fija en el 3% de los votos.

No es de extrañar, por tanto, que tras la matemática de los resultados electorales del pasado mes de mayo, enmarcados en unos comicios caracterizados por el descontento ciudadano apoyando a las fuerzas emergentes, multitudinarias protestas ciudadanas recorrieran las calles de las dos capitales canarias tras el llamamiento del foro cívico Demócratas por el Cambio. Protestas que contaron entre sus filas a destacados dirigentes de formaciones como el PP, Podemos, Nueva Canarias (NC), C’s, UPyD, IU Canaria o Unidos por Gran Canaria.

El puesto 64 de 65

Y no era para menos, ya que en esas elecciones, como en ninguna otra de las últimas décadas, la ciudadanía visualizó tan claramente lo que denunciaba Demócratas por el Cambio: “El sistema electoral canario es, con diferencia, el menos proporcional, más restrictivo y de mayor desigualdad de valor de voto de cuantos están vigentes en España. Entre 65 sistemas electorales estudiados por el joven graduado en Derecho y Ciencias Políticas madrileño Carlos Fernández Esquer, Canarias ocupa el puesto 64, el segundo peor en calidad democrática, sólo empeorado por Tanzania”.

La distorsión del vigente sistema sobre la representatividad de las minorías y de las mayorías provocó que 147.000 votos provenientes de Tenerife y Gran Canaria (el 16%) fueran desechados o tirados a la basura por las barreras electorales.

Todos esos datos han contribuido a que la campaña de Demócratas para el Cambio denominada El voto de cada canario no cuenta igual, abierta en la plataforma change.org, lleve recabadas 27.808 firmas a favor de la reforma electoral, aunque aún faltan 7.192 fara alcanzar las 35.000 necesarias para remitir la petición al Consejo Europeo.

Pero no solo la sociedad pide la reforma, pues la primera iniciativa de la IX Legislatura se presentó incluso antes de que Fernando Clavijo se sometiera a la investidura como presidente del Gobierno y su fin fue crear una comisión de estudio que aborde la reforma del vigente sistema electoral. Una propuesta avalada por los 24 diputados de PP, Podemos, y NC y ASG, que suman 395.000 electores, 54.000 más que los dos partidos que cogobiernan Canarias, otra de las muchas esperpénticas consecuencias de la ley.

Se reabre el debate parlamentario

Y, precisamente, CC y PSOE han registrado el 11 de enero una iniciativa para crear una comisión que se limite a debatir la propuesta ya incluida en la reforma del Estatuto, como avanzó en julio el portavoz de los nacionalistas, José Miguel Ruano, tras el anuncio de la oposición de abrir el debate a fondo sobre la necesaria modificación electoral.

Una maniobra que se produjo solo cuatro días después de que el líder de NC, Román Rodríguez, anunciara su intención de reactivar el estudio de la reforma electoral en el Parlamento para que CC y PSOE clarificaran “de una vez” su disposición a aborda una “demanda social y política” de la sociedad.

La propuesta estatutaria, que nacionalistas y socialistas aprobaron en solitario a finales de la pasada legislatura, reduce a la mitad las actuales barreras electorales, admite una circunscripción regional de 10 diputados y que una isla más poblada que otra no tenga menos diputados, como sucede ahora con Fuerteventura y La Palma, lo que es claramente insuficiente para Podemos y NC, los dos partidos que ya han denunciado la maniobra de los grupos del Pacto para descafeinar la iniciativa.

Juan Márquez, presidente del grupo parlamentario de la fuerza morada, ha acusado a CC y PSOE de querer “abrir un falso debate, limitado por intereses partidistas” frente al “debate abierto, acompañado de una ponencia de expertos, que estudie y valore el déficit democrático del actual sistema, y que proponga soluciones viables” que defiende la oposición.

