Una “alfombra roja” para los interinos en las oposiciones de Justicia

La Asociación por los Derechos de los Opositores a la Administración de Justicia (Adoaj) asegura que el nuevo concurso-oposición, cuyas bases comunes fueron publicadas el pasado 15 de marzo, “tiende una alfombra roja” al personal interino, porque la parte de conocimientos se valora en un 60% y la fase de méritos con un 40%. El colectivo considera injusto que casi la mitad del procedimiento para acceder a una plaza dependa de la antigüedad (50%), anteriores exámenes realizados, titulaciones obtenidas y cursos de formación, de los cuales solo computan aquellos que estén homologados por el Instituto Nacional de la Administración Pública, el Instituto Canario de la Administración Pública y el Ministerio de Justicia.

Aunque aún no se han publicado las bases específicas, donde se establece con detalle cuánto se otorga a cada prueba, Antonio Cantero, portavoz de Adoaj, estima que con estas bases el personal interino en la administración de la Justicia parte con ventaja frente a los opositores que no lo son. A modo de ejemplo, expone que, si un interino tuviera todos los méritos, le bastaría con la nota mínima del examen para ser funcionario; mientras que, por libre concurrencia, “tienen muy difícil poder optar a una plaza aun superando con muy buena nota la fase de oposición”.

Además, Cantero señala que, en este proceso, por primera vez, se ha establecido el número de opositores por plaza, con una ratio de diez, al tiempo que recuerda que antes de este procedimiento el tribunal calificador era el encargado de establecer los cortes para pasar a la siguiente prueba. “La pasada convocatoria pasaron 1,3 opositores por plaza de media, de manera que el aspirante que había superado el primer examen tenía prácticamente asegurada la plaza y hacía que el resto de las pruebas carecieran prácticamente de sentido”. Pero esto también conllevó a que “en algunas comunidades autónomas se quedaran plazas vacantes”.

Ahora, con este procedimiento, “si se pasa la nota de corte se accede al concurso, que es donde se valoran los méritos” y, al establecer una ratio de 10 plazas, la nota de corte desciende, por lo que según la asociación “los interinos tendrán más opciones para poder llegar a la fase de concurso y que sus méritos sean valorados”.

Esta situación es fruto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos en marzo de 2017, que busca reducir la alta temporalidad existente en la administración pública por debajo del 8%; esta decisión obedece al dictado de la Unión Europea, que criticó el abuso de la temporalidad por parte del Gobierno central y ha reclamado que se reduzca. Lo que rechaza Adoaj es que el peso del concurso de méritos alcance el 40%, mientras que en la anterior convocatoria mediante el procedimiento de concurso-oposición fue del 20%, en 2008.

Intersindical Canaria, que defiende los derechos de los trabajadores de la administración de la Justicia, considera que los méritos que se exigen en el concurso-oposición “no suponen un privilegio”, porque además de estar en la administración de Justicia prestando servicios efectivos, también suman las titulaciones o los cursos de formación desarrollados.

El sindicato explica que existen unos ratios altos de interinaje en Canarias, en ocasiones superando el 60% del personal -principalmente debido a la época de la crisis, cuando se congelaron las plantillas en las administraciones públicas-, pero achaca la responsabilidad a los sucesivos gobierno regionales desde 2009, año desde el que no se renuevan las listas de reserva de funcionarios interinos en la administración de Justicia en Canarias, para que suplan la imposibilidad de cubrir plazas por titulares.

Esto se aplica en el Archipiélago desde hace 20 años y es competencia del Ejecutivo autonómico. Mediante este procedimiento, que se lleva a cabo por el sistema de concurso, se cubren vacantes por bajas de personal que piden un traslado a otra administración o solicitan una excedencia, por ejemplo. Además, de esa lista de interinos también se nutren las plantillas judiciales cuando hay una carga ingente de trabajo, como ha sucedido, por ejemplo, durante la crisis de los cayucos en 2006 o la trama del caso Eólico. La normativa especifica que esas listas deben renovarse cada tres años, pero desde 2009 se ha impedido el acceso a esa oferta de expectativa de empleo público.