“Esta crisis está llevando a muchas ONG al cierre”
Tras los salvajes recortes, las deudas de las administraciones, etc. ¿En qué situación se encuentra CEAR?
Estamos en una situación de incertidumbre sobre la pervivencia de CEAR y, por lo tanto, para seguir haciendo efectiva la misión de CEAR y la prestación de los servicios de la organización.
La gestión de esta crisis que padecemos mediante recortes excesivos, supresión de los fondos necesarios para proteger los derechos sociales e impagos de las administraciones está llevando a muchas ONG al endeudamiento y el cierre.
Las diferentes administraciones nos deben alrededor de 1,5 millones de euros. Las pólizas de crédito que tenemos abiertas con entidades bancarias para poder hacer frente a los impagos y a los retrasos en el cobro de subvenciones, nos generan unos gastos financieros de alrededor de 250.000 euros al año. Unos gastos financieros inasumibles para nuestra organización, pues tendrían que salir de unos fondos propios de los cuáles carecemos. A ello se suma que las administraciones no se hacen cargo de los gastos financieros en los que nos hacen incurrir (unos gastos que no dejan de crecer debido al aumento de los intereses que nos aplican los bancos).
Estos gastos financieros se suman a las pérdidas que los sucesivos recortes nos han generado, en el proceso de reorganizar a la entidad al 50% de su personal remunerado en consonancia con el recorte del 50% de nuestro presupuesto, desde el año 2009 hasta la actualidad.
Esta situación ha conducido a CEAR al límite hasta poner en riesgo su continuidad.
El futuro de su centro de acogida para personas refugiadas y para inmigrantes en situación de máxima vulnerabilidad también corre peligro?
Efectivamente, su destino está vinculado al de la entidad que lo gestiona, es decir CEAR, y por lo tanto se encuentra en la misma situación de inestabilidad en lo relativo a su sostenibilidad.
“En la actualidad, con todas sus plazas ocupadas, es el único el único centro habilitado en la Comunidad Autónoma Canaria, para la acogida de personas solicitantes de protección internacional, y prácticamente es el único para personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, a la vista de los cierres progresivos de recurso de similar índole producidos durante el ejercicio 2012.
Canarias es “frontera sur de Europa”, por lo que el recurso de acogida es del todo necesario, como lo demuestra el hecho de que, estratégicamente, el propio Gobierno del Estado ha mantenido la financiación del mismo porque lo considera vital dentro de la estructura de acogida de la Dirección General de Migraciones.
En este sentido la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha demandado, incluso públicamente, el mantenimiento de la colaboración del Gobierno de Canarias en la sostenibilidad del centro de acogida, que se venía produciendo normalizadamente desde finales de la década de los 90.
Lo que está claro es que si la Comunidad Autónoma no colabora en el sostenimiento de un recurso tan básico como el centro de acogida, éste no se puede sostener sólo con la financiación estatal. Seguimos en conversaciones con el gobierno canario y confiamos en que se resuelva favorablemente con la mayor celeridad posible.
¿Qué supondría la desaparición de CEAR?
La desaparición de CEAR pondría en riesgo un derecho fundamental al que muchas personas se acogen cuando todos los demás derechos han sido violados. No queremos defender sólo a dichas personas, queremos defender también un modelo de democracia que garantice los derechos fundamentales.
La desaparición de la principal organización que existe en España en materia de asilo y refugio, y que viene defendiendo el derecho de asilo en el estado Español desde hace 35 años, traería consigo, más específicamente:
§ El cierre de 300 plazas de acogida para personas refugiadas y solicitantes de asilo, plazas que acogen a más 700 personas cada año.
§ Alrededor de 7.000 personas necesitadas de protección internacional que acuden cada año a CEAR, se quedarían sin asesoramiento jurídico y sin una organización que vele por la defensa de sus derechos.
