Ultimo anno
Desde que la Autonomía es autonomía, todos los años finales de cada legislatura han sido intensos y convulsos. Hasta el punto de que, como en las carreteras con muchas curvas, se debería habilitar un cartel de '¡Peligro, meses peligrosos!' en los aledaños de las sedes de los partidos, del Parlamento y de las distintas consejerías del Gobierno regional.
El 7 de julio de 2011 Paulino Rivero tomó posesión de su segundo mandato como presidente del Gobierno de Canarias. Cuatro días después, lo hicieron sus consejeros.
Canarias está a punto de entrar en el último año de la presente legislatura. 365 días que tradicionalmente han sido convulsos políticamente en el Archipiélago y todo demuestra que volverán a serlo.
Si bien nada parece indicar que la estabilidad del actual Ejecutivo peligre, como sí pasó en anteriores ocasiones dada la volatilidad de la voluntad por mantener los acuerdos suscritos, lo cierto es que las situaciones internas por las que atraviesan ambos socios dibujan nubes de tormenta en el horizonte.
Tanto Paulino Rivero como José Miguel Pérez tienen cuestionados sus liderazgos y existen movimientos para que ninguno de ellos sea cabeza de lista en 2015.
El proceso de renovación del PSOE a nivel federal, con las primarias incluidas, tendrá su traslado a las Islas, y a un proceso similar se enfrentará Rivero, previsiblemente, contra Fernando Clavijo.
Pero no hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera estos enfrentamientos partidistas que afectan al Ejecutivo regional.
De la Ley de Aguas a la espantada de José Manuel Soria y del PP en 2010. Desde el 'affaire Puerto Marena' en 1989 a la comisión eólica de 2007 pasando por asuntos como los de Tindaya, Tebeto, destituciones de consejeros... la Autonomía ha contemplado siempre hasta ahora la conclusión de legislaturas convulsas.
Parece otro hecho diferencial canario desde los tiempos en los que el presidente Jerónimo Saavedra, después de dimitir y rehacer el Gobierno con el Pacto de Progreso, tuvo que afrontar la dura tramitación de la Ley de Aguas y las incesantes embestidas de ATI y AIC durante 1986-1987.
El resultado de esos últimos 12 meses del primer presidente autonómico es conocido: la irrupción de los nacionalistas en el Parlamento de Canarias como segunda fuerza política y la pérdida de la Presidencia por parte de los socialistas a manos de Fernando Fernández, candidato del entonces Centro Democrático y Social (CDS), el partido menos votado en las elecciones.
Pero esa unión del Pacto de Hormigón antisocialista (AIC, Alianza Popular, CDS y la Agrupación Herreña de Independientes) también tuvo su aluminosis. Fernández no concluyó la legislatura como presidente al perder una cuestión de confianza por la abstención de los nacionalistas (“un diez para el Gobierno y un cero para su presidente” dijo en aquel momento Manuel Hermoso, líder de las AIC) y fue sustituido por Lorenzo Olarte en plena efervescencia por la Ley que creó la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Pero el tercer presidente que tuvo Canarias en apenas seis años tampoco terminó tranquilo su mandato.
Puerto Marena
El escándalo inmobiliario se destapó en agosto de 1988 cuando Olarte aún era vicepresidente del Gobierno de coalición de centro-derecha y nacionalista. Entonces, Izquierda Canaria Unida (ICU) le relacionó, junto al consejero de Economía y Comercio, Luis Hernández, y otros dos políticos (todos centristas) con la petición de un crédito a la Caja Insular de Ahorros de Canarias: 1.080 millones de pesetas de la sociedad Puerto Marena para inversiones turísticas en Fuerteventura.
Antonio González Vieitez, diputado de ICU en el Parlamento que llegó a ser consejero del Gobierno en 1995 con Coalición Canaria (CC), denunció a Olarte como socio de la urbanizadora Puerto Marena por supuestas irregularidades en el impuesto de transmisiones patrimoniales y tráfico de influencias para obtener créditos.
Se creó una comisión de investigación en el Parlamento que absolvió a Olarte gracias a su propio voto más la fuga de otro diputado que nunca se pudo verificar fehacientemente y la denuncia judicial fue archivada.
Sin embargo, no acabaron ahí las vicisitudes de Olarte, que acabó esa truculenta legislatura en minoría parlamentaria al expulsar del Gobierno en 1990 a los consejeros conservadores Blas Rosales y Manuel Fernández con la excusa de la Ley de Cabildos y la creación de la televisión autonómica.
Esos rifirrafes pasaron factura y la tercera legislatura se inició com los grandes enemigos, Hermoso y Saavedra, pactando para que el segundo fuera otra vez presidente, dejando a Olarte con las ganas de repetir mandato y contemplando como el líder nacionalista se convertía en vicepresidente.
