La lucha contra la caza furtiva en un parque natural de Lanzarote que se volvió contra la jefa del Seprona
La asociación ecologista SEO Birdlife eligió en 2013 a la pardela cenicienta como ave del año. Es un ave marina protegida que anida cada año para reproducirse en Canarias, Azores o Madeira, donde pone un solo huevo. También es un ave protegida, cuya carne, que sabe a pescado, se consumía cuando no había otras carnes que comer. La mayor concentración de pardelas se da en el islote de Alegranza, en pleno Parque Natural del Archipiélago Chinijo, un islote deshabitado al norte de Lanzarote, de propiedad privada y para el que hay que pedir permiso para fondear.
En septiembre de 2015, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Lanzarote llevó a cabo un operativo para sorprender a un grupo de personas del que sospechaba que pretendían cazar a estas aves para comérselas. Y que no era la primera vez. Los agentes decidieron inspeccionar el islote ante las “numerosas quejas de asociaciones ecologistas, ornitólogas, biólogos y ciudadanos” por la reiterada actividad cinegética ilegal de pardela desde hace años cada mes de septiembre, según reflejaron en el atestado.
Cuando desembarcaron en la playa del Veril se encontraron una carpa con mesas, sillas y una cocina donde se estaba guisando pardela, tal y como confirmó el que hacía la labor de cocinero. Identificaron a 19 personas y se encontraron posteriormente medio centenar de huras expoliadas. Después de ese operativo se abrió un procedimiento penal en el que la Fiscalía pide que se sienten en el banquillo 11 de esas personas, acusadas de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de protección de la fauna. El operativo fue un éxito y puso luz a la oscuridad de los rumores y denuncias que alertaban que cada año se producía esta caza furtiva.
Pero no todo el mundo pensó que había sido un éxito. El capitán del Seprona en Las Palmas, Germán García, admitió que la intervención iba a tener “más perjuicios que beneficios para el destacamento”. Así lo dijo en su declaración ante el Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife en el procedimiento en el que la sargento del Seprona, Gloria Moreno, que llevó a cabo el operativo, está acusada de un delito de falsedad en documento oficial y en el que la Fiscalía le pide una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de tres años. Ese procedimiento es el último capítulo de una persecución interna hacia la sargento, cuyo prólogo está en ese operativo y cuyo final está por escribir.
García declaró que le comunicó esta opinión a Moreno al día siguiente del operativo. El capitán se quejaba de que la sargento no le hubiera informado y no se hubiera hecho acompañar de un cabo, tal y como le había indicado él mismo días antes, ya que le había puesto la condición de que el servicio lo hiciera el Seprona.
El operativo se había diseñado unos días antes cuando la sargento tuvo conocimiento de que varios barcos iban a fondear con la intención de cazar pardelas, pero unos días más tarde le informaron de que el Cabildo de Lanzarote no había otorgado esos permisos de fondeo y se llegó a la conclusión de que había que suspender el operativo y así se lo comunicaron al coronel.
Sin embargo, al final el operativo sí se llevó a cabo. La sargento le dijo al capitán que el cabo estaba de día libre “y no quería perjudicarlo” y que fue invitada a realizar la intervención por parte del teniente del Servicio del Mar de la Guardia Civil, en compañía de dos agentes de Fuerteventura. Antes esas explicaciones, García le dijo que “lo sucedido era inaceptable”.
Este procedimiento en el que está imputada Gloria Moreno nace precisamente de las sospechas de la propia sargento de que esas personas que cazaban pardelas habían sido avisadas en alguna ocasión de que la Guardia Civil iba a intervenir.
Poco después de esa intervención, Moreno puso en conocimiento, primero del capitán de forma verbal y después por escrito ante el jefe del cuartel de Costa Teguise, que un trabajador de la estación biológica de Doñana que pasa temporadas en Alegranza le había comentado que Juan Carlos González Berriel, que había sido uno de los identificados en el asadero de 2015, le había comentado que en 2013 un agente del Seprona llamado “Miguel” le había avisado de que iba a hacer un operativo en Alegranza.
