La sanidad canaria deja sin ayudas para sillas de ruedas y prótesis a víctimas de accidentes de tráfico

Nereida conserva un recuerdo nítido de la madrugada del 20 de septiembre de 2003. Aquella noche había ido a una fiesta con su familia. El accidente ocurrió cerca de las tres y media en la carretera de El Salobre, en el sur de la isla de Gran Canaria, a escasos metros de su vivienda. “Había un socavón en la bajada y luego una curva. El coche dio un pequeño salto y mi madre perdió el control. Chocamos contra una farola y después, contra la puerta del garaje de la casa de mis abuelos. Mi madre me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero luego vi que no me podía mover”, cuenta la joven, que entonces tenía 13 años.

Apenas unos minutos antes, Nereida se había quitado el cinturón de seguridad para dejar que saliera del vehículo otra persona. No se lo volvió a poner porque faltaba muy poco para llegar a su casa. “Estaba recostada en el asiento. Al chocar, reboté con el asiento del copiloto (que ocupaba su tío) y caí para atrás. Me quedé entre el asiento del copiloto y el mío”. Su madre apenas sufrió rasguños y su tío, una cervicalgia. Nereida quedó tetrapléjica. “No fue un accidente aparatoso, pero el cuello hizo un mal movimiento y lesionó la médula”.

Tras un periodo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), a la que volvería tiempo después por una recaída, Nereida fue ingresada en la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular de Gran Canaria, que se había abierto apenas tres años antes como referente para todas las islas. “No tengo la certeza de en qué momento me dijeron que me iba a quedar sin movilidad, que no iba a volver a caminar más, pero no lo llevé mal. Tenía solo 13 años. Cuando tienes una edad más avanzada, tienes más planes, más metas. Y ahí fastidia más. La edad y la forma de ser de cada uno, el carácter, influye”.

En el hospital compartió habitación con Rebeca, una joven que había quedado parapléjica tras la lesión medular que sufrió en otro accidente de tráfico en agosto, un mes antes del siniestro de Nereida. “No recuerdo cómo fue, ni estar dentro de una ambulancia para ir al hospital ni estar en urgencias. No recuerdo nada de eso. Cuando abrí los ojos, estaba ingresada en una cama”, relata Rebeca, que cuando se produjo el accidente volvía a su casa junto a unos amigos tras haber salido a dar una vuelta.

Nereida abandonó la unidad de lesionados medulares el 5 de marzo de 2004. Rebeca, un poco antes. En el hospital entablaron una amistad que perdura más de dos décadas después. Ahora, han decidido hacer causa común y alzar la voz después de recibir sendas cartas del Servicio Canario de Salud (SCS) que les deniegan las ayudas que han venido recibiendo desde hace años para la compra de sillas de ruedas y otros artículos ortoprotésicos.

Hasta ahora, la sanidad pública canaria costeaba en parte esos gastos mediante la llamada prestación ortoprotésica suplementaria de dispensación ambulatoria, considerándolos parte de los cuidados crónicos de las personas afectadas por accidentes de tráfico. Son las direcciones de área de salud quienes tramitan y resuelven las solicitudes. Los pacientes tenían que pedir presupuesto a los establecimientos autorizados para la venta de este tipo de productos y entregar un modelo (denominado P8) para pedir la ayuda.

Los importes de estas prestaciones están recogidos en un catálogo aprobado a través de una orden de la Consejería de Sanidad (la última es de 2022) y oscilan en amplios rangos. Por ejemplo, las ayudas para la compra de sillas de ruedas de propulsión manual van desde los 234 euros (la más básica, rígida y no plegable) hasta los 2.340 euros (basculante, para alteraciones neurológicas graves). Para las motorizadas, van desde los 3.200 hasta los 4.500 euros. Esa orden también fija el periodo de uso de esos productos. En el caso de las sillas de ruedas, suele ser de entre tres y cinco años, dependiendo de las prestaciones.

Según cuentan Rebeca y Nereida, hasta la fecha el SCS siempre había autorizado las solicitudes, siempre que se acreditara que había pasado el periodo de vida útil de los artículos. Nereida pidió el pasado 1 de abril un cojín antiescaras para la prevención de úlceras. Según el mencionado catálogo, la ayuda para este producto asciende a 616 euros y la paciente sólo tiene que abonar 30 euros. Rebeca, por su parte, solicitó una prestación de unos 1.800 euros para la compra de una silla de ruedas, aunque su coste es bastante superior. “Yo conduzco. Tengo una niña de seis años, estoy sola con ella y necesito una silla que pueda coger bien para subirla al coche. Yo me meto en el coche y desde dentro pliego la silla y la paso por delante para ponerla en el asiento del copiloto. Entonces, lógicamente, no puedo tener una silla que pese 10 kilos. Y por eso son más caras”, explica.

A diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora, la dirección del área de salud de Gran Canaria les ha negado esa ayuda. La Consejería de Sanidad alude para ello a la Ley 35/2015 de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Y, más en concreto, a su artículo 115, que estipula que deben ser las mutuas aseguradoras quienes resarzan directamente a las personas lesionadas el importe de las prótesis y órtesis que precisen a lo largo de su vida.

Desde la administración autonómica han trasladado a la familia de Nereida que hasta ahora no se había aplicado de forma correcta esa ley en Canarias y que la instrucción que se ha dado es que cuando se solicita la prestación para los productos ortoprotésicos hay que comprobar si quien lo pide es un afectado por un accidente de circulación para, en ese caso, denegarla y que tenga que reclamar ese importe, en todo caso, a la aseguradora.

“Ella tuvo el accidente hace casi 22 años. A ver quién reclama ahora al seguro, no tiene ni siquiera dónde”, señala Paula, prima de Nereida. “Si esto se hubiera sabido en el momento en que la indemnizaron, se hubiera negociado con la aseguradora para que subvencionara cada cierto tiempo los artículos que necesitas. Pero ahora no se puede”, añade. “No pueden venir 21 años después a cambiar esto, porque en su día, entonces, el abogado hubiera llegado a otro acuerdo con el seguro. Ahora me tengo que buscar la vida para pagarla. Estamos hablando de que es una silla de ruedas, que sin esto no me puedo mover. No son unas playeras Armani, es una necesidad”, subraya Rebeca.

“Estamos empezando por un cojín, que son 600 euros, pero cuando toque la silla (que ya debe cambiar al haber transcurrido los cinco años de uso fijados) estamos hablando de más de 4.000 euros. Y también son las baterías”, incide Nereida.

Para su prima Paula, es importante atender las circunstancias personales. “Hay personas que no trabajan, que no tienen ingresos… Nereida tiene dos cuidadoras en casa y la pensión contributiva que recibe no le da ni para pagar a una”. señala. Dice que recibe unos 800 euros al mes y que el coste laboral de las personas que la cuidan supera los 2.500. Del ayuntamiento sólo tiene una hora de ayuda a domicilio al día “para bañarla”. “De la indemnización que le dieron va quedando muy poquito. Con ese dinero se comía en su casa, se pagaba la luz, el agua, el teléfono, porque su madre entonces no trabajaba”, recuerda. Después, le dieron un piso de protección oficial. Ahora, Nereida vive sola y recibe la ayuda de dos cuidadoras.

Stop Accidentes

Nereida y Rebeca han creado un grupo para encontrar más afectados. De momento se han sumado otras dos personas. “Nuestra idea es formar piña. Lo que pasa es que a muchas no les ha llegado la carta porque no han pedido las ayudas aún y no se sienten afectadas”, señala la primera. También se han puesto en contacto con Stop Accidentes, una asociación de ayuda y orientación a las víctimas de siniestros de tráfico. “Nos han llegado varios casos y todos están siendo derivados al servicio jurídico, porque tienen que presentar una reclamación”, señala Zeltia Rodríguez, portavoz de este colectivo en Gran Canaria.

Los servicios jurídicos de esta asociación explican que la ley a la que alude el Servicio Canario de Salud para denegar las prestaciones contiene una disposición transitoria sobre “aplicación temporal del sistema”, que establece que los postulados recogidos en esa norma se aplicarán “únicamente a los accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor”. Es decir, que esta ley no se aplica a los accidentes anteriores al 1 de enero de 2016 y que, por tanto, la sanidad canaria “tiene que atender a todas las personas en la renovación de prótesis que tuvieron accidentes” con anterioridad a esa fecha, puesto que, de no hacerlo, “estarían vulnerando una normativa legal”.

Zeltia Rodríguez lamenta la “injusticia” que, en su opinión, se está cometiendo con unas personas que “son totalmente dependientes de este tipo de ayudas para llevar una vida algo más normalizada”. “En buena parte de los casos hay sentencias firmes en las que no aparece que la cobertura de ayudas asistenciales que precisa la persona a lo largo de su vida la vaya a asumir la mutua aseguradora. Eso no está escrito, con lo cual la mutua se lava las manos. Estamos en una espiral”, lamenta la portavoz de la asociación.

Contra las resoluciones denegatorias del SCS se puede presentar una reclamación previa a la vía judicial en un plazo de treinta días. De ser desestimada, habría que acudir a los tribunales. La Consejería de Sanidad aún no ha contestado a las preguntas de este medio.