Ese acuerdo acabó en 1993 con la moción de censura gracias a la cual la recién creada CC accedía a una Presidencia de Gobierno que no han abandonado en los últimos 21 años de la historia autonómica de Canarias.
Floreal y el diputado 31
Pero ese ascenso a la gloria fue acompañado de su propio infierno, y Hermoso tampoco pudo concluir en paz su primer mandato presidencial.
El cese del consejero de Transportes y Pesca, Juan Carlos Becerra, seguido de la dimisión de su colega de Obras Públicas, Vivienda y Agua, Ildefonso Chacón Negrín, colocó al primer Gobierno nacionalista ante su primera prueba de fuego para su continuidad tan solo cinco meses después de que CC ganara la moción de censura contra Saavedra por un solo voto.
Eran los tiempos del diputado 31, de la inhabilitación del líder del PIL y diputado Dimas Martín. Una fuga (como los dos intentos que hubo en la propia censura por parte de Honorio García Bravo y Antonio Cabrera) podría dar al traste con el Ejecutivo regional y durante el último año Hermoso estuvo en una inestabilidad estable.
El primer presidente nacionalista perdió la mayoría absoluta en marzo de 1994, cuando Chacón, que también era el secretario general de Independientes de Fuerteventura (IF), anunció que su formación abandonaba las AIC y que sus dos parlamentarios regionales pasaban al Grupo Mixto del Parlamento.
Hermoso tuvo conocimiento de la decisión por los periodistas minutos antes de la toma de posesión del nuevo consejero de Obras Públicas, Rodolfo Núñez, que sustituía al destituido Diego Torres (que había sustituido a Chacón), cuyo cese supuso quitar el control de este departamento a IF a favor de ATI.
Pero Hermoso llegó al final (“atravesando un desfiladero con indios en ambos lados”, como él mismo dijo en los pasillos del Parlamento al más puro estilo John Wayne) y repitió como presidente en 1995, aunque tuvo que declarar como implicado en un proceso que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) inició por un presunto delito de estafa inmobiliaria cuando ya se habían apagado los ecos del caso Floreal.
El proceso se puso en marcha tras la presentación ante el TSJC de una querella por parte de dos matrimonios británicos que pagaron por adelantado cantidades próximas a los nueve millones de pesetas por la compra de dos apartamentos incluidos en una promoción de la que era responsable Chasna, S.A, que no llegó a entregárselos, cuando Hermoso era administrador de la empresa.
Tindaya comienza
A todo eso se añadieron los primeros pasos del caso Tindaya (Eduardo Chillida presentó su proyecto en Puerto del Rosario en diciembre de 1996), que estuvo dando tumbos y convulsionando a varios gobiernos de Canarias hasta que la justicia lo archivó definitivamente en 2013.
Un caso donde estuvieron flotando 1.960 millones de pesetas estipulados para el pago de gastos de estudio e implantación en virtud de un contrato suscrito entre las empresas PMMT SA y FCC-NECSO a pesar de que tales trabajos no se habían realizado por ésta.
El verdadero destino de 1.650 millones de pesetas, según quienes denunciaron el caso, era el pago a Canteras Cabo Verde SA, por un contrato suscrito con FCC-NECSO.
Y a Tindaya se le unieron los movimientos internos de CC para impedir que Lorenzo Olarte fuese el candidato a la Presidencia de Canarias, unas maniobras tácticas y estratégicas que acabaron encumbrando al entonces desconocido Román Rodríguez, actual líder de Nueva Canarias (NC), en 1999.
Caso Bango
Y si toda esa tensión y convulsión no fuera bastante, el segundo (y último) mandato de Hermoso tuvo que hacer frente a las crisis de su socio, el Partido Popular (PP), que llegaron a afectar al propio gabinete regional.
La crisis provocada por el enfrentamiento personal entre el presidente regional del PP, José Miguel Bravo de Laguna, y su número dos, Ignacio González acabó con el cese de éste como secretario general y su destitución como consejero de la Presidencia del Gobierno canario.
Un cambio en el Ejecutivo regional que se completó con el del consejero de Agricultura, Eduardo Jordán, por el tinerfeño Arquímedes Jiménez.
Sin embargo, ahí no acabaron las cuitas del socio de Hermoso en el Gobierno... pues se abrió la caja de los truenos con la abogada Julia Bango.
El caso Bango recrudeció hasta límites insospechados la crisis del PP canario, cuando una abogada denunció haber sido agredida mientras investigaba supuestas irregularidades urbanísticas en Tegueste.
Un caso en el que numerosos cargos populares se encontraron imputados, aunque posteriormente fue sobreseído por la Justicia.
