La patria viva de Repsol y el país que respira humo

En el día del Aberri Eguna conviene detenerse en una imagen de principios de este año. En la Casa Blanca, Donald Trump reunía a las grandes petroleras para decidir quién podrá operar sobre los recursos energéticos de Venezuela bajo ocupación estadounidense. Entre los ejecutivos presentes estaba Josu Jon Imaz, antiguo dirigente del nacionalismo vasco y hoy consejero delegado de Repsol. Su intervención fue pobre y sumisa pero no menos reveladora: agradeció a Trump “abrir las puertas a una mejor Venezuela” y ofreció triplicar la producción de la compañía.

No es sólo geopolítica en abstracto, sino su forma más cruda: un orden en el que los recursos de los pueblos se negocian sin ellos y en el que las grandes corporaciones no sólo se adaptan a ese poder, sino que lo legitiman y lo necesitan. Una fotografía condensa la alianza entre capitalismo fósil y poder político autoritario, y nos obliga a preguntarnos qué significa hoy hablar de patria cuando la soberanía deja de ser una capacidad efectiva de decisión y se convierte en un lenguaje épico, pero vacío, que termina normalizando formas contemporáneas de vasallaje.

Tras la invasión de Ucrania y el genocidio en Gaza, seguir hablando de conflictos al margen de la soberanía por el control de los recursos energéticos no es un error de análisis, sino una forma de complicidad. Porque lo que allí se disputa —el control de la energía, de las rutas, de los mercados— determina aquí cuánto nos cuesta la vida, cuánto pagamos por vivir. Cada guerra se traduce en precios más altos, en inflación energética y en una transferencia de renta desde las mayorías sociales hacia quienes controlan ese sistema. Y ese mecanismo tiene nombres y cifras. Seguimos hablando de Repsol, de Josu Jon Imaz, que percibió más de 4,7 millones de euros en el último ejercicio, en un contexto en el que la propia compañía reforzaba su posición dominante en plena crisis energética. Mientras tanto, en Euskadi, en el país de Josu Jon Imaz, más de 170.000 personas no han podido mantener una temperatura adecuada en sus hogares durante el último invierno. No es sólo un dato: es gente que pasa frío en casa. Es la misma lógica operando a distintas escalas: acumulando beneficios en la cúspide y desplazando sus costes hacia la vida de la gente trabajadora.

Este Aberri Eguna llega en ese contexto. Durante décadas, las elites políticas han proyectado Euskadi como un país modélico, capaz de combinar desarrollo económico, cohesión social y estabilidad institucional, hasta convertir ese relato en la coartada de su propia continuidad en el poder. Pero ese marco ya no se sostiene. Lo que emerge hoy, en el día de la patria vasca, es una brecha que no es discursiva, sino material, y que atraviesa cómo vivimos —y, con ello, lo que somos— en un contexto de vulnerabilidad estructural y exposición directa a crisis que no controlamos. En este escenario, el PNV nos habla de “ser más nación”, mientras Euskadi sigue siendo profundamente dependiente de los combustibles fósiles y de mercados energéticos volátiles. Nos habla de “patria viva” mientras permanecemos a la cola de Europa en el despliegue de energías renovables. No es una contradicción: es la prueba de que el relato ha dejado de describir la realidad para empezar a encubrirla. En otras palabras: nos están vendiendo humo.

Y aquí, el humo no es una metáfora. En Muskiz, la actividad de Petronor —filial de Repsol— ha vuelto a hacer visible una realidad que lleva demasiado tiempo siendo normalizada: episodios de contaminación, alertas tardías y una población que, en momentos críticos, es llamada a encerrarse en sus casas para protegerse de lo que respira. No es un accidente, ni una excepción, sino una expresión material de un modelo energético concentrado y orientado al beneficio que externaliza sus costes sobre el territorio y sobre las personas. Es un modelo que privatiza las ganancias y socializa los riesgos, que convierte el aire en un problema de salud pública y el entorno en el lugar donde se descargan sus costes.

No estamos, por tanto, ante una suma de disfunciones, sino ante un modelo que responde a intereses muy concretos. Porque la cuestión de fondo no es sólo qué modelo energético tenemos, sino quién lo define. Durante años, la política energética vasca se ha construido en estrecha relación con los grandes operadores del sector, consolidando un equilibrio en el que las decisiones estratégicas se subordinan a lógicas empresariales que escapan al control democrático. La trayectoria de figuras como Josu Jon Imaz —de la dirección política del país a la cúpula de una de las principales compañías fósiles— no es una anomalía, sino la expresión más visible de esa continuidad entre poder político y poder económico. Y en ese paisaje, la transición energética deja de ser una oportunidad de transformación para convertirse en un proceso condicionado, limitado y, en demasiadas ocasiones, subordinado a los mismos intereses que han sostenido el modelo anterior.

Llegados a este punto, lo que está en juego es si Euskadi acepta seguir inserta en ese modelo —dependiente, desigual y cada vez más vulnerable— o si decide disputarlo. No se trata de un debate técnico ni de una transición inevitablemente lenta, sino de una decisión sobre el rumbo del país: si la energía seguirá siendo un mecanismo de extracción de riqueza al servicio de unos pocos o si pasa a convertirse en un bien común orientado a garantizar condiciones de vida dignas para la mayoría. Hablar de soberanía en el siglo XXI no puede significar otra cosa que esto: capacidad real para decidir sobre los recursos que sostienen la vida, para planificar el modelo productivo y para proteger a la sociedad frente a las crisis que ya están aquí.

Quizá por eso, este Aberri Eguna no puede limitarse a repetir consignas. La primera vez que se celebró, en 1932, lo hizo con la ilusión de un pueblo que empezaba a pensarse libre. Hoy, casi un siglo después, Euskadi o Euskal Herria es una pregunta compartida que ha madurado, se ha diversificado, se ha cruzado con otras, se ha llenado de rostros, personas y luchas nuevas. Hoy la patria es posibilidad, presente y disputa de un futuro colectivo, no propiedad privada de ninguna petrolera ni de ningún partido político. Si algo nos enseña en definitiva, el tiempo que vivimos, es que la patria no es una herencia ni una bandera, sino una construcción concreta que se mide en derechos, en condiciones de vida y en capacidad de decisión. Por eso, reivindicar este Aberri Eguna sólo tiene sentido desde ahí: no como afirmación de lo que somos, sino como compromiso con lo que queremos ser.

Una matria que no se invoque, sino que se ejerza. Que no se mida en símbolos, sino en la capacidad de garantizar condiciones materiales de vida dignas: que nadie tenga que elegir entre calentarse en invierno o llegar a fin de mes; que ningún territorio sea sacrificado en nombre de beneficios privados; que el futuro del país no se decida fuera de la sociedad que lo sostiene. Una aberri viva que acoja, que cuide, que no sea metafísica ni esté hecha de humo ni de tela.