Vivienda anuncia ahora que estudiará el caso de la deuda de agua de una de sus casas de alquiler

El Instituto Canario de la Vivienda estudiará la situación de Águeda, la vecina de Las Palmas de Gran Canaria que tiene una deuda con Emalsa que supera los 2.000 euros por  una picada en una tubería subterránea en la casa de protección oficial del Gobierno de Canarias en la que vive en régimen de alquiler.

“Yo entiendo la situación de esta señora, es para perder el sueño. Voy a entrevistarme con ella y ver las posibilidades de poder ayudarla con los recursos públicos”, aseguró la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León, este miércoles en la Cope.

Águeda es una de las muchas pensionistas del Archipiélago que mantiene a su familia. Sobrevive con sus dos hijas y uno de sus nietos con una pensión de 637 euros mensuales, sus hermanas y sus hijos le ayudan a afrontar sus gastos para poder llegar a fin de mes. En los últimos meses a sus problemas se le han sumado dos facturas de la compañía Emalsa por una cantidad total de 2.276,26 euros. Una tubería subterránea se picó y había una pérdida de agua de la que nadie se había percatado. Fue su asesor del banco quien la llamó y le comunicó los pagos pendientes.

Dos técnicos del Instituto Canario de Vivienda se hicieron cargo de solucionar el problema de la pérdida de agua. Condenaron la tubería en mal estado que pasaba por el suelo y le pusieron una nueva en el interior de su vivienda. Sin embargo, se desentienden de la deuda con la compañía de aguas haciendo alusión al contrato de arrendamiento, tal y como afirmaron desde un primer momento a Canarias Ahora.

“La contratación y pago de los servicios individuales de agua, luz y gas y otros similares correrán a cargo y por cuenta del arrendatario”, explicó De León en la citada radio. Solucionan la avería porque sí les corresponde pero no afirman que vayan a pagar la deuda a pesar de que es una consecuencia de la rotura producida por el uso habitual de la vivienda.

“Cuando se produce una avería de este tipo de este tipo en el interior de la vivienda, pues tiene que haber unos indicios en la propia vivienda”, aclaraba la directora del Instituto. La afectada contó a este periódico que no se percató de la rotura porque la tubería pasaba por debajo de la casa. Además, De León recrimina que la compañía de aguas no se percatara de la rotura. “Una familia que tiene un consumo de 14 o 15 euros y de repente pasa a ser 1.200 u 800 euros, ahí también debe haber un elemento que nos pone en aviso de que hay una avería”.

Tras conocer la historia de Águeda, que confesó que nadie le había contado nada hasta este martes, De León aseguró que “vamos a analizar este caso que es excepcional porque situaciones de estas tenemos muchísimas en el año”.