§ Más de 15.000 personas, refugiadas, apátridas, solicitantes de asilo o víctimas de trata, perderían las ayudas y los recursos sociales que CEAR gestiona para promover su integración social y garantizarles unas condiciones de vida digna.
§ Alrededor de 5.500 personas se verían privadas de orientación laboral para su acceso al mercado de trabajo.
Supondría la desaparición de un actor social relevante que:
§ Vela porque España respete los estándares de protección internacional.
§ Defiende el cumplimiento de los derechos humanos en el tránsito y la frontera.
§ Garantiza el acceso al derecho de asilo y su reconocimiento para las personas refugiadas.
§ Denuncia las causas de los desplazamientos forzados.
§ Promueve, junto a la sociedad civil, la convivencia y la transformación social.
¿Cada vez hay más obstáculos en el acceso al procedimiento de asilo?
Para empezar lo vamos a hacer rompiendo un prejuicio, y es el que Europa está siendo “invadida”. Esa falsa amenaza se corrobora cuando conocemos que la mayoría de las personas necesitadas de protección internacional son acogidas en países empobrecidos, es decir, en los países limítrofes con las zonas de conflicto. De los más de 42 millones de personas en situación de desplazamiento forzoso a nivel mundial, los países denominados “en vías de desarrollo” acogen 4/5 partes.
Desde ese desequilibrio, no sólo no se tiende a compensar la solidaridad necesaria, sino que además:
· Aumentan las solicitudes de asilo en Europa, mientras disminuyen en España, lo cual advierte una preocupante falta de compromiso de nuestro país respecto a las personas refugiadas y el derecho de asilo. En 2012 se ha producido un mínimo histórico: la cifra más baja de los últimos 25 años en número de solicitudes de protección internacional.
· Apuesta por las políticas de externalización de fronteras (FRONTEX) que priorizan la obsesión por la seguridad y el control de las fronteras por encima de cuestiones de índole humanitaria o relacionadas con los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Elementos que contribuyen a esta realidad serían:
§ la firma de acuerdos de readmisión de inmigrantes con los países de tránsito y origen.
§ la vinculación de la ayuda al desarrollo a la colaboración en el control de los flujos migratorios por parte de los gobiernos de origen y tránsito.
§ y la impermeabilización de las fronteras en el propio territorio europeo (muros y vallas, espectaculares dispositivos de vigilancia y control, exigencia de visados).
· La conversión de España, Italia y Grecia en gendarmes de Europa. En el caso de España las medidas de “seguridad” se aplican en los aeropuertos, Centros de Internamiento de Extranjeros, puertos o las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla, consistiendo en unas restrictivas políticas de acceso al procedimiento de asilo. El hecho de que las solicitudes de asilo hayan descendido de manera significativa en Italia (53%) y en España (25%), y se hayan mantenido extremadamente bajas en Grecia, cuando estos tres países ejercen de frontera de la Unión Europea con dos regiones especialmente convulsas, norte de África y Oriente Próximo, reflejan la prioridad otorgada a las políticas securitarias y de control de fronteras por encima de la protección de los derechos humanos y del derecho de asilo.
¿Qué propone CEAR para reforzar la protección de las personas refugiadas en España?
Cada año, con motivo de la presentación de nuestro Informe Anual sobre la Situación de las personas refugiadas en España, realizamos una batería de propuestas, entre las que podríamos destacar las siguientes:
A nivel legislativo y reglamentario:
· Reformar la Ley de Asilo con la inclusión de los siguientes aspectos:
§ Regular las condiciones de acceso al procedimiento de las personas que manifiesten su intención de solicitar la protección internacional en embajadas y consulados.
§ Eliminar la exclusión del derecho a solicitar asilo en España de los nacionales de países de la Unión Europea cuando reúnan los requisitos establecidos en la Convención de Ginebra.
· Aprobar el Reglamento de la Ley de Asilo con la participación de los agentes sociales:
En el mismo se debe desarrollar exhaustivamente las condiciones para la formulación de solicitudes de protección internacional y los requisitos que han de cumplir las entrevistas con el objetivo de eliminar posibles discrecionalidades y garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo.