Moreno denunció los hechos, que los investigó la Policía Judicial y se abrió un procedimiento penal contra el agente, Miguel Ángel Padial, que acabó archivando el Juzgado número 3 de Arrecife. Al archivarse ese procedimiento, fue Padial quien denunció a la sargento por denuncia falsa.
El capitán García reconocía en ese procedimiento que el factor sorpresa era favorable para la Guardia Civil dadas las características del islote de Alegranza, ya que, con una mínima “contravigilancia”, se puede abortar cualquier intento de sorprender a los infractores. Reconocía también que la sargento le había advertido en varias ocasiones de sus sospechas pero que él consideraba que se trataba de rumores y datos subjetivos y que la sargento tenía una sospecha general sobre todos los componentes del destacamento.
García afirmó que hasta 2015, cuando se produce el operativo, no se constató que se estaba produciendo la caza ilegal de pardelas en Alegranza y que ente 2008 y 2015 no había habido denuncias administrativas ni diligencias policiales de esta caza ilegal. No obstante, a lo largo de ese periodo, y antes, se conocía esa actividad. A Higinio Hernández, que fue consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo, lo pillaron dos veces, en 1992 y en 1995, y en la segunda era miembro del gobierno del Cabildo lanzaroteño. En 2007, Adena denunció la presencia de ocho embarcaciones fondeadas sin autorización en el islote durante todo el fin de semana y pidió “mayor control y vigilancia de este espacio protegido para evitar la sensación de impunidad”. En 2010, Seo Birdlife denunció la caza furtiva de pollos de pardela cenicienta en el islote y en 2013 insistió asegurando que “entre los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con el engorde de los pollos nacidos el pasado verano, se intensifica esta caza furtiva”.
En el procedimiento contra Moreno, el trabajador de Doñana declaró que no había hablado con González Berriel directamente y que lo que le contó a la sargento se lo habían comentado otras personas y que “lo escucharía en un grupo de gente en el muelle”. Tanto González Berriel como Padial negaron los hechos aunque reconocieron que son amigos desde hace veinte años.
Cronología del caso
Los inicios. Poco después de su llegada al destacamento de Lanzarote, la sargento del Seprona comenzó a tener sospechas de que algo fallaba dentro y de que alguno de los agentes pasaba información a ciertos denunciados. El caso de las pardelas es el más llamativo pero no el único. Hubo otros, principalmente de maltrato animal, en que pudo constar que había ciudadanos que interponían denuncias que después ni siquiera se tramitaban. Por estos hechos fueron expedientados y sancionados tres agentes.
Los expedientes. En lugar de favorecer su trabajo, esto provocó conflictos internos y el resultado fue que la Guardia Civil ha aprovechado cualquier queja para abrirle expediente. Han sido cinco. El primero se abre tras una queja del director del Centro Isla de la Graciosa, Aurelio Centellas, que la acusaba de tratarle con desconsideración. El caso llegó hasta el Tribunal Militar, que dio la razón a la sargento, y anuló la sanción. El segundo fue por tramitar una queja de una vecina de Arrecife que había denunciado unos hechos que no se habían investigado. Acusan a Moreno de inducir a la vecina a poner la denuncia y le sancionan con un día sin sueldo. Los dos siguientes son por casos de maltrato animal, por los mismos motivos, porque admite quejas de denuncias que no se habían tramitado.
Casos resueltos. Esos casos de maltrato animal avanzan cuando la sargento vuelve de su baja maternal y ahora ya hay sentencias condenatorias. De hecho, dos de los condenados por apalear a un perro, King, acaban de ingresar en prisión para cumplir una condena de tres meses. En cuanto a los expedientes a la sargento, uno de los expedientes se deja caducar y el otro se archiva. El último es una medida cautelar de sanción de tres meses sin empleo, que ya ha cumplido, por la queja del veterinario municipal de Arrecife, que denuncia que la sargento le está acosando con sus inspecciones. La Guardia Civil incluso llega a pedir disculpas al veterinario, que decide poner una denuncia por la vía penal contra la sargento, que acaba retirando él mismo y se archiva el caso.
