Los funcionarios de prisiones van a la huelga porque sus condiciones de trabajo atentan contra su propia seguridad

El sistema penitenciario tiene un déficit de más de 350 empleados en una plantilla que no llega a las 2.000 plazas en Canarias, una situación que supone “un atentado a la seguridad” de su personal y que es una de las razones por las que ha sido convocado a la huelga este miércoles, según los promotores de la protesta.

Reclamar la equiparación de sus condiciones de trabajo a las de otros trabajadores públicos que las han mejorado merced al desarrollo de una carrera profesional y a la aplicación de medidas para compensar los recortes salariales y de derechos sufridos durante la crisis mientras ellos siguen “humillados y ninguneados”, en comparación, desde hace años, es el objetivo de la iniciativa, han explicado representantes de los sindicatos CSIF, ACAIP, UGT y CCOO.

En una rueda de prensa convocada para informar sobre una huelga que está programada en todo el territorio español con paros de 24 horas para mañana, el viernes y otros cuatro días más ya en el mes de noviembre, todos ellos han denunciado la situación “especialmente grave” que aseguran que ha generado esa coyuntura general en las cárceles de las islas.

Ejemplo de ello es “la prisión Las Palmas II, donde la plantilla está, prácticamente, a la mitad”, ha sostenido el portavoz de ACAIP Heraclio Gil, que ha planteado que la falta de personal en su sector tiene implicaciones que agravan sus consecuencias respecto a las que podría producir en otras áreas de la Administración Pública.

Porque trabajar con menos empleados de los necesarios en las cárceles “no es lo mismo que hacerlo en un ministerio donde se tramitan expedientes que se ven retrasados por ello”, sino que “supone un atentado contra la propia seguridad” del personal, ha argumentado.

Y, como prueba de sus palabras, ha aludido a “las agresiones que se sufren a diario por parte de los funcionarios de prisiones en toda España”, según ha dicho.

Desde ese planteamiento, tanto él como Jesús María Fernández, portavoz del CSIF, han insistido en que las demandas que han conducido a esta protesta, que el segundo ha avanzado que “es solo un primer paso, porque la huelga indefinida está sobre la mesa” como opción en caso de que no se negocie con los sindicatos tras los paros ya convocados, persiguen la mejora de la situación de los funcionarios del sector pero también del propio sistema penitenciario.

Ya que, de no atenderse sus exigencias de incrementar la financiación que se le destina, mejorando las retribuciones de los actuales empleados pero posibilitando también la contratación de otros nuevos para cubrir las plazas vacantes, no solo notarán los perjuicios los trabajadores sino toda su estructura en general, ha expuesto Fernández.

Quien, además, ha recalcado que en Canarias los funcionarios de prisiones tienen algunas reivindicaciones específicas añadidas a las que comparten con todos sus compañeros del país, como que se actualice el complemento salarial que reciben por estar destinados en las islas, “que lleva veinte años sin variar”, ha dicho.

Él y los portavoces de los otros tres sindicatos presentes han criticado, al tiempo, “los abusivos servicios mínimos” que, unánimemente, han sostenido que se han impuesto para las referidas jornadas de huelga en las cárceles del archipiélago.

Asunto sobre el que Jesús María Fernández ha precisado que, en algunos casos, como el de Las Palmas II, “los servicios mínimos son tan abusivos que llegan a establecer que durante la huelga deberán trabajar diecinueve trabajadores de cada veintiuno, con lo que apenas la podrán secundar los representantes sindicales”.