Las ayudas para libros de texto se reducen en más de un 80%
La partida destinada a financiar los libros y el material escolar en los niveles obligatorios de enseñanza sufrirá un drástico recorte el próximo curso académico en el Archipiélago. Según las fuentes consultadas por este periódico, el Gobierno de Canarias destinará entre 1 y 1,8 millones de euros a estas ayudas a las familias, lo que supondrá un recorte de más del 80% con respecto al año pasado, cuando los fondos ascendieron a los 8,3 millones de euros.
La consejería de Educación impulsó el programa de gratuidad de libros en 2006 y hasta la fecha ha contado con el respaldo del Ejecutivo central, que en agosto de 2011 firmó un convenio de colaboración donde se comprometió a aportar 3,4 millones, aproximadamente un 40% del montante total. Sin embargo, para el curso que comienza en septiembre ya ha anunciado que no derivará ni un solo euro a este programa.
Además, el desfase producido por los recortes implantados desde Madrid han obligado al Gobierno de Canarias a replantear una fórmula que este curso ha dado cobertura a las familias con unas ayudas que rondaban los 100 euros en la educación primaria y los 140 en secundaria para hacer frente a unos lotes que podían ascender hasta los 260 euros. Así, los 4,9 millones que asignó en 2011 para esta programa se verán reducidos entre una cuarta y una quinta parte en 2012.
Georgina Molina, directora general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, ha explicado a este periódico que, con respecto al curso pasado, se producirán dos cambios fundamentales en este servicio. Por un lado, se congela la reposición de libros. “Durarán un año más, porque renovarlos cada 4 años y tirar los antiguos es un desperdicio”, explica Molina, que insiste en que los libros “seguirán siendo gratuitos para quienes así lo quieran” con los préstamos de los lotes de los que disponen los centros.
Por otra parte, Educación cambia el sistema de tarjetas electrónicas que hasta ahora se entregaban a cada familia para financiar una parte de los lotes de libros. A partir del próximo curso, supedita la ayuda al nivel de renta, pero incorpora un matiz con respecto al criterio que se ha venido aplicando, por ejemplo, con las becas de comedor. Para poder beneficiarse de este servicio, la renta de la unidad familiar no puede superar los 15.278 euros en caso de que tenga un máximo de cuatro miembros, una cantidad que aumenta en 1.803 euros por cada miembro computable a partir del cuarto.
Sin embargo, debido a la inestabilidad que reina en el mercado laboral en esta época de crisis, la Consejería ha aceptado una reivindicación de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) y baremará no solo la declaración de la renta del año anterior, sino también la situación económica de las familias en los dos últimos meses. “De lo que ha pasado el año anterior a lo que está pasando ahora, puede haber un abismo. Los padres se pueden quedar en el paro y sin ingresos en cuestión de meses”, justifica la directora general, que añade que una parte de estos fondos serán destinados a los dos nuevos centros que abrirán en el Archipiélago y a los colegios que tengan un aumento significativo de alumnos.
La Federación de AMPAS Galdós, por su parte, considera que estos recortes “afectarán enormemente” a los bolsillos de las familias y, por ello, reclaman que el umbral de renta para poder beneficiarse de la ayuda se incremente. “No defendemos el café para todos, pero sí un baremo más justo. Para determinados cursos, no hay libros para todos los alumnos y los centros tienen poco dinero para reponerlos. Si no les llega, los tienen que comprar y cuestan carísimos”, expone Alicia Reyes, la presidenta de la federación, que incide en que el 39% del alumnado de Canarias procede de entornos desfavorecidos y que una de cada seis familias tiene a todos sus miembros en situación de desempleo.
Supresión de la acogida temprana
Educación también ha anunciado que suprimirá los fondos destinados a la acogida temprana, un servicio para que los padres puedan dejar a los niños en el colegio desde las 07.00 horas y hasta el inicio del horario lectivo. El pasado curso esta partida rondó los 4 millones de euros. “Nosotros siempre estuvimos en contra de que se le llamara medida de calidad del sistema educativo, como lo hacía Milagros Luis Brito -anterior consejera de Educación, que implantó su gratuidad en 2008-, porque es un servicio de conciliación laboral y escolar”, subraya la presidenta de la Federación Galdós.
''El Gobierno tenía interés en seguir ofreciendo la acogida temprana, pero se han suprimido programas de cooperación territorial, ha habido un recorte importante del Estado y no hay otra solución“, argumenta Georgina Morales, que aconseja a las AMPAS que establezcan un sistema compensatorio a la hora de gestionarlo, de manera que ”pague más quien más tenga“.
