Uno de cada diez canarios no puede permitirse carne y pescado al menos dos veces por semana

El incremento de la pobreza causado por la pandemia de la covid ha multiplicado la población que no puede permitirse cosas que un año antes sí podía, y, por ejemplo, uno de cada 7 gallegos (14,6%) y uno de cada diez canarios (10,7%) no pueden llevar a su mesa carne, pollo o pescado al menos dos veces por semana.

La Encuesta de Condiciones de Vida publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado grandes diferencias territoriales en este ámbito, algunas arrastradas de años anteriores y otras achacables a la irrupción del coronavirus en 2020.

En esta concreta carencia material que analiza el INE, junto a Galicia y Canarias también tienen tasas superiores a la media (5,5%) Baleares (8,7%), Murcia (8,0%), Andalucía (7,6%), Comunidad Valenciana (6,5%) y Extremadura (5,9%), además de Melilla, que llega al 15,2%.

Por el contrario, están por debajo Cantabria (3,7%), Castilla-La Mancha (3,5%), Madrid (3,4%), Navarra (3,3%), Asturias y País Vasco (2,9% en ambos casos), Cataluña (2,8%), Castilla y León (2,7%) y Aragón (1,2%), además de Ceuta (1,4%).

Cuatro comunidades y esta última ciudad autónoma han mejorado: La Rioja ha reducido aún más su porcentaje, que ya era el menor, en un 60 % (del 0,5% en 2019 al 0,2% en 2020), Aragón a la mitad (del 2,4 al 1,2%), Asturias a cerca de la mitad (del 5,2 al 2,9%), Cataluña en un 28% (del 3,9 al 2,8%) y Ceuta en un 62% (del 3,7 al 1,4%).

En el lado opuesto, Cantabria ha multiplicado por más de cuatro el porcentaje de su población con esta carencia (del 0,9% en 2019 a l3,7% en 2020), la Comunidad Valenciana por 3,6 (del 1,8 al 6,5%), Canarias por 2,3 (del 4,6 al 10,7%), Baleares por 2,2 (del 3,8 al 8,7%), Extremadura casi por dos (del 3,1 al 5,9%), Galicia por más de 1,5 (del 9,1 al 14,6%), Andalucía por 1,5 (del 5,0 al 7,6%), País Vasco un 70 % (del 1,7 al 2,9%), Madrid un 26 % (del 2,7 al 3,4%) y Melilla por más de dos (del 7 al 15,2%).

Otras tres comunidades han incrementado ese porcentaje de forma mucho menos acusada: Castilla y León (del 2,2% en 2019 al 2,7% en 2020), Navarra (del 3,0 al 3,3%) y Castilla-La Mancha (del 3,4 al 3,5%)

En INE también incluye en su estudio, entre otros indicadores de dificultad económica, los porcentajes de la población que no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada o disponer de un ordenador.

Respecto al primero, los dos archipiélagos tienen los porcentajes más altos de hogares con este problema en 2020, el 20,4% en Canarias y el 19,8% en Baleares, y Melilla les sigue con un 15,4%, en los tres casos con subidas importantes del 213, 160 y 133 por ciento, respectivamente.

Por detrás aparecen Comunidad Valenciana (13,7%), Extremadura y Murcia (ambas con 12,9%) y Andalucía (11,6%), todas ellas por encima de la media (11,1%), y, por debajo de ese promedio, Madrid (10,8%), Castilla-La Mancha (10,5%), Asturias (10,4%), Cataluña (9,8%), Navarra (9,5%), País Vasco (8,1%), la Rioja (7,3%), Castilla y León (7,1%), Cantabria (4,9%), Aragón (2,1%) y Ceuta (1,8%).

En este apartado solo han mejorado sus porcentajes Ceuta, un 63,2% (del 4,9 en 2019 al 1,8 en 2020), Aragón, un 51,1% (del 4,3 al 2,1) y Castilla-La Mancha, un 17,3% (del 12,7 al 10,5%).

En cuanto a la posibilidad de tener ordenador en casa, de nuevo Canarias, entre las comunidades autónomas, tiene el mayor porcentaje de población que no puede permitírselo por cuestiones económicas, el 11%, si bien Ceuta supera esta cifra con un 13,1%.

También peor que la media nacional (5,9%) están Murcia (8,4%), Extremadura (8,0%), Comunidad Valenciana (7,8%), Andalucía (7,2%) y Baleares (6,7%).

Mejor que la media se encuentran Castilla y León (5,3%), Castilla-La Mancha y Galicia (5,2% en ambos casos), Cataluña (4,9%), La Rioja (4,7%), Asturias (4,6%), Madrid (4,2%), Aragón (3,9%), Cantabria (3,6%), Navarra (3,3%) y País Vasco (2,6%).

En todas las comunidades ha empeorado este índice excepto en País Vasco, que ha bajado un 36,5 % (del 4,1 de 2019 al 2,6 % de 2020); Ceuta, un 27,6% (del 18,1 al 13,1%) y Castilla-La Mancha, un 24,6% (del 6,9 al 5,2%).