35.000 firmas para frenar la reforma sanitaria
El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha entregado este miércoles a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados 35.000 firmas con el objetivo de paralizar la reforma sanitaria y, en este sentido, ha denunciado que sus medidas suponen una “regresión” de más de una década en materia de Derechos Humanos.
“Pedimos a los grupos parlamentarios que no tramiten este Real Decreto-Ley o que, en todo caso, pueda ser tramitado como una Ley porque permitiría un debate más sosegado y la participación de la opinión pública”, ha argumentado Beltrán antes de la entrega de las firmas en la Cámara Baja.
En este sentido, el presidente de Amnistía Internacional ha considerado como el “principal retroceso” que promueve el texto la negación de la tarjeta sanitaria a inmigrantes que se encuentren en situación irregular. Una situación que, en su opinión, generará “obstáculos” a la hora de que estas personas tengan asistencia sanitaria, más allá de dar a luz o acudir a los servicios de urgencias.
Además, Beltrán ha denunciado que de “forma inédita” tanto la comunidad autónoma de Madrid como la de Cantabria ya han empezado a negar la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares. “El recorte de derechos ha empezado incluso antes de que se apruebe, sea debatido en el Congreso o de que entre en vigor”, ha precisado.
Asimismo, ha alertado de la incertidumbre que asola a las mujeres en situación irregular que son víctimas de la violencia de género ya que, al no poder acudir a los centros de salud, “no van a recibir atención médica de larga duración”, por lo que ha reiterado que supone una “regresión” de los Derechos Humanos “fundamentales”.
Por otra parte, ha manifestado su preocupación sobre la “ambigüedad” que deja el texto a los mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca a la seguridad social, ya que el texto no aclara si van a recibir cobertura sanitaria. No obstante, ha señalado que “hay que ver si se concreta a lo largo de la tramitación”, puesto que, de lo contrario, ha advertido sería una violación de la Ley de Salud Pública, aprobada en enero de este año.
En definitiva, a su juicio este Real Decreto-Ley dificulta el “acceso” a la salud de “colectivos importantes” que representan a miles de personas y, por ello, ha demandado la publicación de datos sobre el “impacto” que tendrán estas medidas en los grupos vulnerables, como inmigrantes, mujeres embarazadas y mayores de 26 años.
“La falta de publicación viola los compromisos internacionales sobre la realización de una evaluación inicial antes de tomar medidas sobre este colectivo”, ha concluido el presidente de Amnistía Internacional.
