La costa y los vertidos, en la encrucijada

La insularidad de un territorio como el canario entraña la naturaleza de las bondades que solo el Archipiélago, junto con otros lugares privilegiados del globo, sabe ofrecer tanto al paisano como al foráneo. Sol, playa, una media muy estable y tropical de temperaturas, vegetación abundante y genuina en altura, y en fin, toda la diversidad tan bien asimilada por la cultura de la canariedad. El asunto insular tiene otra vertiente, a la sombra, que en el entorno urbano de Las Palmas de Gran Canaria se torna sucio, dependiente y contraproducente, y encuentra en la incapacidad de los gestores de la red de saneamiento para subsanar sus deficiencias su principal acreedor.

Leopoldo O' Shanahan Roca, Juana Rosa Betancort y María Luisa Pita Toledo, tres científicos del Instituto Canario de Ciencias Marinas perteneciente a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias; del Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias y del Servicio de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad, respectivamente. Ellos publicaron en octubre de 2011 el informe Efluentes de aguas residuales en el litoral oriental de Las Palmas de Gran Canaria. Efectos sobre la calidad del agua de mar, comunidades de algas e indicadores bacterianos de contaminación fecal, desde este punto nombrado como informe Efluentes. En él partieron de la base de la Directiva 2006/7/CE del Parlamento europeo y el Real Decreto 1341/2007 relativos a la gestión de la calidad de las aguas de baño para ponderar el nivel de descargas de aguas residuales en la costa que contaminaran el agua de mar y afectaran a “las comunidades de algas superiores que se desarrollan en las orillas rocosas”, amén de que alertaban de que “la elevada concentración de nutrientes y materia orgánica de las aguas residuales explican el deterioro de los ecosistemas de las orillas del mar”. Obviamente, citaban el hecho de que con los vertidos se reduce “la calidad sanitaria de las aguas de baño causada por los microorganismos que contienen esas aguas (virus, bacterias, hongos, levaduras, parásitos” y que “ello puede acarrear la prohibición del baño o la pérdida de la bandera azul de las playas”.

El quid de la cuestión viene de la mano de la siguiente apreciación del informe: “Hemos investigado (...) la contaminación del litoral oriental de la ciudad y hemos comprobado que se trata de una serie de vertidos que se realizan a lo largo de todo ese litora”. De modo que tiran de ley para recordar que “las autoridades competentes deberán garantizar que la playa cumpla, a lo largo de cada temporada de baño, con toda aquella legislación que pudiera ser de aplicación”, y que se debe proceder a “vigilar los posibles puntos de vertido cercanos a la playa para que no faciliten en ningún momento la contaminación de las aguas de baño ni supongan riesgos para los usuarios que se encuentren en ella”. Así como que, “en caso de aguas de calidad insuficiente”, algo que constatan en el informe, “la Administración pública dará información sobre las causas de la contaminación y las medidas adoptadas para evitar la exposición de los bañistas a la contaminación y atajar sus causas”. En este punto, el informe alerta sobre el hecho de que “el litoral oriental de Las Palmas de Gran Canaria recibe desde hace décadas una parte de las aguas residuales de la ciudad”, una afirmación que fundamentan en “las fotografías de IDE (Infraestructuras de Datos Espaciales) del Gobierno de Canarias”, que “revelan la existencia de vertidos directos de aguas fecales desde el año 1961, en el litoral próximo a las Alcaravaneras”. Es más, en el Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias de 2008, elaborado poe la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se constataba la existencia de 35 puntos de emisión en la capital grancanaria, de los que 21 no estaban aún autorizados, en oposición a otros nueve sí autorizados y cinco no regulados aún. Las fotos en primer plano de algunos de esos vertidos ilustran este reportaje. De todos ellos, la gestión de más del 90% corresponde a la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (Emalsa), con un punto gestionado por Astilleros Canarios (Astican) y otro por Unión Eléctrica de Canarias (SAU). Varios de los puntos no dependían de gestor alguno según las fichas del Gobierno canario. Tal y como se menciona en el informe Efluentes, a lo largo de la Avenida Marítima, el Censo de Vertidos “recoge una serie de aliviaderos relacionados con la Red de Saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria que constituyen un indudable aporte de aguas fecales y de eutrofización al litoral oriental de la ciudad de Las Palmas”, esto es, el enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema, en este caso de determinadas algas.