Sin embargo, toda esa algarabía llevó al PP a unos resultados electorales que obligaron a Bravo de Laguna a dimitir la misma noche de los comicios de 1999, aunque pudo controlar el partido para manejar el pacto que suscribieron de nuevo con CC para investir a Rodríguez como presidente, dejando fuera de los acuerdos al nuevo líder de los conservadores: José Manuel Soria.
El 'bombazo' de Tindaya
Una crisis que continuó en el año 2000, con la fuga de votos en las filas del PP canario que provocó que el dictamen de la comisión de investigación del caso Tindaya fuese rechazado por el Parlamento y que responsabilizaba políticamente de algunas irregularidades detectadas en el expediente a todo el Gobierno anterior, presidido por Hermoso.
La fuga de votos en las filas populares (que provocó hasta siete votaciones para buscar un desempate, con aviso de bomba incluido en la Cámara regional) fue protagonizada por Bravo de Laguna, que era el presidente del Parlamento, así como por dos consejeros del Gobierno que presidía Román Rodríguez (Lorenzo Suárez y Tomás Van de Walle), y por un ex consejero y ex líder del partido en Lanzarote, Rafael de León.
Tras el espectáculo, el entonces líder regional del PSOE, Juan Carlos Alemán, acusó al presidente Rodríguez de haberse convertido en “cómplice de la corrupción” al oponerse, junto a CC, al dictamen de la comisión de investigación, cuando se había comprometido a “limpiar la política canaria”.
Ese, entre otros, fue el motivo por el que el PSC presentó una moción de censura contra Rodríguez un año después, aunque el presidente la ganó con holgura.
Lo que no ganó fue la batalla interna que se abrió un año después para evitar que repitiese como candidato a la Presidencia del Gobierno en el año 2003.
El enfrentamiento entre Adán Martín y Rodríguez se decantó a favor del primero, pero supuso la primera grieta del desgarro que llevó años después a la creación de Nueva Canarias (NC) y su escisión de CC.
Aunque antes Rodríguez batalló con sus socios y el PP tuvo que implicar al propio presidente José María Aznar para intentar salvar una nueva crisis en las complicadas relaciones entre ambos socios.
Aznar se reunió el 19 de diciembre en La Moncloa con el presidente de CC, Paulino Rivero, y con el diputado José Carlos Mauricio, para aplacar las voces críticas que desde CC reclamaban la ruptura del acuerdo de gobierno en Canarias y que podrían afectar al pacto de legislatura que existía en Madrid.
A la salida de la cita, desde Canarias se confirmaba el cese como consejero de Agricultura de Guillermo Guigou, que abandonó la secretaría regional del PP para ocupar ese cargo, como respuesta de Rodríguez “ante las reiteradas deslealtades al pacto de gobierno” de Guigou y, sobre todo, después de la situación que se produjo en la Audiencia de Cuentas de Canarias, donde los dos auditores que representaban al PP votaron en contra del candidato a presidente del órgano presentado por CC.
Amorós y Eolo
Pero Adán Martín, que ganó la batalla sucesoria a Rodríguez, tampoco tuvo un mandato tranquilo ni feliz, pese a que en su discurso de investidura dijo que buscaba “hacer más felices” a los canarios.
Enfrentado a un cada vez más poderoso Soria (pues CC volvió a pactar con el PP) tuvo que destituir a los tres consejeros conservadores en mayo de 2005 para “restablecer la coherencia interna” en el Gobierno canario tras el “deterioro de la confianza política”.
Martín afirmó que la decisión era “un ejercicio de responsabilidad” al constatar la “constante, repetitiva y machacona crítica” que el PP realizaba al Gobierno central, que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, “incluso cuando cedían a las demandas de Canarias”.
Martín explicó que el Archipiélago tenía “demasiadas aspiraciones” en su relación con el Estado como para permitir que fuesen “dinamitadas” desde dentro del Ejecutivo regional.
Martín siguió dos años gobernando con apoyos puntuales del PSOE y en enero de 2006 la denominada trama eólica, que investigaba presuntas irregularidades en un concurso para adjudicar nuevos parques eólicos durante el mandato del conservador Luis Soria como consejero regional de Industria, era una realidad judicial y un escándalo mediático.
PP, CC y PSOE, cada uno por su cuenta, pidieron la puesta en marcha de una comisión para investigar el caso eólico, aunque en el caso de los conservadores fue una estrategia para adelantarse a los acontecimientos y delimitar al máximo el objeto de las investigaciones.