Desde el Partido Socialista Canario-PSOE hasta la Agrupación Herreña de Independientes (AHI), no han sido pocos los intentos de conseguir en estos últimos años modificar esta especial seña de identidad ultraperiférica diseñada por la propia Coalición Canaria (CC) en sus convulsos inicios de finales del pasado siglo. Un sistema tendente a castigar sin escaño a los partidos insulares que preferían quedarse fuera del proyecto en vez de abrazar a la cuna del moderno nacionalismo canario, permitido por el PP de José Miguel Bravo de Laguna, que se contemplaba como el sempiterno socio de gobierno.

Un sistema que le funcionó, con más o menos fortuna, a los conservadores hasta 2011 para acceder al Gobierno, mientras que a CC todavía no se le ha estropeado el invento.

Lustros de fracasos

Durante lustros el PSOE ha luchado, sin éxito, para cambiar este adefesio democrático. La presidenta del PSC y del Grupo Parlamentario Socialista en la VIII Legislatura, Dolores Padrón, ya lo dijo en el primer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad celebrado en 2012: “Ésta debe ser la Legislatura en la que se apruebe una Ley electoral regional”, pues así lo recogía el documento del Pacto de Gobierno.

Palabras que se parecen bastante a las que ahora dice Márquez: “La reforma del sistema electoral canario es una demanda troncal de la presente legislatura”.

En 2001, curiosamente con Román Rodríguez como presidente del Gobierno, fueron los diputados de AHI (paradójicamente, la única formación a la que no perjudica ir en solitario a los comicios electorales sin el paraguas de CC) quienes, con la ayuda de los palmeros de Antonio Castro, forzaron que el Parlamento debatiera una propuesta de reforma del sistema electoral. Incluso se consiguió que formaciones como Izquierda Unida Canaria (IUC) y Los Verdes pudieran dar su opinión en la Cámara regional.

Los herreños propusieron eliminar el tope regional, pues la circunscripción electoral en el Archipiélago es la Isla, y rebajar la barrera insular al 15%. Su propuesta incluía también incrementar el número de diputados autonómicos a sesenta y seis, otorgando tanto a Tenerife como a Gran Canaria tres parlamentarios más, manteniendo el actual número de escaños para el resto de las islas.

La propuesta herreña tuvo el apoyo de las fuerzas políticas que no contaban con representación parlamentaria como, por ejemplo, la Federación Nacionalista Canaria (entonces presidida por Ildefonso Chacón, uno de los fundadores de las AIC y de CC, que luego renegó del proyecto político) y la Unión Centrista-Centro Democrático Social.

Sin embargo, tanto CC como el PP impusieron sus votos para impedir que la propuesta saliera adelante.

Tradicionalmente, los socialistas han defendido la rebaja de los topes hasta el 20% en el caso insular y el 3% en el regional, tal y como estaban en el primigenio Estatuto de Autonomía, pero en la VII Legislatura su entonces portavoz, Santiago Pérez, llevó al Parlamento una propuesta que eliminaba el tope regional y dejaba en el 5% la barrera insular. El rodillo de CC y PP, una vez más, tumbó la iniciativa.

De ahí se pasó a la propuesta que el PSOE pactó con CC para incluirla en la reforma del Estatuto. Una fórmula mixta entre la que defendía AHI en 2001 y la que los socialistas han mantenido siempre.

En concreto, el punto segundo de la Disposición Transitoria dice textualmente: “A efectos de la elección en las circunscripciones insulares, sólo serán tenidas en cuenta aquellas listas de partido o coalición que hubieran obtenido, al menos, el 15% de los votos válidos de su respectiva circunscripción insular, o, sumando los de todas las circunscripciones insulares hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma”.

Nuevo intento

Ahora, fruto de la presión de la desafección ciudadana hacia los políticos y de las demandas de más participación y representatividad de la voz de la calle en las instituciones se inicia el enésimo intento para modificar un cuestionado sistema electoral que arroja a la papelera miles de votos.

De la voluntad de los socios de Gobierno depende que ahora tenga más éxito. Pues un nuevo fracaso acentuaría hasta límites peligrosos la crisis institucional y democrática instalada entre quienes otorgan su cuota de soberanía a diputados y diputadas.