El emisario submarino, al ser el elemento de vertido más constante y de un caudal considerable a lo largo del tiempo, es uno de los principales factores de contaminación. Este emisario submarino emite, posiblemente con fugas no deseadas, en dos puntos: en su origen en tierra por una rotura crónica y mar adentro a través de los difusores exteriores del mismo. “Es probable, además, que emita aguas no suficientemente depuradas”, sentencia el documento. El informe se acompaña de una serie de fotografías (como la más reciente tomada desde la vista aérea sobre el emisario submarino que ilustra este artículo) obtenidas durante décadas y que dan una muestra de los vertidos constantes al mar desde una ciudad en crecimiento.

Los trastos a la cabeza

Aquí es donde entra un Ayuntamiento, y aquí es donde entra la empresa mixta que gestiona los servicios públicos y a quien compete el ciclo integral del agua y su captación y producción, tratamiento y distribución, y la evacuación por redes de alcantarillado y depuración. Pero también las actividades de control de calidad, laboratorio y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de las aguas, cualquiera que sea el origen y destino de las mismas. Es aquí donde el gobierno de la capital grancanaria y Emalsa debieran aportar luz sobre la situación de la red que gestionan y que está puesta en duda por científicos e investigada su tarea por parte de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que el pasado 25 de julio abrió diligencias previas a raíz de la denuncia emitida por Izquierda Unida Canaria, en pos de averiguar si existe un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, regulado por el artículo 325 del Código Penal. Pero ambos actores se echan los trastos a la cabeza: “No es el papel” del Ayuntamiento hablar “sobre la labor de la Fiscalía”, dicen en el Consistorio, “porque es Emalsa la que se ha encargado de la infraestructura”, de modo que son ellos los que deben dar “las explicaciones del por qué de las emisiones, otra cosa es que el Ayuntamiento fiscaliza”. Además, añaden que “de todas maneras, ya Emalsa por su cuenta y riesgo ha ido llevando a cabo una corrección paulatina de sus vertidos, porque evidentemente le concierne también”, y se prestan a una recomendación: hablar “con Mercedes (Fernández-Couto Gómez, la directora general de Emalsa)”, amén de preguntar a la gestora de la Red de Saneamiento para que corrobore si está “controlando los puntos de vertido con sistemas de tele control para verificar los puntos donde se forman los vertidos de forma más rápida y atajarlo con mayor rapidez”; textualmente. Con esto zanjan el asunto en el gobierno capitalino. Sin embargo, fuentes de la empresa mixta dicen que no hacen valoraciones sobre una investigación en curso, y que en todo caso el que debiera hablar sería el Ayuntamiento. Pero es que en el Ayuntamiento, además, suponen que los portavoces de Emalsa tendrán “dificultades (para hablar), porque evidentemente la empresa no querrá decir nada” tampoco, aunque este problema lleve tiempo en conocimiento de ambas partes y tengan la oportunidad de hacer público si de hecho han materializado un plan determinado o una gestión de control y minimización del porcentaje de residuos nocivos en las emisiones.

“Es esperpéntico que el Ayuntamiento haga dejadez de su propia responsabilidad y que además de tarde en tarde acepte que efectivamente se están produciendo problemas de salubridad con las emisiones, pero no haga nada por resolverlos”, afirma Germán Santana, coordinador de Izquierda Unida en Gran Canaria (IUC), partido que interpuso la denuncia ante la Fiscalía. Santana asegura que “nos encontramos con un problema serio de salubridad pública, derivado de las emisiones de aguas contaminadas que se dan en toda la Isla, pero sobre las que nosotros planteábamos la denuncia solo en Las Palmas de Gran Canaria” y añade que “llevan décadas, la verdad es que se han acentuado en los últimos años, reconocido por los propios técnicos”. El también profesor universitario subraya que este es un problema que atañe a “una zona donde hay personas que ejercen actividades relacionadas directamente con el mar” y que “es una cuestión de responsabilidad de la propia compañía, a la que se avisa en su momento y que no cumple con sus funciones, hace dejadez de esas funciones, porque quiere obtener el máximo beneficio posible, y el interés de uno lo pagamos todos”. Por otro lado, Santana recalca que IUC acude a la Fiscalía para que “a través de ella se tomen las acciones” de investigación del problema medioambiental, que no han llevado a término el Consistorio capitalino, “y no solo el Partido Popular, sino también las alcaldías anteriores”, matiza, mientras la ciudadanía sufre “las consecuencias de esa irresponsabilidad”, sentencia.