A nivel de aplicación práctica de las políticas de asilo:
· Garantizar el acceso a la península a las personas solicitantes de asilo admitidos a trámite desde Ceuta y Melilla, no restringiendo la libre circulación de los mismos por territorio nacional.
· Reconocer la trata de seres humanos y la persecución por maras como motivos de para solicitar y en su caso, reconocer, la protección internacional en España.
En el marco de medidas generales de protección de las personas refugiadas llegadas a nuestras fronteras:
· Suprimir el visado de tránsito con España para las personas procedentes de Siria, medida que en la práctica dificulta y en ocasiones impide el acceso a nuestro país para solicitar protección internacional. Dada la situación de violencia generalizada en la que está sumida Siria, se deben eliminar todos aquellos obstáculos que dificulten el acceso al procedimiento de asilo y la protección internacional de quiénes proceden de este país. Como norma general, la exigencia de visados de tránsito para acceder a España debería suprimirse para los países en conflicto o las personas procedan de los mismos.
¿Qué opinión le merece la política en materia social que está desarrollando el Gobierno de Mariano Rajoy?
Desde hace mucho tiempo España había entrado en una deriva muy arriesgada para la cohesión social debido a las políticas poco satisfactorias en materia de justicia social, particularmente en materia de Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas. Las diferentes reformas legales que por ejemplo penalizan la solidaridad con las personas que se encuentre en el Estado español en situación irregular o la práctica imposibilidad de solicitar asilo por vía diplomática han ido construyendo un marco lesivo para los Derechos Humanos.
Si bien esta arremetida legal es muy gravosa para la defensa de las personas refugiadas e inmigrantes, el nuevo embate económico basado en una crisis, sólo constatable para los pueblos pero no para los bancos y el gran capital, que requiere recortes en materia social, determina una flagrante violación de los Derechos Humanos y hasta de la propia Constitución Española, garante en su artículo 10.2 de la vigencia en el territorio del país de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La puesta en riesgo de actores sociales como CEAR, la mercantilización de Derechos (sanidad, educación,?), la decantación del Estado por la salvaguarda de los intereses del capital en detrimento de su deber con el pueblo, la privatización en contra de lo público que impide el control democrático, la transparencia y la participación de las personas, pone en riesgo la sostenibilidad social, la cohesión social e imposibilita que siga teniendo vigor el preámbulo de la norma superior de nuestro ordenamiento jurídico cuando expresa que “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos ” y obviamente también queda cancelado el artículo1 del Título Preliminar que dice que “España se constituye en un Estado social? que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad?”
En el Informe 2013 acerca de la situación de las personas refugiadas en España hay un epígrafe dedicado a las dificultades de acceso al procedimiento de asilo en los CIE y en los puertos. ¿A qué dificultades se refiere?
En los Centros de Internamiento para Extranjeros se presentaron un total de 160 solicitudes, lo que representa un descenso considerable, de un 40%, en relación con el año anterior, en que se presentaron 261. La cifra es especialmente preocupante, ya que muchas personas internadas lo son por llegar a las costas españolas de manera irregular, corriendo el riesgo de ser devueltas a un lugar dónde su vida, integridad física o libertad corran peligro. En una mayoría de casos son internadas sin que se haya puesto en marcha un procedimiento para identificar sus posibles necesidades de protección internacional.
A la especial situación de vulnerabilidad y desprotección que sufren los polizones que llegan a los puertos españoles escondidos en buques de carga, se añaden las trabas y dificultades reglamentarias que les impiden el acceso al procedimiento de asilo. En la mayoría de los casos no se les facilita información ni asistencia jurídica especializada, siendo necesaria la modificación del protocolo de actuación de la policía para garantizar el ejercicio del derecho de los polizones a acceder al procedimiento de asilo.
