Canarias impulsará con fondos estatales la ayuda a domicilio, una prestación 'olvidada' por anteriores gobiernos

Canarias es la única comunidad autónoma española que no tiene desarrollada la ayuda a domicilio para personas dependientes de forma pública. En las estadísticas estatales del IMSERSO esta prestación se encuentra prácticamente a cero en las Islas ya que el Gobierno regional hasta ahora no la había asumido ni impulsado con las garantías de la Ley de Dependencia. Algunos municipios sí que prestan estos servicios a través de empresas pero sin los parámetros de calidad que marca la norma estatal. Desde su entrada en vigor en 2006, el Archipiélago no ha gestionado esta prestación, una de las cuestiones afeadas históricamente por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El actual director de Dependencia y Discapacidad de Canarias, Miguel Montero (Podemos), explica que de los 14 millones que ha recibido su consejería del Estado para paliar la crisis económica que está generando el coronavirus, al menos dos se pretenden destinar a este fin.

Según la Ley de Dependencia, la ayuda a domicilio debería contemplar “los servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria” y además aquellos que tienen que ver con la “atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros”. Se trata de una actividad que además actualmente es realizada en su mayoría por mujeres, que en esta crisis tienen que realizar un doble cuidado: evitar contagiarse para proteger a los mayores y dependientes, que son colectivo de riesgo.

Desarrollar la teleasistencia (que solo reciben 1.022 personas) y la ayuda a domicilio son en realidad las dos claves en las que se centrará el Gobierno de Canarias este 2020 en materia de dependencia. En un principio, se comenzará trabajando por que la ayuda llegue a los cuatro municipios más poblados (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde) por tratarse de los que mayor población demanda este servicio. El objetivo es trabajar con los ayuntamientos para tener el censo y que el Ejecutivo asuma la cuantía, pero que también controle que la prestación llega de forma adecuada. Y es que, actualmente, los ayuntamientos que prestan ayuda a domicilio lo realizan a través de empresas que no pasan por el control del Gobierno. Ahora, se garantizará que el usuario reciba la atención adecuada en el horario que le corresponde por ley y con una serie de condiciones.

Se trata de una medida que el director de Dependencia y Discapacidad asegura que llegará a los 88 municipios, aunque se realizará de forma progresiva. Es posible que en algunos de los ayuntamientos, de momento, se mantengan las empresas que venían prestando la ayuda pero bajo las directrices que marque el Gobierno de Canarias, que al asumirla debe garantizar que la prestación se dé en todos los ayuntamientos con las mismas garantías. El gran problema que presenta la medida es que la falta de personal ha ralentizado en estos años la tramitación de los Programas Individuales de Atención (PIA). Por ello, se trabajará en coordinación con los cabildos para que realicen el censo de ayuntamientos que están facilitando la ayuda, y expliquen de qué manera y a cuántas personas beneficia. Montero señala que es pronto para hablar de cifras, pero llegará a miles de personas.

El hecho de que el Gobierno no asumiera esta prestación generaba situaciones muy difíciles. Hasta ahora se optaba por una “prestación vinculada al servicio”, que reciben 5.085 usuarios, es decir, se garantizaba una cuantía a la familia para que decidiera con qué empresa conveniar la ayuda en función de las horas que le ofrecían y los servicios. Se trata de una medida injusta ya que hay islas en las que no hay empresas que realicen este servicio y otras en las que se ha ofrecido de forma precaria y de manera que si la empresa no quería seguir adelante por cuestiones económicas, dejaba a la persona dependiente sin la ayuda que le corresponde.

Un modelo actual que no funciona

La crisis del coronavirus ha servido para evidenciar que el modelo actual de la ayuda a domicilio en Canarias no funciona y que hay disparidad entre lo que están ofreciendo las empresas a los usuarios. Las hay incluso que han exigido a los usuarios que paguen el mes entero aunque hayan dejado de prestarles el servicio durante dos semanas y otras que no se han hecho cargo del material… No obstante, lo que también ha evidenciado es que se trata de un trabajo esencial, ya que hay muchas personas mayores que o viven solas o que necesitan de esa ayuda para cubrir sus necesidades básicas.

La crisis sí ha ralentizado además la valoración de solicitudes ya que cuando las trabajadoras de dependencia acudían los días previos al 13 de marzo a los domicilios, se encontraban con familias que no les abrían la puerta si no llevaban protección. Estas situaciones y la entrada en vigor del estado de alarma ha contribuido a que el registro se encuentre paralizado y que la lista de espera con fecha de febrero de 2020 se sitúe en 9.264 personas que, a pesar de haberles reconocido que tienen derecho a ser atendidas en el marco de esta ley siguen sin recibir ninguna prestación. Una gran parte de ellas se encuentran pendientes de un centro sociosanitario y el Archipiélago no cuenta con plazas suficientes. El plan de infraestructuras sociosanitarias ya era insuficiente y ahora también se ha paralizado.