Pleito de cuatro estrellas
Hace tres décadas, el primer presidente autonómico de Canarias, Jerónimo Saavedra, hizo un llamamiento a la “solidaridad regional” en su discurso de toma
 de posesión. Un llamamiento a acabar con el recelo interinsular, tanto político como social y empresarial, que, sin embargo, sigue vigente en 2013.
El enfrentamiento, el pleito, ha vuelto a agitarse en las últimas semanas a raíz de la tramitación y aprobación de la Ley de Renovación y Modernización Turística en el Parlamento regional.
Un texto que es heredero de la Ley de Medidas Urgentes de 2009 y de la famosa 'moratoria' de 2001, legislaciones que buscaron encauzar el desarrollismo del ladrillo en Canarias y hacerlo sostenible con el territorio, el auténtico 'oro negro' de las Islas, como lo calificó el fallecido ex presidente Adán Martín.
Leyes de ordenación del territorio que siempre han tenido que navegar en las procelosas aguas del pleito, ora porque las islas menores decían que se legislaba únicamente para Gran Canaria y Tenerife ora porque aquella afirma, como ha sucedido ahora, que se le impone el modelo turístico de la sede del Teide.
La pugna entre quienes quieren hacer el máximo negocio posible y unos poderes públicos que deben velar por conseguir que siga existiendo un territorio donde poder vivir y hacer negocio.
Sin embargo, en todas estas leyes, el único enfrentamiento ha sido el del interés general contra el legítimo afán de lucro de la empresa privada.
Puede arroparse con una intensa carga
de visceralidad isloteñista o de estrategia política partidista, pero en el fondo la pugna es entre quienes quieren hacer el máximo negocio posible y unos poderes públicos que deben velar por conseguir que siga existiendo un territorio donde poder vivir y hacer negocio.
¿Intervencionismo o modulación?
Frente a quienes sostienen que la Administración no debe intervenir en la iniciativa privada (salvo para impulsarla, subvencionarla o bonificarla) están quienes defienden que la sostenibilidad del modelo turístico canario requiere seguir manteniendo la política de contención de un crecimiento desordenado incompatible con el medio ambiente.
Se trata de crear empleo y actividad económica, pero sin consumir más suelo, resumió el nacionalista José Miguel González en la tribuna de oradores.
Es intervencionismo puro y duro, imponiendo a Gran Canaria el modelo económico de Tenerife, vino a decir el conservador Miguel Jorge Blanco.
Para el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que impulsó como presidente del Ejecutivo regional la primera moratoria (que fue aprobada por unanimidad), esta Ley no compatibiliza nada, permite el desarrollo de los hoteles de Gran Lujo y las villas y, además, acusa al Gobierno canario de tutelar a cabildos y ayuntamientos con el mismo afán centralista que el Ejecutivo regional denuncia respecto al Estado.
Según Rivero, y gracias a la Ley de Medidas Urgentes, en Gran Canaria hay cerrados proyectos de rehabilitación para obtener hasta 10.000 camas de cuatro estrellas.
Gran Canaria contra Tenerife. Cabildos y ayuntamientos contra el Gobierno. Partidos contra partidos e, incluso, facciones territoriales contra facciones territoriales dentro de las mismas siglas.
El pleito, siempre el pleito, agravado en la presente situación de crisis económica por una pérdida muy importante de puestos de trabajo y cierre de empresas en el sector de la construcción, y con unos empresarios hoteleros que comprueban que los visitantes no llenan sus establecimientos, que se han quedado obsoletos.
¿Pleito o negocio?
Desde que se aprobó hace una década la moratoria, el ficticio pleito quedó rápidamente barrido por los hechos desde el mismo momento de su aprobación.
De enero a mayo de 2001, los inversores presentaron solicitudes para la construcción de 30.000 camas más en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, casi todas de hoteles de cuatro y cinco estrellas, amén de más de una veintena de solicitudes judiciales de indemnizaciones por los daños causados a los promotores privados a los que se les había paralizado sus proyectos una vez iniciados, hasta el punto de que los tribunales pararon el primer decreto de moratoria cuatro meses después de su aparición.
Cuatro años después, en 2005, ya se escuchaban voces pidiendo replantear la medida porque había tenido los efectos contrarios a los deseados: un aumento de la construcción de hoteles, dado que los empresarios habían acumulado más de 90.000 licencias que se ejecutaron rápidamente.
Un replanteamiento que se hizo, también con gran polémica, en abril de 2009, con la aprobación de la Ley de Medias Urgentes.
Un ejemplo del enfrentamiento político e institucional a este texto puede ser La Aldea de San Nicolás, consistorio cuyo pleno municipal, reunido a finales de noviembre de 2008, aprobó una moción impulsada por PSC y NC que reclamaba al Gobierno de Canarias la retirada del proyecto de Ley de Medidas Urgentes por el hecho de que “sólo ha concitado rechazo social y se
ha elaborado sin participación pública”. Además, veían que “invadía” las competencias de cabildos y ayuntamientos.
Pese a ello, siete meses después de la aprobación de aquella
Ley, La Aldea lideraba la lista de municipios, con casi 130 expedientes, que habían solicitado licencias de obra en suelo rústico porque, como decía la concejal Rosa Nieves Godoy, del área de Agricultura, Ganadería y Pesca, “la Ley de Medidas Urgentes ha supuesto una ventaja considerable para los agricultores peticionarios de las licencias, que han visto reducido el tiempo de espera de un año a tres meses”.
Pero no solo los agricultores, el propio presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, desmontaba en sede parlamentaria uno de los falaces argumentos esgrimidos por los empresarios grancanarios y algunas fuerzas políticas para oponerse a la nueva Ley Turística: la prohibición de que Gran Canaria pudiera tener hoteles de cuatro estrellas al imponerse el modelo de Tenerife Según Rivero, y gracias a la Ley de Medidas Urgentes, y antes de entrar en vigor la nueva legislación, en Gran Canaria hay cerrados proyectos de rehabilitación para obtener hasta 10.000 camas de cuatro estrellas.
Así que, pese a lo dicho por patronal, PP y CC en Gran Canaria: la Isla si va a tener este tipo de establecimientos para ofertar a ese 88 por ciento de turistas que lo demandan. Amén de la cuota que corresponda a la isla en la amnistía de esas 150.000 camas alegales que, cama más cama menos, dicen que existe en el Archipiélago.
Como siempre cuando las aguas del pleito vuelven a su cauce, lo que queda es la comprobación de que el enfrentamiento ficticio solo esconde el ansia por hacer negocio.
