Las universidades populares como escuelas de ciudadanía
Las universidades populares, que llevan funcionando 23 años en Canarias, son instituciones de educación de adultos y animación sociocultural de carácter no lucrativo, sometidas al control público cuyo ámbito de actuación es la comunidad municipal. Tienen una marcada función social abierta a todas las edades, aunque la mayoría de sus participantes son personas adultas, sobre todo mujeres mayores de 45 años que no han podido tener una formación universitaria y académica tradicional.
La Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP) es un proyecto de desarrollo cultural y social en el ámbito regional, insular y local dirigido a promover la participación social y la educación continua y permanente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de programas de intervención, globales y específicos, tanto a la generalidad de la población como a colectivos concretos: jóvenes, mujeres, familias, personas mayores, infancia, inmigrantes, personas discapacitadas, etcétera. No tienen ideología política y trabaja de igual manera con ayuntamientos conservadores y progresistas o nacionalistas.
La ACUP, una asociación sin ánimo de lucro, figura en el Registro Provincial de Asociaciones de la Dirección General de la Administración Territorial y Gobernación del Gobierno de Canarias de 5 de febrero de 1992. Esta asociación y sus universidades populares realizan anualmente más de 250 programas de formación permanente y participación ciudadana, respondiendo así a las necesidades de los ciudadanos de su ámbito de actuación, pasando el año anterior por sus aulas y centros más de 15.000 participantes directos.
Programas formativos como peluquería, dibujo, pintura, fotografía, guitarra española y eléctrica, diseño de moda, canto, fomento y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, joyería creativa, restauración, bricolaje y madera, manualidades, folclore, retoque fotográfico digital, animación flash, instalación y mantenimiento de equipos informáticos, edición de páginas web, aplicaciones informáticas y procesadores de texto, mecanografía informatizada, iniciación a la radio, contabilidad y facturación informatizada… Estos son algunos de esos programas que se desarrollan actualmente en las universidades populares canarias.
En el año académico 2014-15 que acaba de finalizar se ofrecieron 290 cursos y se matricularon 4.581 personas, donde las mujeres ganaron por goleada ya que ocho de cada diez fueron féminas. Concretamente las cifras se reparten de la siguiente manera: 2.235 mujeres (79,18%) y 614 hombres (20,82%).
El ámbito territorial y poblacional de las actuales universidades populares comprende a 16 municipios en las dos islas capitalinas, trece en Gran Canaria y tres en Tenerife, “aunque en breve plazo vamos a contar con prácticamente todos los municipios de estas dos islas”, anuncia José Luis López Sarmiento, asesor de estas entidades populares.
Los municipios de Gran Canaria integrados en la ACUP son Agüimes, Artenara, Arucas, Gáldar, Ingenio, La Aldea de San Nicolás, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, San Mateo, y Valleseco, mientras que en Tenerife están El Rosario, San Juan de La Rambla y Santa Úrsula.
La actual junta rectora de la ACUP está presidida por el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. La vicepresidenta es la concejala de San Juan de la Rambla Vanesa Luis Grillo, la secretaria es la concejala de Arucas Beatriz Herrera y el tesorero es el concejal de Agüimes Francisco González. Completan la junta los vocales Cristian Santana, concejal de Las Palmas de Gran Canaria; Víctor Hernández, concejal de Santa Úrsula y Daniel Martín, concejal de Telde.
Ubicar de forma concreta el nacimiento de las universidades populares, a través del movimiento reformista que caló sobre todo en la vertiente social y educativa de la Europa revolucionaria, es tarea imposible, como bien reconoce Leopoldo Palacios Morini: “Las universidades populares, como toda obra viva, no tuvieron comienzo”. No obstante, se ofrece un punto de partida bastante significativo.
Se hace referencia a una hoja volante que Jorge Deherme escribía, componía y repartía bajo el título de La coopération des idées (La cooperación de las ideas). Este folleto creció en Francia hasta convertirse en 1898 en una revista en la que colaboraban académicos de todo el país.
Con una de las subvenciones que recibió esta revista de cien francos, Deherme alquilaba una trastienda en el fondo de un patio de la calle Paúl-Bert, compraba dos tablas (que a la postre servirían como mesa) y unas banquetas junto con unas lámparas de petróleo. Nació así la primera Universidad Popular bajo los siguientes lemas pintados en la fachada de la trastienda: “En la sociedad no hay más fuerza viva: el hombre”, “Vivir para otro”, “Nosotros aceptamos todas las utopías y nos disponemos a vivirlas”.
