El decano de Arona pide ''impartir justicia del primer mundo''
Decano de Arona (Tenerife) dice que piden medios para “impartir justicia conforme a un país del primer mundo”
El magistrado Díaz Frías asegura que el modelo de oficina judicial español es “del siglo XIX” y que es el Gobierno canario quien tiene que atender las demandas de los jueces “Arona necesita seis juzgados más de primera instancia e instrucción, casi el doble de los que existen”, según su decano
El magistrado y decano de Arona, Nelson Díaz Frías, ha asegurado que los jueces piden los medios necesarios “para que se pueda impartir Justicia de manera digna y conforme a los parámetros de un país del primer mundo”, ya que, por ejemplo, no se cuenta con firma o notificación electrónica, ni con una base de datos común para toda la estructura judicial del país que permita, entre otras cosas, conocer si una persona tiene una orden de detención u otro asunto judicial pendiente en un juzgado distinto, incluso dentro de un mismo Palacio de Justicia.
Díaz Frías explicó en una entrevista que el modelo de oficina judicial española “es del siglo XIX y no del XXI”, y puso encima de la mesa los problemas de cohesión entre las diferentes autonomías con competencias transferidas en materia de Justicia, caso de Canarias. “Cada comunidad que tiene transferidas las competencias tiene un sistema informático diferente. El de Cataluña es distinto al de Canarias o Galicia. No hay una base común y ésto, en el siglo XXI, es difícilmente explicable cuando sí la hay, por ejemplo, en la administración tributaria o policial. Eso es lo que estamos pidiendo”, sentenció.
En este sentido, apuntó al Gobierno de Canarias como la Administración que “en todo caso tiene que atender estas reivindicaciones” por parte de la carrera judicial en las Islas, pues tiene autoridad en medios personales y materiales. Desde finales de la década de los 90 Canarias tiene las competencias transferidas, así que “está claro quién es la administración competente en esta materia”, remarcó, para destacar que el Ejecutivo regional había comprometido la creación de cuatro órganos jurisdiccionales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para el 30 de diciembre, que no se han hecho y que, en todo caso, “parece que entrarán en funcionamiento en mayo” de 2009.
En el caso de las otras dos reivindicaciones de los jueces --cumplimiento de la ley de retribuciones y no injerencia política--, las miradas vuelven al aparato del Estado. El decano, al frente del polémico caso Arona, destacó que la Ley de subidas salariales en vigor “a día de hoy no se está cumpliendo”. “Y tenemos derecho a que se cumpla. Otra cosa es que por la coyuntura actual se quiera renunciar o se pueda posponer. Mi opinión es que todo es negociable”, clarificó.
Seis juzgados más para garantizar plazos “normales” en Arona
En el caso de su partido judicial, el del municipio de Arona, Díaz Frías asegura que es necesario al menos “otros seis Juzgados” de Primera Instancia e Instrucción, casi el doble de los ocho que ya hay, aunque menos de los 16 que actualmente permite el Palacio de Justicia. “Catorce juzgados de primera instancia e instrucción son los que debería de haber como mínimo para que Arona pueda tramitar en un tiempo normal los asuntos penales y civiles”, sentenció.
El decano aseguró que la carga de trabajo en Arona es literalmente “inabarcable”, cosa que “sabe perfectamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como que se supera clarísimamente el volumen de asuntos que sería aconsejable” en un “partido judicial de los más complicados de España por su extensión territorial --que ocupa toda la zona suroeste de la isla de Tenerife--, por los cayucos y pateras, la gran complejidad de casos civiles y penales, por la cantidad de turistas, núcleos conflictivos, zonas de campo, de medianías y todo tipo de asuntos a tratar”.
Asimismo, recalcó que en los dos últimos años han “ido para atrás”, pues antes había nueve juzgados pero como consecuencia de la Ley de Violencia de Género “uno de ellos se reconvirtió a específico de violencia sobre la mujer” sin simultáneamente conllevar la creación de un nuevo juzgado que cubriese esa carencia. “Donde eramos nueve, ahora el mismo trabajo se está repartiendo entre ocho, y el volumen que libera el juzgado de violencia de género [que no funciona fines de semana ni festivos] no compensa la pérdida de uno de los de instrucción”, razonó.
“Frustración a pesar de las ganas”
El decano reconoció que esta situación genera en los magistrados “cierta frustración”. “Porque tú puedes echar todas las horas del mundo que quieras, y de hecho las echamos, pues prácticamente todos los jueces, no sólo de Arona, sino de toda España, nos quedamos muchas tardes para poder sacar las sentencias. Tú le puedes poner todo el voluntarismo que tienes, todas las ganas, pero el volumen de asuntos y la carga de trabajo es tan inabarcable que genera en nosotros cierta frustración como profesionales, porque tú querrías resolver esos problemas mucho antes de lo que se consigue, pero el volumen de trabajo te lo impide”, indicó.
Díaz Frías criticó también que países de la Unión Europea (UE) como Polonia, con una población similar a la de España con 40 millones de habitantes aproximadamente, o incluso más de nuestro entorno como Francia y Alemania invierten hasta tres veces más en Justicia que España, que este año por primera vez alcanzará el 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB), después de muchos años que no llegaba al 1%.
Cerca de 20 casos diarios y 3.800 al año
El decano, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Arona, acaba el año con “3.000 diligencias previas y cerca de 800 causas civiles”, lo que supone que debe resolver de media 20 causas al día, algunas -eso sí- muy breves y sencillas, pero otras tan largas como el caso Arona, que mantiene imputado al actual alcalde de Arona y a los siete concejales de la anterior junta local de gobierno desde hace más de un año.
Además, puso el acento sobre la interinidad de los funcionarios como “un problema extendido en toda la Administración de Justicia” y explicó que él mismo tuvo que pasar “muchas horas formando” a sus funcionarios, ya que hasta ese momento “la mayor parte jamás había trabajado en un juzgado ni en la Administración de Justicia”.
Eliminar la figura del juez sustituto
Díaz Frías apostó por eliminar definitivamente la figura del juez sustituto -que no tiene la misma preparación que el de carrera- y modificar la ley para introducir al conocido como juez volante, que pueda sustituir donde se requiera, pero con la misma formación, oposición e instancias por las que tienen que pasar fiscales y jueces de carrera.
“Es que muchos acaban de terminar la carrera y aunque tienen los conocimientos teóricos que adquirimos todos en la universidad, no tienen ese plus de formación y práctica que tiene un juez profesional. Preparamos una oposición, estamos nueve meses formándonos en la escuela judicial, después otros seis meses de juez adjunto con un juez tutor en un juzgado y de todo eso carece un juez sustituto. Y aunque por norma general hacen bien su función, no es a lo que debemos aspirar”, sentenció, “sino a que en un Estado de Derecho la Justicia sea impartida por los mejor capacitados a través de los diferentes concursos y oposiciones que se hacen conforme a los principios de mérito y capacidad”.