Contexto

Llegados a esta parte, es de recibo recordar la trayectoria de Emalsa desde los años 90 del siglo pasado. En 1993, la empresa es privatizada por la alcaldía de Emilio Mayoral (Partido Socialista Obrero Español). Un 33% pertenecía a Unelco-Endesa, que tras ser privatizada deja de pertenecer en su mayor parte a capital público. Desde ese momento, Saur International tiene el 33% de Emalsa a través de Gestagua, su filial española, y la empresa Valoriza Agua (grupo Sacyr Vallehermoso), se hace con el otro 33%. Respecto al 34% restante, permanece como propiedad municipal. Por entonces, Sercanarias comienza a realizar trabajos para Emalsa, concretamente tareas de mantenimiento del alcantarillado y de la red de abasto; cabe mencionar que Sercanarias, a su vez, está participada en un 50% por Saur International y en otro 50% por Sacyr. El devenir de la propiedad y la gestión del entramado de aguas se estabiliza en la capital de provincia, pero esa relativa tranquilidad da un vuelco en la cronología al llegar 2008, cuando Cívica Ingenieros contabiliza 153 puntos de emisión de vertidos (unos más limpios que otros) en toda la isla y 35 en la capital, a petición de la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. En 2009, el Ayuntamiento capitalino recibe un escrito de la Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias, solicitando información sobre el sistema de saneamiento y depuración de la ciudad, petición que se realizó a requerimiento del proyecto piloto que sobre este tema desarrolla la Unión Europea y al que pertenece España. Es en noviembre de ese año cuando el Ayuntamiento solicita a Emalsa información al respecto, y la empresa mixta remite un informe sobre las instalaciones de saneamiento y depuración que existían en la ciudad. Lo siguiente fue que, en 2009, la playa de las Alcaravaneras se cerró por la detección de aguas residuales y la Concejalía de playas afirmó que era necesario realizar más inversiones de la red de abastecimiento para evitar los vertidos. El acceso a la playa se restableció.

Ya en octubre de 2011 se tiene conocimiento de lo que dice el informe Efluentes y la implicación de la posible violación de aspectos legales importantes, como normativas europeas, y unas conclusiones que ha día de hoy no han sido contrastadas ni por Emalsa ni por el Ayuntamiento. De Emalsa se han conocido conflictos laborales y presuntos sabotajes, como el que en abril del año pasado la propia empresa acusó de perpetrar a sus trabajadores en medio de una huelga. Emalsa llegó a decir que habían detectado “varios puntos en la red” afectados por acciones saboteadoras, algo que el comité de empresa rechazó. También dijo que el sabotaje estaba produciendo vertidos al mar. El Ayuntamiento atajó entonces la discusión afirmando que los problemas de mantenimiento y atención impedían atender las averías, ya que de hecho más del 98% de los trabajadores no acudieron a sus puestos de trabajo.

El propio Germán Santana, de IUC, propone la solución de la coalición: “Nosotros abogamos por la municipalización del servicio”, y que la expropiación de la parte en manos de Saur International y Valoriza se haga “a coste cero”, sin contraprestación o compensación alguna, dadas las negligencias palmarias en el servicio privatizado.

Lo que la ciencia sabe de nuestras playas

En el informe Efluentes, los científicos concluyeron que existe “una estrecha relación” entre tres factores: Las comunidades de algas macrófitas “creciendo profusamente en las rasas intermareales y en las escolleras”; unas elevadas concentraciones bacterianas en zonas de baño y los vertidos de aguas residuales “a lo largo de toda la costa, desde Alcaravaneras hasta La Laja, con especial importancia del emisario submarino”, la salida más importante de la urbe, situada a la altura del barranco de Osorio, al norte del Castillo de San Cristóbal. Su mal estado en su arranque, en el empiece de su salida al mar, ha provocado escapes de las emisiones que azotan directamente al Castillo y a La Laja.