Esta primera prueba ganó adeptos y simpatías en toda Francia. Así, en 1899 la Cooperación de las Ideas devenía en una Sociedad de Universidades Populares, hecho este fundamental para el desarrollo y expansión por toda Europa de este movimiento, que a la postre también ha sido ejemplo en países como España, Alemania y Francia y ha supuesto el resurgir de las UUPP. La Sociedad de Universidades Populares equivaldría hoy a la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP).
“Así, pues, nosotros hemos querido rendir un homenaje permanente al inicio de las Universidades Populares, creando una revista escrita por los propios usuarios de las UUPP, y con el mismo nombre, Cooperación de Ideas, porque aceptamos todas las utopías y nos disponemos a vivirlas”, señala el responsable en Canarias.
La revista digital
La necesidad de contar y de dejar constancia de aquello que emociona o impacta forma parte de la esencia humana. Los nuevos medios de comunicación ponen en manos de los ciudadanos recursos para que la difusión pública de sus pensamientos, ideas y vivencias llegue a un importante número de personas sin necesidad de depender de los grandes medios de masas. Hoy en día, comunicar y difundir es una cuestión de ganas y voluntad. El periodista lanzaroteño Gregorio Cabrera será el director del proyecto de la revista digital.
“Una de las motivaciones del proyecto que planteamos es animar a la gente a hacer uso de estas herramientas y aprender a utilizarlas de forma efectiva para contar aquello que consideren importante sobre sus vidas y su entorno, en este caso desde una óptica municipal, pero con el afán de crear red y cohesionar Canarias desde la información y las ideas que emanan de sus propios ciudadanos”, señala López Sarmiento. Se convertirán en informadores y ‘contadores’ con criterio propio capaces de generar contenidos interesantes para otras personas.
La generación de contenidos se basará en la aplicación de técnicas propias del periodismo y la difusión en las modernas redes sociales. Porque la esencia del periodismo es mejorar la sociedad a través del conocimiento y la difusión de aquellos acontecimientos que son de interés general para generar sentimientos de pertenencia, solidaridad o cambio. Conceptos que en este caso concreto se aplicarían a la realidad de cada municipio.
Cada uno de ellos posee miles de historias por contar. Como dijo el escritor ruso Anton Chéjov, si quieres ser universal habla de tu pueblo y de tu aldea. “Y, desde luego, queda claro que todos los municipios de Canarias tienen mucho por contar. ¿Y quién puede hacerlo mejor que sus vecinos y vecinas?”, añade.
La formación continua municipal
La responsabilidad sobre todas las Universidades Populares Canarias es el rasgo más visible del compromiso de los ayuntamientos con la formación continua, pues los mismos son los encargados de su promoción y financiación.
Los ayuntamientos tienen una larga tradición en lo que a universidades populares se refiere. Sobre la base de un concepto integral de educación, realizan una variada labor educativa. Las universidades populares garantizan el acceso de la población a la educación y también una marcada apertura en lo que a contenidos, temas y métodos se refiere. Más allá de su cometido educativo, las universidades populares cumplen una importante función como centro de comunicación, socialización e integración, especialmente en estos tiempos que se caracterizan por una creciente desintegración y falta de solidaridad.
En consecuencia, las universidades populares son un elemento central de la infraestructura educativa municipal dentro del marco de los servicios a la comunidad. La universidad popular como institución es muy apreciada por la población y la opinión pública tiene una excelente opinión sobre sus ofertas.
La crisis financiera y la formación continua
La crisis financiera del sector público ha generado, también a nivel municipal, una gran presión reformadora que comprende todos los sectores y ámbitos. Esta presión no se limita a una modernización administrativa. Los estándares de los servicios son igualmente objeto de debate, e incluso la variedad misma de los servicios que prestan las municipalidades.
“La situación económica y los problemas que traen aparejados amenazan la correspondiente cobertura de la oferta educativa. Obviamente, como primer paso se deben optimizar los procesos organizativos, aumentar la eficiencia y aprovechar todos los potenciales”, en palabras del presidente de la ACUP, Marco Aurelio Pérez.
