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Miles de personas exigen en Canarias el cese inmediato del consejero Baltar para salvar la sanidad pública

La convocatoria de este 19 mayo ha tenido una respuesta contundente de la sociedad isleña en contra de las políticas del consejero del área del Gobierno regional, al que acusan de "apretar el acelerador de la privatización"

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Manifestación por la sanidad pública en Las Palmas de Gran Canaria.

Manifestación por la sanidad pública en Las Palmas de Gran Canaria. Twitter: @MueveNegrin

Miles de personas han marchado este sábado por las calles de las dos capitales canarias en defensa de la sanidad pública y en contra de las políticas consejero del área, José Manuel Baltar, al que han acusado de "apretar el acelerador de la privatización" y han reclamado su cese inmediato. 

Las concentraciones han sido convocadas por los movimientos que conforman la Marea Blanca, que han recabado el apoyo de diversas formaciones políticas, sindicales y sociales, y que han concluido con la lectura de un manifiesto en favor de la sanidad pública.

En la manifestación convocada en Santa Cruz de Tenerife, que ha discurrido entre las plazas Weyler y del Príncipe, se ha procedido a la lectura del manifiesto de la Marea Blanca, en el que se afirma que "ante un deterioro nunca visto en la salud de la población canaria, se requiere una respuesta contundente". En Las Palmas de Gran Canaria, donde la marcha transcurrió por la calle de Triana y concluyó en la plaza de San Telmo, consideran que aún están a tiempo de "salvar la sanidad" e impedir que se convierta "en un negocio a costa de la salud de todos y de todas"; por ello, demandan "una respuesta unitaria de la ciudadanía" para garantizar un sistema canario "de salud público universal, equitativo, gratuito, de calidad, con una financiación adecuada y finalista, y con gestión, provisión y producción públicas".



También se pide derogar todas las leyes y normas que facilitan la privatización de la sanidad, se ha expresado el rechazo a los copagos y se exige la revisión inmediata, bajo control público, de los conciertos con el sector privado y reducción paulatina del dinero dedicado a los mismos en beneficio del sistema público.

Además la Marea Blanca reclama un plan urgente de infraestructuras con la construcción y dotación inmediata de los hospitales comarcales y la mejora y dotación de los hospitales públicos y centros de salud, con especial énfasis en los servicios de urgencias hospitalarios, comarcales y normales de urgencias.

Asimismo pide recuperar los puestos de trabajo perdidos y asegurar la suficiencia de profesionales, con una política de recursos humanos incentivadora y aplicación de las incompatibilidades.

Otra exigencia se refiere a profesionalizar la gestión sanitaria desvinculándola de la asignación politizada, establecer planes estratégicos prioritarios para listas de espera, urgencias, salud mental, drogodependencias, rehabilitación y dependencia y crear una red pública de Atención Temprana.

Entre otras propuestas, también se pide dotar de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios, con los servicios sociales y con los dispositivos asistenciales municipales, para garantizar la continuidad de cuidados de pacientes crónicos, dependientes. y personas con diversidad funcional.

Asimismo se demanda desarrollar el modelo futuro de atención a pacientes crónicos favoreciendo su atención en domicilio y potenciar también la atención domiciliaria para niños con cáncer así como en determinadas urgencias médicas y psiquiátricas.

La Marea pide además garantizar la transparencia del sistema sanitario público y la confidencialidad de la información en salud de la ciudadanía, que debe estar depositada en bases de datos públicas, excluyendo el acceso, gestión o cesión a entidades privadas.

"Canarias necesita una Ley de Salud y Sanidad Públicas que sustituya a la obsoleta Ley de Ordenación Sanitaria, y un Plan de Salud que se centre en evaluar las desigualdades y el impacto de todas las políticas en la salud, con suficiente financiación y que sea además un instrumento de participación de los profesionales y ciudadanía en la planificación y gestión", asevera el manifiesto. 

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