''Se está pasando al modelo de aseguramiento''
¿Cuáles son los objetivos de Yo SÍ atiendo?
La plataforma Yo SÍ atiendo está formada por trabajadores de centros de salud y hospitales (enfermeras, médicos, administrativos, celadores?) y ciudadanos que nos hemos unido para defender el Derecho Universal a la Salud en Canarias. Nuestro objetivo es conseguir que no se aplique del real decreto 16/2012 en Canarias y que podamos seguir atendiendo a todos nuestros pacientes en igualdad de condiciones.
Hace un año que se publicó este decreto que retira la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular, con las excepciones de urgencias, embarazadas y niños. Nos oponemos a esta medida porque atenta contra nuestro código deontológico y contra el derecho médico internacional, los cuales nos obligan a atender a todos sin ningún tipo de discriminación.
Aunque la norma es de ámbito estatal, su aplicación depende de las comunidades autónomas, a quienes están transferidas las competencias en materia sanitaria. Existen otras comunidades, como el País Vasco y Andalucía, que sí están asegurando una atención normalizada a toda la ciudadanía. Además el Tribunal Constitucional les ha avalado y ha afirmado que “el derecho a la salud y a la integridad física de las personas no puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico que, además, ni siquiera se ha demostrado”.
¿A qué problemas se están enfrentando?
Ahora mismo, sectores importantes de la población están fuera del sistema sanitario, con el riesgo que supone para sus vidas y potencialmente para la salud pública.
En octubre se retiraron 52.229 tarjetas sanitarias a pacientes inmigrantes, que ya no pueden pedir cita con su médico o enfermera. El Servicio Canario de Salud aprobó en diciembre un “programa de salud” que pretendía ofrecer atención sanitaria previa solicitud de una tarjeta especial, pero está resultando ineficaz dado que algunos de los documentos solicitados son muy difíciles de obtener. Además esta tarjeta especial no incluye ninguna cobertura de fármacos, ni siquiera en las enfermedades crónicas graves.
Los médicos y enfermeras estamos preocupados porque estas barreras administrativas están dejando a muchos de nuestros pacientes inmigrantes excluidos de los centros sanitarios. Además estamos encontrado grandes dificultades para poder ofrecerles una atención adecuada a aquellos que consiguen llegar a nuestras consultas. El grupo de trabajo de Inmigración de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria está realizando una encuesta en varios centros de salud para conocer el impacto de esta ley.
El 40% de los encuestados afirma haber encontrado alguna barrera para poder seguir ofreciendo una atención normalizada. Las principales barreras observadas son: a la hora de pedir la cita, solicitar pruebas complementarias, derivar al especialista hospitalario o prescribir el tratamiento.
Se han recogido muchas incidencias de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cardiopatía isquémica, que no están recibiendo su tratamiento.
¿Qué riesgo conlleva para la Salud Pública haber retirado 52.229 tarjetas a inmigrantes en Canarias?
La Atención Primaria dirige gran parte de sus esfuerzos a la educación para la salud, prevención, diagnóstico precoz de las enfermedades y seguimiento del tratamiento.
Desde el momento en que se limita el acceso de un colectivo a los centros de salud, se está dificultando nuestro trabajo en el control de enfermedades transmisibles dentro de la comunidad. Los estudios muestran que la población inmigrante usa un 30% menos los recursos sanitarios, por ser generalmente personas jóvenes y con pocas enfermedades. Sin embargo, las condiciones en que muchos viven les hacen más vulnerables a sufrir algunas enfermedades, y ahora que han sido excluidos del sistema sanitario no estamos pudiendo controlarlas.
Devolver la Sanidad Universal a Canarias beneficiará a todos, ya que a todos nos interesa que nuestra población esté atendida y bien controlada desde el punto de vista sanitario.
¿Creen que las instituciones están informando adecuadamente?
No, definitivamente no. Esta ley ha creado gran confusión entre la población y entre los trabajadores de centros sanitarios. La encuesta mencionada anteriormente muestra que la situación de desinformación también existe dentro del colectivo sanitario y los propios administrativos.
El 92% de los encuestados considera que la información recibida sobre cómo aplicar la reforma sanitaria está siendo deficiente, y los administrativos se quejan de que no han recibido pautas claras de cómo actuar con pacientes que han perdido su tarjeta sanitaria. Un ejemplo de esta situación de confusión es que hay profesionales que desconocen que todos los pacientes deben ser atendidos en urgencias de forma normalizada, y esto hace que en algunos centros se estén facturando las consultas de urgencias.
El problema de facturar la atención sanitaria es que puede crear un efecto disuasorio que hace que los pacientes tarden en consultar y lo hagan cuando la enfermedad esté ya avanzada.
En cuanto al “programa de salud y su tarjeta especial”, el 85% de los trabajadores encuestados afirma desconocerlo.
¿Creen que detrás de esta ley están los recortes o que se esconde un cambio de modelo?
Esta ley se ha justificado como una medida de ahorro, pero muchas sociedades científicas y colegios de médicos han cuestionado la eficiencia de esta ley explicando que a la larga será más caro atender las complicaciones de las enfermedades que no estamos atendiendo ahora.
Además se han usado argumentos erróneos, como que las personas que no están trabajando no están financiando la Sanidad Pública, ya que ésta no se financia con la Seguridad Social sino a través de los presupuestos generales del Estado. De esta forma, los inmigrantes en situación irregular, por el hecho de residir aquí y consumir ya están contribuyendo a través impuestos como el IGIC o los impuestos especiales.
Creemos que esta medida supone un primer paso para el cambio de modelo sanitario, pasando de la prestación universalizada al modelo de aseguramiento.
La Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, reconoce en su artículo 1.2 que son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. El actual decreto reintroduce el concepto de aseguramiento de manera que el derecho a la atención sanitaria pasa por el reconocimiento de condición de asegurado o beneficiario del mismo.
El real decreto 16/2012 excluía de la atención sanitaria a “españoles mayores de 26 años que no habían cotizado o que ya habían agotado todas las prestaciones de la Seguridad Social”. La presión de la opinión pública ha conseguido que por ahora sólo excluya a los inmigrantes en situación irregular, pero una vez cambiado el concepto de ciudadano por el de asegurado, nada impide que próximamente se excluyan otros colectivos.
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