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El Servicio Canario de Salud destituye a la jefa de Farmacia, acusada de favorecer a multinacionales

Una empresa emergente del sector de la nutrición clínica denuncia una trama funcionarial para obstaculizar su actividad en beneficio de las grandes marcas que acaparan el 80% del mercado

Cirujanos y médicos de Atención Primaria aseguran que la inspección deniega o cambia”por sistema” los tratamientos en los que no se prescriben productos de los laboratorios de más renombre

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Fragmentos de cartas de quejas de médicos del Servicio Canario de Salud.

Fragmentos de cartas de quejas de médicos del Servicio Canario de Salud.

Mar de fondo en el área de Farmacia del Servicio Canario de Salud (SCS). Una investigación interna abierta a raíz de la denuncia interpuesta por una distribuidora de productos de nutrición clínica, dirigida contra funcionarios del organismo autónomo por un presunto trato de favor a multinacionales del sector y apoyada en quejas de médicos y pacientes, ha provocado el primer movimiento de piezas en forma de destitución de la hasta ahora jefa del servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación, Fidelina de la Nuez, la principal señalada.

La versión oficial, expresada a este periódico por el consejero de Sanidad del Gobierno regional, Jesús Morera, es que se trata de un relevo “natural” en este puesto de libre designación, motivado por el regreso del inspector médico Alberto Talavera, que en la legislatura 2003-2007 fue director general de Farmacia y que el pasado 15 de febrero cesó a petición propia como máximo responsable del Área de Salud de Tenerife, cargo que ostentaba desde finales de 2010.

Sin embargo, fuentes oficiosas de la Consejería de Sanidad y extraoficiales conocedoras del caso confirman que la degradación de la inspectora farmacéutica Fidelina de la Nuez, que regresa a la jefatura de sección -un rango inferior jerárquicamente, al que se accede por concurso- , está vinculada a sus actuaciones en la autorización de los tratamientos de dietoterápicos, productos que están financiados en su totalidad por el Sistema Nacional de Salud y que, por lo tanto, deben ser prescritos por los médicos y visados por la inspección, departamento en el que trabaja. Los comúnmente denominados batidos nutricionales están indicados para pacientes quirúrgicos y para aquellos con patologías crónicas (cáncer, SIDA, trastornos neurodegenerativos, síndrome de mala absorción...) que requieren un soporte de nutrientes específico.

Según consta en documentos a los que ha tenido acceso este periódico, el departamento de visados ha autorizado tratamientos con productos de multinacionales para pacientes que no cumplían con parámetros exigidos en los protocolos de actuación (niveles de proteínas, albúminas y peso -índice de masa corporal- por debajo de los valores recomendados). Además, cirujanos, médicos de Atención Primaria y familiares de pacientes han denunciado en escritos dirigidos a las autoridades sanitarias que los tratamientos en los que los facultativos prescriben un producto distinto a los comercializados por las principales marcas del sector son denegados cuando no cambiados “por sistema” por otros de estas multinacionales. En algunos casos, según las quejas formuladas por los galenos, ocasionando un importante perjuicio para la salud de los enfermos.

Las suspicacias en torno a la actuación de Fidelina de la Nuez y otros funcionarios de la inspección médica surgen a finales de 2011, fecha en la que Nutricer, una distribuidora con sede en Gran Canaria, irrumpe en un sector dominado entonces y ahora por las multinacionales -los laboratorios Nestlé, Nutricia, Abbott y Fresenius Kabi acaparan en la actualidad más del 81% de la cuota de mercado en el Archipiélago-. Tras un notable crecimiento inicial, dada la buena aceptación de sus productos en diferentes especialidades médicas, Nutricer comienza a toparse con las primeras trabas en el departamento que expide los visados, que recela de la nueva marca.

La propia De la Nuez menciona a esta empresa en la denuncia que interpone contra una médico de Atención Primaria por cuestiones no relacionadas con la prescripción de dietoterápicos. En este escrito, que da lugar a la incoación de un expediente sancionador contra la profesional sanitaria, la jefa de Farmacia ahora relegada expone que la facultativa había emitido un alto número de prescripciones de productos de la marca que comercializa Nutricer, laboratorio del que, dice, “se había detectado ya previamente una incidencia agresiva en el área de Salud de Gran Canaria”. En ese momento, junio de 2013, las ventas de Nutricer representaban aproximadamente el 11% del total en las Islas y el 17% en Gran Canaria.

“He prescrito dietoterápicos durante muchos años de otras marcas y nunca tuve ningún problema. Prescribo dietoterápicos siempre que lo considero oportuno y beneficioso para la mejora de la salud del paciente, tal es así que no me fijo en quién lo produce, sino en cuáles son sus beneficios (...) Todos los productos pautados (de la marca de Nutricer) tenían las indicaciones correctas, por lo que habían sido autorizados por la propia inspección médica”, explica en una carta fechada en noviembre de 2014 la expedientada, que finaliza afirmando que, después de la apertura del procedimiento, sus peticiones de batidos de Nutricer fueron “sistemáticamente rechazadas”.

