34 años de cárcel por meter hachís en Tenerife
El Tribunal Supremo (TS) acaba de ratificar las penas de 34 años y medio de cárcel y multas por valor de 17 millones de euros impuestas el pasado año por la Audiencia Provincial de Tenerife a una banda integrada por doce personas la mayor parte de ellas con antecedentes penales que en 2006 intentó introducir en Tenerife casi una tonelada de hachís.
Según el relato de los hechos la policía inició sus investigaciones en el verano de ese mismo año cuando recibió información de que un grupo organizado integrado por marroquíes y españoles se dedicaban a la introducción y venta de grandes alijos de droga a través de la Línea de La Concepción en Cádiz. Tras interceptar varias conversaciones telefónicas se tuvo conocimiento de una operación para intentar trasladar este tipo de drogas desde un punto de la costa africana hasta el norte de Tenerife.
Las investigaciones policiales permitieron conocer los pormenores de este dispositivo para cuya ejecución los acusados dispusieron de varios vehículos y una lancha tipo zódiac de doce metros de eslora que partió desde Lanzarote el 8 de octubre de 2006. En la isla conejera los miembros de la banda contaron desde el momento de su llegada el 29 de septiembre de alojamiento y dinero en efectivo que les facilitó uno de los miembros de este grupo de nacionalidad colombiana que resultó igualmente condenado. Finalmente en un punto indeterminado de la costa de marroquí cargaron 50 fardos de hachís y también trasladaron a un ciudadano de este país que ya había sido expulsado anteriormente de España por encontrarse en una situación irregular.
Mientras otros miembros de la banda permanecía hospedados en un hotel del Puerto de La Cruz encargándose de los preparativos para la llegada del cargamento a la vez que estaba al día de todos los pormenores que tenían lugar durante la travesía y de los que estaba también al tanto la policía nacional que seguía interceptando las llamadas realizadas vía satélite.
Otras personas relacionadas con esta trama y que en algunos casos no se pudo demostrar que tuvieran conocimiento de los hechos delictivos participaron de distinta forma como alquilando vehículos o trasladando a los miembros de la banda al punto de desembarco. Finalmente, la embarcación llegó a la playa de Punta Barranquilla donde consiguieron desembarcar la mercancía con una pureza que llegaba al 9%. La mayoría de las detenciones las llevó a cabo la policía en la carretera y para ello los agentes contaron también con el apoyo de un helicóptero. Algunos de los acusados consiguieron huir pero fueron luego capturados como ocurrió con uno de ellos que se refugió en un hotel del Puerto de La Cruz y fue luego detenido tras sacar dinero de un cajero.
Tras la emisión del fallo por parte de la Audiencia Provincial, la representación legal de los acusados intentó desmontar las condenas alegando que las intervenciones telefónicas fueron ilegales. Un argumento que es rechazado por el Supremo que considera que le decisión del juez de autorizar las escuchas estaba justificada dada la gravedad de los hechos que se iban a cometer. El Supremo llega a calificar de “modélica” la sentencia de la Audiencia en cuanto consiguió probar la culpabilidad de los encausados y como todos ellos actuaron de forma coordinada para cometer los hechos que concluyeron en las condenadas ratificadas por el TS.