Si bien, desde el punto de vista de las administraciones municipales, la desregularización y el margen más amplio de acción y gestión que ello conlleva son en principio elementos positivos, sin embargo existe el peligro de que este proceso encubra de hecho un cambio de paradigmas en la política educativa. Para el sector de la formación continua ello equivaldría a cuestionar la responsabilidad pública por este tipo de enseñanza. Se correría el peligro de que se impusiera el modelo de mercado o de garantía, según el cual los municipios dejarían de ser oferentes en el campo de la formación continua para limitarse a asumir el papel de coordinadores responsables de las actividades educativas de terceros.
A diferencia del sistema escolar, la formación continua se orienta hacia la población adulta, de la cual es perfectamente esperable cierto sentido de responsabilidad y disposición a invertir recursos propios. Después de todo, dada la notoria escasez de recursos financieros públicos, se impone un manejo extremadamente eficiente y riguroso de los mismos. Estas decisiones son de naturaleza política y, por ello, deben ser adoptadas por las correspondientes instancias políticas.
Una formación continua que se oriente exclusivamente por los preceptos del mercado pondría en peligro ciertos principios educativos y políticos clave, tales como un acceso general a la educación y el apoyo especial a sectores desfavorecidos de la población. Es difícil imaginar que un establecimiento privado, que se rige por las leyes del mercado, lleve su oferta a regiones más bien rurales o económicamente subdesarrolladas. “¿Quién dirigiría su oferta pedagógica a sectores ajenos a la educación, como por ejemplo, los adultos mayores de 50 años o población en riesgo de exclusión social?”, se preguntan sus responsables.
Si la función de los ayuntamientos se reduce a un mero papel de garante en la formación continua, el futuro de la universidad popular sería absolutamente incierto. En dicho modelo, el compromiso municipal se limitaría a garantizar la calidad y la temática de una determinada oferta. En casos extremos, esta oferta podría incluso correr por entero a cargo de terceros, prescindiéndose de las universidades populares. “En tal circunstancia, las municipalidades perderían un instrumento de conducción y gestión, además de la posibilidad de influir en los ámbitos de la educación, el mercado laboral y, principalmente, en la política social. La consecuencia de tal proceso sería una pérdida de la autonomía de los ayuntamientos en el campo de la educación”, afirma José Luis López.
Un argumento adicional en favor de la responsabilidad pública o municipal por la formación continua de distintas investigaciones internacionales, como por ejemplo los informes PISA o el estudio anual de la OCDE 'Panorama de la educación', se desprende que en la formación continua los ayuntamientos deben desempeñar un papel conductor y regulador, a fin de garantizar la calidad de la oferta y la igualdad de oportunidades de la población.
“En consecuencia, es importante mantener la responsabilidad municipal por la formación continua. Si la mano pública se repliega, ello podría significar una economía, y, en consecuencia, una recuperación de los presupuestos municipales en el corto plazo, pero en vista de la importancia de la formación continua y del necesario aumento de la participación en ella, en el corto y medio plazo sería una medida contraproducente y desacertada. La formación continua es y seguirá siendo una tarea pública y municipal con una importante dimensión social”, señala el vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria y hasta hace poco alcalde de Arucas, uno de los municipios más participativo en las universidades populares, junto a Agüimes, cuyo alcalde hasta hace unas semanas es el actual presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien reconoce “la importancia que tienen estas instituciones populares sin ánimo de lucro que cumplen una gran función social porque llegan a un sector de la población que ha sido marginado por la enseñanza reglada y que no ha podido acceder a ella por múltiples razones, especialmente de tipo económico y social”.
Aprendizaje de toda la vida
Dada la grave crisis financiera que afecta a todos los presupuestos públicos, resulta necesario introducir algunos cambios. El Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, según la ACUP, deben llegar a un acuerdo sobre la educación de adultos no reglada. Aspectos tales como los numerosos cursos, talleres, jornadas, etcétera, que actualmente se imparten en las universidades populares, algunos de ellos coinciden con la oferta de los centros de adultos del Gobierno Canario. Por tanto, han de estar no solo coordinados, sino también figurar en la programación de las propias universidades populares, evitando así la competencia entre ambas organizaciones y la duplicidad de la oferta.