El SCS también abrió en enero de 2014, a instancias de la jefa de servicio de Farmacia, un expediente al por entonces máximo prescriptor de los productos de Nutricer en la isla de Gran Canaria, que fue finalmente archivado tras un tenso procedimiento con acusaciones mutuas.

Fidelina de la Nuez se personó en el centro de salud en el que trabajaba el médico, un profesional con más de 30 años de experiencia, para tratar de demostrar que dispensaba batidos de esa marca en su consulta. Posteriormente, el denunciado comprobó que la inspectora había llamado con antelación a la esposa de un paciente, que incluso llevó un carro de la compra a la consulta, para intentar sorprender al médico entregándole los batidos. Del testimonio de la familiar se desprende que fue su farmacéutico quien avisó a la inspectora de esta situación y que el médico de cabecera nunca le dispensó estos productos, sino las recetas para que los retirara en la farmacia, siguiendo el procedimiento establecido. Además, el director del centro de salud reconoció que tenía conocimiento de que De la Nuez iba a cursar esta visita. El facultativo expedientado sostiene que la inspectora preparó la prueba testifical con el objetivo de inculparlo.

Nuevo protocolo en junio de 2014

La Dirección General de Programas Asistenciales, de la que depende la autorización de los productos dietoterápicos, implantó en junio de 2014 un nuevo protocolo de actuación en la provincia de Las Palmas para equipararlo al que ya funcionaba en Santa Cruz de Tenerife. Hasta entonces, los médicos prescribían el tratamiento para tres, seis o doce meses y la inspección médica lo autorizaba o denegaba en función de un informe que definía la patología del paciente.

Ahora, los facultativos sólo pueden prescribir por un máximo de tres meses, plazo tras el cual los tratamientos son revisados por especialistas de endocrinología y nutrición, que son los que determinan la aceptación, rechazo o modificación de los mismos. Para ello se basan en un informe equivalente al que se presentaba en el anterior procedimiento y en una analítica en la que los parámetros de proteínas y albúminas y el índice de masa corporal deben ser inferiores a unos valores establecidos. La finalidad del protocolo, según expone la resolución, es “controlar el gasto en dietoterápicos para evitar el incremento de prescripciones de los mismos”.

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Los productos dietoterápicos son prescritos por los médicos, autorizados por la inspección y dispensados en las farmacias. EFE

Desde la puesta en marcha del nuevo procedimiento han proliferado las quejas de médicos. Cuatro jefes de servicio, tres de ellos de cirugía, solicitaron en noviembre de 2014 la retirada del protocolo por entender no sólo que vulnera su capacidad de decisión, al centralizar la competencia de la prescripción en los endocrinos, sino también que “perjudica gravemente la salud de los pacientes” por generar un aumento “desmesurado e innecesario” de los procedimientos burocráticos para el acceso a la nutrición.

A esta denuncia se le une la de otros cirujanos y médicos de cabecera que de manera insistente han reflejado por escrito las irregularidades en las que, a su juicio, han incurrido tanto la unidad de nutrición como la inspección con las denegaciones de tratamientos a pacientes que tenían derecho a recibir la prestación y cumplían con los parámetros exigidos o con los “cambios sistemáticos” de productos de la distribuidora grancanaria por los de las multinacionales.

Según los datos que figuran en los registros oficiales, en el primer año de vigencia del nuevo protocolo, el ahorro en la prescripción de dietoterápicos en la provincia de Las Palmas superó los 400.000 euros. De ellos, el 67% procedió de una disminución de las ventas de Nutricer. En cambio, en Santa Cruz de Tenerife, donde la presencia de la distribuidora grancanaria era prácticamente testimonial (apenas un 2% del total en 2013 y un 1% en 2014), el gasto durante el mismo periodo se incrementó en algo más de un millón de euros y la facturación de las cuatro multinacionales también aumentó de forma considerable.

Denuncia en los juzgados

En diciembre de 2014 Nutricer presentó una denuncia por corrupción en los juzgados contra cinco funcionarios de la Dirección General de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, entre los que se encontraba la ahora relegada Fidelina de la Nuez, y dos endocrinos. La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria no la admitió a trámite ya que entendía que los hechos denunciados no eran constitutivos de infracción penal y que se reducían a una situación de colisión de intereses comerciales o competencia desleal.

La representación de la distribuidora farmacéutica recurrió ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, especificando que la denuncia -y no querella, como interpretó la jueza- no aludía al control de la actividad de las grandes marcas, sino al control de legalidad de los funcionarios que actúan en el protocolo de autorización de los productos dietoterápicos, que “no usan el mismo rasero ni vara de medir con respecto a los productos de una empresa u otra”. La Audiencia Provincial aún no se ha pronunciado sobre estas alegaciones, presentadas en febrero de 2015.

Fidelina de la Nuez, ahora jefa de sección de Farmacia, ha declinado ofrecer su versión sobre los hechos por los que se le acusa. "Me debo a mis superiores. Si está la denuncia, que funcione y circule, pero no le puedo decir nada, se lo comunicaré a mis superiores y que las cosas salgan por donde tengan que salir. Llevo 31 años de ejercicio y sé cuáles son los procedimientos", ha contestado al ser cuestionada por este periódico.

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