Arona, ante el Ministerio Fiscal por desacato
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado en el Senado que pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal el listado de las ocho administraciones que no han contestado a tres o más requerimientos de información realizados por la Institución. Concretamente se trata de la Universidad Complutense de Madrid, el Colegio de Abogados de Toledo, la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana, y los ayuntamientos de San Fernando de Henares y Leganés (Madrid), Torredembarra (Tarragona), Langreo (Asturias) y Arona (Tenerife).
“Si los ciudadanos tienen que cumplir la ley más presencia tienen que dar las administraciones, tienen que responder al Defensor y si no responden es un desacato. Es responder a problemas, inquietudes o preguntas de los ciudadanos y están absolutamente obligadas todas las administraciones”, ha subrayado durante su comparecencia ante el Pleno para presentar el informe relativo a 2011.
En el caso de la Universidad Complutense, la información requerida a la que no han contestado trata sobre la solicitud de plaza en Colegio Mayor y problemas de acceso a la vivienda de Residencia de Profesores; en el Colegio de Abogados, sobre el funcionamiento del turno de oficio en abogados y la denegación de asistencia jurídica gratuita; y en la Consejería de Infraestructura de la Generalitat, sobre construcción de un acceso peatonal-ciclista en Valencia.
Por otro lado, en el caso del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, las preguntas presentadas por el Defensor del Pueblo que no han recibido respuesta, tratan sobre el procedimiento de responsabilidad patrimonial, la reclamación de responsabilidad patrimonial y la ruina inmueble por construcción del metro; en el de Torredembarra, sobre inseguridad en la estación de tren de la localidad y la inactividad de la policía ante ruidos en un bar; en el de Langreo, sobre actividades clasificadas como molestas e insalubres --ruido y polvo en fábrica-- y sobre la no contestación de licencias urbanísticas; en el de Leganés, sobre el retraso en devolución de tasas; y en el de Arona, sobre la solicitud de vivienda de protección oficial.
El pasado 6 de noviembre, Becerril ya anunció durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo su intención de poner en conocimiento del Fiscal General del Estado un listado con más de 50 administraciones --municipales, autonómicas, colegios profesionales y universidades públicas-- que no habían respondido a sus peticiones de información.
Tras este anuncio, según ha explicado, casi todas las administraciones subsanaron el error y remitieron a la Institución la información requerida. Sin embargo, ocho de ellas siguen sin contestar y, por ello, la Defensora remitirá estos casos al Ministerio Fiscal.
