El Gobierno podrá contratar a autónomos para atender a personas dependientes

El Gobierno de Canarias podrá contratar a trabajadores autónomos para la atención de personas dependientes, según el proyecto de decreto del nuevo reglamento de los centros y servicios existentes en la comunidad autónoma.

El proyecto de decreto ha sido remitido al Consejo Consultivo del que se ha solicitado un dictamen urgente, según ha informado este jueves el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Marrero ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha destacado que el nuevo reglamento introduce “importantes mejoras”, en alusión a que incluye la posibilidad de que trabajadores autónomos y no solo empresas puedan ofrecer servicios de dependencia.

Además, introduce una profesión novedosa como es el asistente personal, que ofrece a la persona dependiente una atención personalizada, lo que significa que se profundiza en la promoción de la prevención de la dependencia.

El decreto también ahonda en la tipología de los servicios, como el de teleasistencia y ayuda a domicilio, ya que con esta modificación son definidos de forma más pormenorizada.

En relación a los centros, el decreto amplía la definición de estos recursos no solo para las personas dependientes sino también para personas no dependientes, o sea, personas válidas que por su situación personal o familiar se encuentren solas y necesiten residir en un centro.

El decreto también amplía la figura de los centros ocupacionales, que hasta ahora solo ofrecían servicios para personas con discapacidad y que ahora abre el abanico e incluye a las personas mayores.

Otra de las modificaciones que se incorpora es la regulación de los centros de rehabilitación psicosocial, que son centros diurnos para personas con enfermedades mentales, ha indicado Marrero.

Por último el decreto flexibiliza y permite las acreditaciones temporales parciales.

En ese caso, los centros y servicios podrán ser objeto de una acreditación temporal parcial respecto de aquellas instalaciones o dependencias que, por su diferenciación e individualización del resto, constituyan una unidad organizada funcional y materialmente para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ha precisado el portavoz.

Esta medida facilitará la implantación de una red de centros acreditados en Canarias, mediante un plazo razonable, de manera que la vigencia de estas acreditaciones parciales no podrá superar los cinco años desde su resolución, a fin de posibilitar al promotor en dicho plazo la adecuación de la totalidad de las instalaciones de los centros y servicios, ha añadido Marrero.