Stop al autoconsumo

El restrictivo último legado del exministro José Manuel Soria a Canarias, el Real Decreto que regula el autoconsumo eléctrico, ha cumplido seis meses de vida y ha demostrado lo que se esperaba: es un freno a la transición a un nuevo modelo energético. Por algo no se aplica en ningún otro país. 

El mismo día en que el exministro José Manuel Soria aparecía en los papeles de Panamá concluía el plazo para el registro oficial de las instalaciones de autoconsumo al que obliga el polémico Real Decreto, por lo que prácticamente la totalidad de las instalaciones ya existentes se han convertido en ilegales, ya que apenas se han inscrito una veintena sobre los más de dos millares que se calculan que están instaladas en España, y que suman una potencia de unos 40 MW, con una media de unos 5 kW por instalación. 

No es cierto, como dijo el exministro, que Canarias esté exenta del impuesto al sol porque tiene que abonar el cargo por la potencia instalada si la instalación cuenta con baterías que permitan reducir la potencia contratada con la compañía eléctrica o si el pico de consumo supera dicha potencia contratada.  

Sin olvidar los costes como el déficit eléctrico acumulado o la prohibición del autoconsumo compartido que impide que las comunidades de vecinos o empresas de un mismo polígono industrial puedan compartir una instalación renovable destinada al consumo individual. 

Bien es cierto que, como se partía del peor de los escenarios, algunos optimistas consideraron que, pese al Decreto, la situación del autoconsumo eléctrico en las Islas solo podía ir a mejor. Pero el diputado socialista Gustavo Matos se ha encargado de enfriar esos ánimos al asegurar que la  ininteligible redacción de la normativa para cualquier ciudadano y que el  autoconsumo se haga cargo de una serie de peajes ha dado como resultado que no haya “ni una sola” petición de instalación en las Islas. 

Por no hablar de que, debido a las restricciones, las plantas de desalación de agua del mar son alegales como denunciaron el propio Matos y, con anterioridad, la diputada de Ciudadanos (C's) por la provincia tinerfeña, Melisa Rodríguez. Y es que el consumo de energía vertida a la red que se destina a la desalación está entre el 5 y el 10% dependiendo del sistema energético insular del que se trate, y en torno al 20% si se considera todo el ciclo integral del agua. Además, en Lanzarote y Fuerteventura el consumo de agua desalada es del 100%, mientras que en Tenerife y en Gran Canaria representa el 60%, siendo los costes energéticos actuales en torno al 340% de los costes de producción. 

Soria, antes de renunciar al Ministerio de Industria, dijo estar dispuesto a  iniciar los trámites para modificar el Decreto para eximir a las instalaciones de autoconsumo asociadas al ciclo integral del agua de las obligaciones de la nueva regulación, si bien recordando que eso no se podrá hacer hasta que no haya un nuevo Gobierno. De momento, hay que esperar, aunque todo indica que este sector habrá perdido todo un año. 

El único país que no retribuye 

El Decreto estableció que la energía sobrante por el autoconsumo no tendrá contraprestación económica y se regala al sistema eléctrico. Según varios estudios, sólo el 30% de la energía producida es para el autoconsumo instantáneo, por lo que Soria ha certificado que los dueños de las instalaciones de autoconsumo regalen al sistema eléctrico más de dos tercios de la energía que producen y que han costeado con sus instalaciones. 

¿Esto es lo habitual? Pues no. España es el único país con una normativa de autoconsumo que no retribuye la energía vertida a la red. Alemania y Reino Unido aplican el pago por tarifa, por el que el dueño de una instalación recibe un cantidad de dinero fija por el Gobierno por cada kilovatio-hora que vierte a la red. En Estados Unidos, Brasil, Australia o Portugal se usa el balance neto de energía, mediante el que por cada kilovatio-hora vertido a la red el autoconsumidor tiene derecho a consumir sin coste un kilovatio-hora importado de la red cuando lo necesite. La tarifa neta, que consiste en que cada kilovatio-hora vertido a la red descuenta de la factura eléctrica una cantidad de dinero determinada se aplica, por ejemplo, en Italia o Chile. 

Y en cuanto al impuesto al sol, Canarias cuenta con el mayor recurso solar de Europa y con la normativa de autoconsumo más restrictiva del mundo en un contexto global en el que las energías renovables y, en particular, la fotovoltaica han visto reducido enormemente su coste, y en el que la transición de fuentes de energía fósiles a renovables es acuciante. Como dijo la diputada de Podemos Asunción Delgado en un reciente debate en el Parlamento canario, “pronto vamos a tener que pagar por dejar secar al sol la ropa lavada”. 

En Alemania el 47% de la potencia renovable instalada está en manos de ciudadanos y cooperativas, y sólo el 12% en manos de las grandes eléctricas. Sin embargo, el Decreto de Soria parece indicar que, de nuevo, el exministro ha querido beneficiar a las empresas eléctricas y no a los ciudadanos,  impidiendo que éstos puedan sufragar por su cuenta instalaciones de autoconsumo  para que las grandes empresas del sector lo hagan, utilizando los tejados de la gente para producir su electricidad. 

Desde el Gobierno de Canarias, totalmente encorsetado por las políticas energéticas del exministro Soria, y que tiene lastrado su desarrollo en energías renovables desde los tiempos en los que su hermano Luis Soria (ambos aparecen en los papeles de Panamá) estaba al frente de la Consejería de Industria, se hace lo que se puede, que no es mucho. Así, se abrió una línea de créditos para  que pymes y autónomos puedan acceder a préstamos para la puesta en marcha de proyectos de innovación tecnológica  y a ejecución de inversiones en autoconsumo y eficiencia energética. 

El presupuesto financiable para este tipo de proyectos, que deberán estar concluidos en un plazo de 18 meses, se sitúa entre 35.000 euros y 1,2 millones y podrán obtener financiación de hasta el 85% de su coste. Por otro lado, los créditos destinados a las iniciativas de innovación tecnológica podrán alcanzar financiación del 85% del total del presupuesto, para lo que este deberá situarse en un mínimo de 35.000 euros y un máximo de 174.999 euros.

Democratización de la energía 

Dos años antes, e impulsada por la entonces portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Socialista y aún vigente presidenta del PSOE, Dolores Padrón, se aprobaron en la Cámara distintas medidas de apoyo al autoconsumo, pues, como ella misma afirmaba, “es la vía prioritaria para acercarse a un modelo de democratización de la energía, además de producir un ahorro económico considerable, una ganancia absoluta en materia de independencia energética, una contribución decisiva a la lucha contra el cambio climático y la creación de puestos de trabajo seguros y estables para satisfacer una demanda básica cuya provisión industrial jamás se deslocalizará”. 

Sin embargo, y debido al Decreto de Soria, en Canarias solo había a finales de 2015 un total de 48 instalaciones de autoconsumo conectadas a la red, procedentes tanto de fuentes eólicas (La Palma, una; Fuerteventura; una; y Gran Canaria, 14) como fotovoltaicas (Fuerteventura, 18; Gran Canaria, nueve; Lanzarote: cuatro; y Tenerife, tres).  

Si, como dijo Matos, no se ha registrado ni una sola nueva solicitud, se trata de una cifra ínfima para un Archipiélago que quiere ser líder en energías renovables y habrá que cambiar la legislación si se quiere revertir. O mantenerla si, como muchos apuntan, se busca que el negocio lo continúen manteniendo las grandes empresas energéticas.