El Cabildo grancanario afirma que se ha actuado con inmediatez ante un supuesto abuso sexual entre menores en un centro
La Consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria y la ONG Nuevo Futuro han activado el protocolo contra los abusos a menores, en coordinación con la Policía Nacional, ante un supuesto caso en un hogar de acogida de la isla, ha indicado en una nota la Consejería.
Ante el presunto caso de abusos entre menores de este centro de la Red de Acogida Insular gestionado por la ONG, la Consejería decidió poner en marcha el protocolo por abusos sexuales que recoge la Guía de Acogimiento Residencial del Cabildo de Gran Canaria.
Al detectar indicios de un posible delito, el “guardador” legal del centro lo denunció de forma inmediata a la Policía Nacional.
Tras publicar este sábado el diario La Provincia que la Fiscalía ha imputado a un menor por abusar de dos niños en un centro tutelado por el Cabildo, la consejera, Elena Máñez, ha reconocido que la principal preocupación de su área “es proteger al menor, velar por preservar su intimidad y derechos mediante una actuación coordinada de todas las administraciones”.
“Siempre actuando con la máxima celeridad, pero también con toda la cautela necesaria”, subraya Máñez.
La nota especifica que no se había advertido ningún indicador previo sobre violencia sexual y que, además, la edad de los menores oscilan entre los 8 a 14 años, una franjas que “permiten su convivencia en las mismas unidades”.
Según la Consejería, la tramitación de este caso, desde su detección hasta su denuncia, se ha ajustado al protocolo con “una constante coordinación con la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional para esclarecer los hechos denunciados”.
El departamento precisa que el caso está en manos del Juzgado de Menores número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
La consejería agrega que en estos momentos las presuntas víctimas están siendo atendidas por el Servicio de atención a las víctimas de abuso sexual del Centro de Orientación Familiar.
La consejera Elena Máñez ha asegurado que la administración ha actuado de “manera inmediata” y cumpliendo los protocolos establecidos ante un supuesto caso de abuso sexual.
El protocolo contempla la denuncia y la información a la Fiscalía y al Ejecutivo regional, que es la administración tutora de los menores y responsable de su atención integral.