En todo caso, los populares no esperaron mucho para contraatacar y un día después entró en el Registro del Parlamento la solicitud de otra comisión, dirigida esta vez directamente al corazón de CC, que pedía investigar el caso Amorós: las presuntas irregularidades en la gestión de Alberto Amorós como director general del Tesoro en 2002.
Las dos comisiones comenzaron a andar. Durante meses, nacionalistas y populares se enfrentaron duramente en una serie de comparecencias en las que los ataques fueron extremos, como el duro intercambio verbal entre el diputado nacionalista José Miguel González y el consejero de la Audiencia de Cuentas Juan Marrero Portugués.
Sin embargo, a medida que se acercaba el final de la legislatura y se conocía que el nuevo candidato a la Presidencia por parte del PSC iba a ser el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en vez de Alemán, las tornas cambiaron mucho.
Y mucho más cuando Martín perdió la batalla de repetir como candidato al haberse desentendido del control interno de CC y centrarse en las tareas de Gobierno. Eso supuso que Rivero pudiera dar el golpe interno incruento que le llevó a la Presidencia del Gobierno en 2007.
Con nuevos actores, tanto cambió el escenario que PP y CC acercaron posturas para prefigurar el pacto de gobierno que se suscribió en 2007 para dejar fuera del Ejecutivo a López Aguilar y cerraron en falso ambas comisiones de investigación.
De un día para otro las conclusiones a las que habían llegado nacionalistas y socialistas quedaron trasmutadas, se les dio la vuelta como a un calcetín y en el caso eólico se concluyó “la rectitud y honestidad” de la Consejería de Industria y se señaló al PSOE “o personas afines al mismo” como culpables, “pretendiendo desviar de forma intencionada el verdadero objeto de la investigación”, con mención a Francisco Henríquez y Canarias Ahora.
En el caso de la comisión de investigación relacionada con la gestión de Amorós, todo quedó en nada.
Tebeto y Espantada
Y Canarias llega a su VII legislatura. La más embroncada de su historia debido tanto al hecho de que el PSC consiguió el mejor resultado de su historia (27 diputados) y no gobernó como por la intensidad y contundencia verbal que desplegaron tanto el propio López Aguilar y el ex socialista Santiago Pérez como el propio Rivero, Soria o el conservador Miguel Cabrera Pérez-Camacho.
Una legislatura convulsa para el propio PSC, que tuvo varios portavoces parlamentarios (López Aguilar, Santiago Pérez, Blas Trujillo o Hernández Spínola) como fruto de las luchas internas entre las distintas familias socialistas, sobre todo desde que su líder encabezó la lista al Parlamento Europeo y fue 'obligado' a dimitir por los disidentes del partido.
Cuatro años marcados por el caso Tebeto (hijuela del caso Tindaya) y al que el Gobierno de Canarias y el Parlamento autonómico dieron carpetazo en octubre de 2010 tras la sentencia del Tribunal Supremo que revisaba otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que la Comunidad Autónoma debía indemnizar con 103 millones de euros a la empresa Canteras Cabo Verde por haberle otorgado una concesión minera en las Montañetas de Tebeto para la extracción de traquita que nunca pudo ser ejecutada.
Una denuncia protagonizada por Francisca Luengo, actual consejera de Industria, por considerar que el vicepresidente Soria estaba jugando una estrategia para tapar la incompetencia de su hermano cuando fue titular de Industria y pagar un dinero al empresario Bittini que iba a suponer “un quebranto para las arcas autonómicas”.
Pero esos cuatro años también vieron pasar las acusaciones socialistas de que el nuevo Catálogo de Especies protegidas era contrario a la Constitución y al ordenamiento jurídico o que la Ley de Medidas Urgentes en materia de turismo vulneraba la autonomía de cabildos y ayuntamientos.
Sin embargo, nada parecía hacer mella en la fortaleza del pacto suscrito por Rivero y Soria hasta que el segundo comprobó que la crisis del PSOE a nivel nacional podía conseguir convertir al PP en primera fuerza política de Canarias y, por tanto, convertirle a él en presidente.
Por eso maniobró para soltar lastre, máxime cuando Rivero pactó con Zapatero los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y la demarcación de las aguas territoriales en el Archipiélago.
Era el 20 de octubre de 2010. Por tercera vez, PP y CC rompían el pacto antes de unas elecciones, aunque esta vez Soria dejó presentados las Cuentas autonómicas y aseguró que daría estabilidad a Rivero si no se cambiaba ni una sola coma de unos Presupuestos que ya adelantaban los recortes que un año más tarde pondría en marcha Mariano Rajoy.
Comienza el último año de la VIII legislatura y está por ver si se mantiene la tradición o socialistas y nacionalistas están dispuestos a romper con una de las más ancestrales maldiciones que cohabitan con la política canaria desde hace tres décadas.
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