La contaminación de los municipios de Gran Canaria, a examen

Reducir en un 40% la emisiones de dióxido de carbono de los municipios de Gran Canaria antes de 2030. Con este objetivo, una decena de ingenieros e ingenieras, contratados por el Consejo Insular de Energía del Cabildo, pasarán diez meses analizando la sostenibilidad de distintos Ayuntamientos de la Isla suscritos al Pacto de los Alcaldes. Este proyecto europeo une a los gobiernos locales que se comprometen de forma voluntaria a adoptar los propósitos de la Unión Europea en cuanto a clima y energía para 2050. Fortalecer su capacidad de adaptación, facilitar el acceso de la población a una energía segura y respetuosa con el medio ambiente o descarbonizar sus territorios son algunos de los fines que persiguen. Gran Canaria es la única isla del Archipiélago en la que todos los municipios han suscrito el pacto. Sin embargo, otras corporaciones como el cabildo insular y quince ayuntamientos de Tenerife, el cabildo y 14 municipios de La Palma y uno de El Hierro se han adherido a esta iniciativa.

Mogán, San Mateo, La Aldea, Guía, Arucas, Artenara, San Bartolomé de Tirajana, Agaete y Santa Lucía son los municipios que en esta ocasión serán sometidos a examen. Daniel Hernández y Guillermo Díaz trabajan juntos en La Aldea y en Guía. Los técnicos explican que las emisiones se estudian a través de dos áreas principales: el consumo de electricidad y la flota de vehículos de la que dispone el Ayuntamiento. “Elaboramos un inventario sobre los medios de transporte de la corporación y lo relacionamos con el consumo de gasolina y diesel que requieren”, señala Hernández. Para disponer de una visión más completa del consumo municipal, también se recuenta de forma estimada el gasto de las viviendas y comercios privados. “En el caso de las dependencias públicas los datos se incluyen de manera exacta. Sin embargo, en estas áreas se hace una estimación teniendo en cuenta la población del municipio y las emisiones totales en el sector residencial y en el comercial”, añade el ingeniero.

Para ejecutar este análisis, los profesionales han recibido durante una semana formación específica por parte de técnico del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). “Hemos estudiado cómo leer las facturas, cómo se miden los consumos eléctricos y qué subvenciones da la Unión Europea a los territorios para adaptarse al cambio climático”, explica Cristina Sánchez, que durante los próximos meses trabajará en Mogán y en San Mateo.

Una vez elaborado el diagnóstico y trasladadas las conclusiones a las corporaciones, los ayuntamientos deben pasar a la acción. En esta segunda fase, los técnicos propondrán medidas para paliar las emisiones. Las soluciones pasan obligatoriamente por las energías renovables. Sánchez explica que otras vías son la instalación de luces leds en lugar de seguir con el vapor de sodio o hacer auditorías energéticas en los edificios para reajustar el consumo. Por su parte, el técnico Raúl Santana añade como medida la incorporación de vehículos eléctricos a la flota de transportes.

Muchos municipios no parten de cero. Según los profesionales, hay algunos ayuntamientos que ya han trabajado en medidas de movilidad o informando a la ciudadanía sobre las bonificaciones que existen para instalar energías limpias en los hogares. Cristina Sánchez explica que hay otros que aún no han dado grandes pasos en materia climática, pero tienen voluntad. “Para eso estamos, para que todos se suban al barco. Esto es una batalla”, anima.

La transparencia de las corporaciones es fundamental para que los técnicos puedan hacer su trabajo. En el caso de Mogán y San Mateo, Raúl Santana reconoce que acceder a los datos de 2012, punto de partida del análisis, es complicado porque los equipos de gobierno son distintos a la fecha, pero insiste en que las administraciones se muestran dispuestas a ayudar. Por su parte, Guillermo Díaz lamenta que no se puedan obtener datos anteriores para realizar un histórico completo. Sin embargo, el equipo, integrado por Cristina, Daniel, Yoana, Raúl, Guillermo, Alberto, César, Carla, Patricia y Carlos coincide en que el proyecto será positivo tanto para ellos, como para la ciudadanía y los ayuntamientos. Sobre todo, supondrá, según Díaz, un impulso para aquellos más rezagados en materia climática.