Así, en el informe se constata que “los vertidos de aguas residuales localizados en la vertiente oriental de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, causados por los numerosos aliviaderos de la red de saneamiento de la ciudad, junto con el emisario submarino (que en su tramo inicial está actuando como un vertido continuo muy caudaloso y en su extremo final vierte también aguas que tienen toda la pinta de estar pésimamente depuradas) y quizá algunos barranquillos que aún deben quedar” contaminan “todo ese litoral, lo cual se evidencia tanto por las densas y exuberantes comunidades de algas macrófitas” como “por la contaminación de las zonas de baño de San Cristóbal y de la Laja, cuyas cifras” de concentración de algas y bacterias “más recientes (2011) obtenidas en este estudio son realmente muy elevadas”. El informe da cuenta también de que las concentraciones bacterianas oscilan en función de las corrientes y la intermitencia de las emisiones desde la red de saneamiento, pero que “barrios históricos de la ciudad pegados al mar y todo el paseo o Avenida Marítima se encuentran constantemente bajo la influencia de un agua muy contaminada, bien en forma de salpicaduras del oleaje como de aerosoles cargados de una flora microbiana muy abundante”.

A partir de estas consideraciones, se constata el peligro para las personas. Hay un factor de riesgo para la salud ya que “no es slo a través del baño en aguas contaminadas como se establece el contacto con microorganismos infecciosos”, sino también “por la inhalación de microgotas (aerosoles) de agua de mar cargada de estos gérmenes”, que provienen de las aguas fecales urbanas y que portan infecciones. Otro factor de riesgo para la salud que se constata en el informe son “las actividades pesqueras deportivas, frecuentemente realizadas por la población de la ciudad, además de entrenamiento deportivo y competiciones náuticas tradicionales, en las que también participan niños y jóvenes”.

San Cristóbal, hasta 2008

Los únicos puntos de baño declarados por las autoridades sanitarias en el litoral oriental de Las Palmas de Gran Canaria, además de la playa de Las Alcaravaneras, están situados al sur del refugio pesquero de San Cristóbal y en la playa de La Laja, en el extremo sur de la capital grancanaria. En la zona de baño de San Cristóbal, entre 1997 y 2002 y según el informe Efluentes, se constata que la las muestras de agua con bacteria E. coli “supera siempre la concentración” que se tiene como “límite superior de calidad Excelente de las aguas de baño, cuyo cumplimiento es condición necesaria para que una zona de baños obtenga la bandera azul”, dado que “en cuatro de los seis años estudiados se obtiene la Calidad Insuficiente”. El baño aquí queda a años luz de ser recomendable “al estar este punto siempre contaminado por bacterias fecales.” La concentración de esta bacteria en los años 2006 al 2008 alcanza “valores también muy elevados, sobre todo en 2007 y 2008, muy por encima del límite de Calidad Insuficiente (500 pies cúbicos por cada 100 mililitros)” continúa el informe. Concluye afirmando que “esto equivale a una contaminación altísima, causada indudablemente por el gran número de efluentes que vierten en el litoral oriental de la ciudad”.

La Laja, hasta 2008

En la zona de baños de la playa de La Laja, más lejana de las fuentes de contaminación, las aguas de baño presentan una buena calidad que decae en 1997. El informe científico constata cómo en el período 2006 a 2008, el mar deja de alcanzar la calidad “Excelente” que ofrecía, y en los años 2007 y 2008, decae por debajo del límite de “Calidad Buena”, con lo que obtiene una “calidad Insuficiente que impediría la Bandera Azul” en esos años. En cuanto a los valores de las concentraciones de la bacteria E. coli durante los muestreos de 2008 y 2007, mencionan “un comportamiento similar al de San Cristóbal aunque con picos más moderados”, es decir, un declive constante de la calidad del agua.

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