Águeda le gana al Gobierno
El Gobierno de Canarias le ha dado la razón a la vecina del barrio de Ladera Alta, en la capital grancanaria, a la que Emalsa le reclamaba más de 2.000 euros en facturas de agua. Han pasado seis meses desde que Canarias Ahora publicara la historia de Águeda, una mujer sin recursos que tenía que hacer frente a dos pagos de 1.593,44 y 736,85 euros. La empresa mixta de aguas le exigía el gasto causado por una pérdida en su casa, en la que vive en régimen de alquiler por el gobierno autonómico, debido al mal estado de las tuberías.
Medio año después, el abogado de Vivienda le da la razón a Agueda y afirma que es el Gobierno quien tiene que hacerse cargo del 100% de la deuda. “Ellos quedaron en que yo tenía la razón hace ya más de dos semanas”, asegura la afectada, pero recalca que sigue esperando por el pago. “Me dijeron que en 10 días me abonaban el dinero para que Emalsa cogiera el que le falta y me dieran a mí lo que he abonado, que ya voy por más de 500 euros”, aclara.
Las facturas le llegaron entre los meses de noviembre y diciembre y dos técnicos del Instituto Canario de Vivienda se hicieron cargo de solucionar el problema de la pérdida de agua. Condenaron la tubería subterránea que estaba en mal estado y le pusieron una nueva en el interior de su vivienda, pero se desentendieron del pago de la deuda ya que “según el contrato de las viviendas sociales de Canarias no tienen que desembolsar el dinero”, le explicaron a Agueda en aquel momento. Pero ella no se quedó ahí, decidió luchar por lo que le pertenece y ha ganado la batalla.
En el mes de enero desde la Consejería de Vivienda afirmaban que se remitían al contrato para decir que ellos no eran los responsables de asumir el coste. “Se hizo una primera actuación de forma preventiva, porque si no la señora iba a estar sin agua, pero el consumo es muy diferente a la rotura”, argumentaban. Se escudaban en que arreglaban la tubería porque sí les correspondía, pero se negaban a saldar la deuda a pesar de que es una consecuencia de la rotura producida por el uso habitual de la vivienda.
Sin embargo, en el apartado de estipulaciones del contrato, concretamente en el sexto punto, dice: “El arrendatario (en este caso Águeda) se compromete a mantener la vivienda en buen estado de conservación, policla e higiene, quedando obligado a mantenerla en perfecto estado de conservación y a reparar a su costa todas las roturas y deterioros que sufra la vivienda, que no sean producidos por el desgaste del uso normal de las mismas y de sus elementos funcionales o arquitectónicos”.
A la espera de que le llegue el pago a su cuenta bancaria, Águeda celebra la buena noticia, recuperará el dinero que ha desembolsado a Emalsa en estos seis meses y el Gobierno se hará cargo del resto del pago a la empresa capitalina. Aún así, sigue a la espera que se acerquen a su vivienda para arreglar los dos cables que rompieron los técnicos al hacer la primera obra en su vivienda, uno del teléfono y otro del timbre.
