El experto Ignacio Berdugo advierte de que la internacionalización de la economía y la tecnología favorecen el aumento de delitos

“La corrupción ahora tiene una dimensión internacional que está vinculada a la criminalidad organizada”, así lo expuso Ignacio Berdugo, catedrático de Derecho Penal y director del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, en la conferencia inaugural del curso sobre Ciberterrorismo, Cibercriminalidad y Ciberamenazas, que se imparte, hasta el viernes, dentro de la XXVIII Universidad de Verano de Maspalomas.

Elena Espino, concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, acompañada por el coordinador de este curso, Fernando Navarro y por el director de la Universidad de Verano, Guillermo Morales, en la presentación del curso, destacó la calidad de los expertos y la actualidad de las ponencias que conforman este curso. “Hoy casi todo depende de una conexión de internet, por eso no nos debe extrañar que haya cada vez más delincuencia que se ha convertido en ciberdelincuencia”.

La concejala aludió a un estudio del Ministerio del Interior sobre cibercriminalidad que indica que los menores, casi el 90 % tiene acceso a internet, son las principales víctimas de delitos sexuales, amenazas y coacciones, y un tercio de la población ha sufrido en alguna ocasión un robo de identidad. “Son motivos suficientes para que la ciberdelincuencia sea una gran preocupación para los usuarios. De ahí la importancia de este curso”, concluyó.

El primer ponente, Ignacio Berdugo habló de La delincuencia en la era global. Tras afirmar que la economía se ha tornado global señaló que las grandes multinacionales se han convertido en un nuevo actor en las relaciones internacionales. Para el catedrático la internacionalización de la economía y el desarrollo tecnológico han favorecido el aumento de los delitos.

El ordenamiento jurídico siempre está condicionado por la realidad que regula, por los cambios de lo que se regula y por cómo lo quieras regular, afirmó. “El cambio de la realidad por la internacionalización y por las nuevas tecnologías, hace que los instrumentos que manejábamos antes se enfrenten a una realidad que no estaba contemplada por el derecho”.

“En España hay casos de corrupción, pero no forman parte de nuestro sistema”. Berdugo reconoció que hay determinados casos que llaman la atención por el peso de la figura pública que está implicada y añadió que son situaciones mediáticas, pero no una conducta generalizada.

En su intervención puso varios ejemplos pero se detuvo en el caso Odebrecht, basado en una red de sobornos a altos cargos de diez países de América Latina, “donde estaba presente el principio de ”oportunidad“, que rige en el sistema anglosajón, al tratarse de una empresa constructora brasileña que cotizaba en la Bolsa americana, y el principio de ”legalidad“, que es el que actúa en el ámbito del derecho continental de América Latina. Este caso tuvo una gran repercusión ya que estaba relacionado con sobornos, durante 20 años, a presidentes, expresidentes y funcionarios de gobierno de Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Violencia sexual en las redes

María Acale, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz, disertó sobre ‘Violencia sexual en las redes’. En su opinión, existen dos tipos de delitos: “la violencia sexual que se produce expresamente online, cuando un sujeto se aprovecha del anonimato que le proporciona internet para engañar a la persona, generalmente un menor”, y la violencia que se produce “entre la vida real y las redes sociales”, como es el caso de “la Manada”, en 2016, “cuando después de una agresión sexual, se graban esos actos, los difunden por wasap y acaban en las redes sociales”.

Para Acale, las personas más vulnerables que pueden sufrir este tipo de delito son, según el Código Penal, los menores de edad. No obstante añadió que “cuando intentamos cuantificar la violencia sexual, que nace y se reproduce en las redes, el Código Penal limita la condición de sujeto pasivo a un menor de edad, sin embargo, hay un montón de personas adultas que se ven sometidas a esta violencia sexual y en su mayoría mujeres, por lo que hablamos de realidad criminológica”.

La experta señaló que sí ha habido “una evolución de la jurisprudencia”, ante el incremento de este tipo de delitos contra la libertad sexual. “El tribunal entiende ahora que puede haber abuso sexual, sin que exista contacto corporal, algo que antes era impensable”, afirma. La catedrática considera que no se trata de incorporar más figuras delictivas al Código Penal, sino de que la Jurisprudencia trate de evolucionar e interpretar los tipos penales que tenemos en el código, adaptados a las tecnologías de la información y la comunicación.

Pero lo más preocupante, en su opinión, es la “normalización de la violencia entre los menores y adolescentes”, que, según manifestó, no se puede combatir “porque el origen está en la falta de educación sexual y el acceso a la pornografía en edades muy tempranas”.

Las campañas de desinformación

La jornada concluyó con la intervención de Pablo López, jefe del Área Normativa y Servicios de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional (Centro Nacional de Inteligencia), quien habló de ‘Desinformación, un toolkit para la detección’, y quien comenzó hablando de la “desinformación, como uso intencionado y, generalmente, planificado y organizado, de difusión de narrativas contra el Estado y sus instituciones, con una naturaleza y un propósito”.

De esta forma, el Centro Nacional de Inteligencia entiende que se trata de una amenaza “que se puede gestionar y manejar”, siendo clave que los usuarios de los medios digitales estén “prevenidos para detectar una campaña de desinformación y sean capaces de evitar ser manipulados”, expuso López.

En las campañas de desinformación no se analiza el contenido de las publicaciones, “sino el comportamiento de los perfiles”, lo que hacen ‘behind the scenes’. En este sentido, es improbable frenar una operación de desinformación, una vez que se ha desencadenado y, lo que intenta el CNI es anticiparse a la misma, analizando preventivamente la infraestructura de operaciones y metodologías de difusión de la información, “intentando identificar a los actores disruptivos coordinados y no reales”.

Por ese motivo, es necesario disponer de un toolkit, una serie de procedimientos, cuyo objeto sea establecer los indicadores y las características que permitan identificar, de una manera consensuada y probada, una campaña de desinformación.

En definitiva, saber cómo actuar frente a las campañas de desinformación en el ciberespacio se ha convertido en uno de los principales retos de seguridad para un estado. De esta manera, la misión de un servicio de cibervigilancia es proporcionar información de valor sobre la presencia de ciberamenazas que permita adoptar decisiones para prevenirlas, mitigarlas, controlarlas, contenerlas o anularlas.

Programa del 25 de julio

Las conferencias se iniciarán a las 17 horas, con la intervención de José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal, director del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales por la Universidad de Valencia, con una ponencia titulada ‘¿Es delito la desinformación?’.