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El TSJC mantiene suspendida la adjudicación del vertedero de Juan Grande

La Sala admite que ha cambiado de criterio. Lo achaca a una "más atinada interpretación y aplicación del ordenamiento aplicable" a este tipo de procesos

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Vertedero de Juan Grande.

Vertedero de Juan Grande.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido mantener la suspensión cautelar que pesa sobre la decisión de 2012 del Cabildo de Gran Canaria de adjudicar el acondicionamiento del complejo ambiental de Juan Grande a las empresas Cespa Gestión de Residuos y Ayagaures.

Esa adjudicación fue impugnada por otro grupo de compañías que optaban a ese contrato (FCC, Ralons Servicios, Bitumex y Urbaser), lo que provocó su inmediata suspensión, de acuerdo con lo que prevé la legislación que regula la contratación administrativa.

Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria estimó unos meses después que existían razones para levantar esa suspensión, porque paralizar ese contrato. razonaba, "repercutiría negativamente en los ciudadanos de la isla cuyo interés como colectividad habrá de prevalecer frente al meramente particular y económico" de las empresas recurrentes.

El TSJC discrepó de esa decisión, la corrigió y volvió a dejar en suspenso la adjudicación del acondicionamiento del vertedero del sur de Gran Canaria, en un fallo que el Cabildo de la isla intentaba ahora enmendar por la vía de un recurso extraordinario de nulidad.

El Cabildo de Gran Canaria advertía, de hecho, al TSJC de que, con el vertedero de Juan Grande, estaba decidiendo justo lo contrario de lo que había fallado con el del Salto del Negro, que se vio inmerso en un litigio idéntico, pero con fallo similar (el tribunal levantó cautelarmente la suspensión de la adjudicación).

El TSJC rechaza esas alegaciones y, si bien admite que ha cambiado de criterio, lo achaca a una "más atinada interpretación y aplicación del ordenamiento aplicable" a este tipo de procesos.

Pero su pronunciamiento tampoco es compartido por toda la Sala: de los cuatro magistrados que la componen, dos firman el auto que mantiene suspendida la adjudicación, otro se muestra de acuerdo con esa decisión, pero discrepa de los argumentos, y la cuarta magistrada aboga por levantar la suspensión y permitir que Cespa y Ayagaures sigan gestionando el complejo ambiental de Juan Grande hasta que se resuelva definitivamente este pleito.

Esta última magistrada, Inmaculada Rodríguez Falcón, sostiene que la Sala debió aceptar los argumentos del Cabildo de Gran Canaria, porque considera que la sentencia sobre el vertedero de Juan Grande no explica las razones por las que el tribunal "se aparta" del criterio que había mantenido respecto al del Salto del Negro.

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