Las Universidades Populares hacen además una labor con una proyección social encomiable en favor de una parte de la sociedad, favoreciendo el acceso a la información, la cultura y la educación con el fin de fomentar valores, conservar tradiciones y concienciar a la población sobre temas importantes que afectan o afectarán a su vida cotidiana, como por ejemplo el medio ambiente, la salud, derechos y obligaciones, etcétera. “Por tanto, hemos de demandar un reconocimiento que permita ejercer, digna y adecuadamente, esas actividades, que no es otra cosa que hacer ciudadanía. ¿Acaso las Universidades Populares no están compuestas por escuelas de ciudadanía?”, se pregunta el gerente.
La ACUP aborda el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de personas adultas como una parte central del capital social. De hecho, se evidencia que los países que han sabido apoyarse en ellos y potenciarlos han generado modelos organizacionales inéditos, como son las Universidades Populares, propiciando de esta manera conocimientos nuevos, redes de cooperación interna, articulación de ciudadanías activas e integración de la diversidad cultural, entre otros beneficios.
“Todo ello, se ha traducido en un enriquecimiento de estas sociedades, mejorando su calidad de vida, su autoconciencia colectiva y su competitividad. Frente a la agenda de problemas sociales que presenta Canarias, la labor de las UUPP en la educación de personas adultas recobra un papel trascendente. Una aliada estratégica para la articulación de la propia sociedad civil, como expresión de una nueva concepción del desarrollo, interdependiente con una nueva ciudadanía, a través del aprendizaje a lo largo de la vida”, afirma Sarmiento.
Los programas realizados en las Universidades Populares no se circunscriben al cumplimiento de unas horas lectivas, cuyos participantes reciben al final un certificado o diploma, sino que principalmente se trata de hacer ciudadanía y fortalecer la sociedad civil. “Permítannos hacer referencia a actividades culturales o socioculturales. Por lo mismo, es preciso hablar de participantes en vez de alumnos”, aclara.
“La visión de una ciudadanía más educada y más informada no nos puede hacer olvidar la existencia de contingentes importantes de miembros de la comunidad en situaciones marginales: parados crónicos de larga duración, habitantes del cuarto mundo urbano, inmigrados mal o nada integrados socialmente, etcétera. Contingentes que se manifiestan engendrando subculturas defensivas o consumo de cultura-espectáculo”, agrega.
Según él, los problemas culturales más agudos en Canarias vienen marcados por el desarrollo asimétrico de las estrategias culturales. “Ejemplo de ello es el insuficiente apoyo al desarrollo de las industrias culturales, el divorcio entre las estructuras administrativas de la gestión cultural y los creadores, entre otros”.
“En la última década se han adoptado políticas culturales, que si bien no produjeron una reducción del gasto cultural, no estuvieron a la altura de posibilitar un desarrollo cualitativamente distinto como sostén de un sistema cultural participativo, que generara cambios en los valores sociales y culturales. Esta situación, de manera sistemática, ha ido quebrando el interés por la cultura en Canarias, impidiendo la formulación de nuevas estrategias de desarrollo cultural”, expone.
¿Concurren en Canarias las circunstancias que se dan en las sociedades occidentales concernientes a la existencia de una ciudadanía educada, demandante de cultura y consumidora de cultura?, se pregunta, ante de responderse: “Sin duda, existe una minoría consumidora de alta cultura, al lado de una mayoría que se incorpora a la demanda cultural, pero que va más allá en sus exigencias de la cultura espectáculo o de la cultura como experiencia de vivencia lúdica. La demanda de la cultura de los valores y de la cultura de la reflexión es creciente, como también son crecientes los riesgos de la dualización, un proceso de exclusión mediante el cual una parte importante de la sociedad se ve abocada a la subcultura o al consumo de la cultura-espectáculo.
La Educación de Adultos en las Universidades Populares conlleva, intrínsecamente, la formación de ciudadanía. Así, pues, el futuro compromiso en la educación de adultos de los ayuntamientos dependerá en gran medida de esa decisión. En el curso de los procesos de consolidación municipal y de reflexiones sobre eventuales reformas será necesario igualmente realizar cambios estructurales en lo que a las universidades populares se refiere. Estas modificaciones son inevitables a fin de que las universidades populares puedan asumir sus futuros desafíos y tareas también en tiempos de arcas fiscales vacías.
Con el tiempo será recomendable que la formación continua no se limite a contenidos de tipo cultural, educacional y social y aborde, más marcadamente, otros ámbitos, como por ejemplo la política estructural y laboral a nivel local. En consecuencia, para insuflar vida en el principio de la responsabilidad pública por la formación continua hay que aplicar decididamente una política municipal sobre la materia.
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