El Gobierno garantiza que la Biblioteca del Estado no se va a derribar
El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha anunciado este jueves que la Biblioteca Pública de Las Palmas de Gran Canaria no se va a derribar y el Ayuntamiento no tendrá que soportar ningún tipo de indemnización como consecuencia de la operación.
Lasalle ha hecho este anuncio tras reunirse en el Ministerio con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y con la delegada del Gobierno en la comunidad, María del Carmen Hernández, para informar del estado de la situación de la Biblioteca Pública del Estado después de que este miércoles se introdujera una enmienda a los presupuestos 2016 que dará al centro rango legal de bien de utilidad pública e interés social.
Esa decisión permitirá en el futuro al Consejo de Ministros expropiar los derechos de la sentencia firme que ordenaba la demolición de la biblioteca, previa indemnización a los vecinos que recurrieron su licencia y ganaron el pleito en los tribunales.
El Tribunal Supremo ordenó al Ayuntamiento de Las Palmas que derribara la Biblioteca Pública del Estado por haber vulnerado la legalidad urbanística, haber eliminado las zonas verdes previstas en la zona y por crear una pantalla que impide ver el mar a los vecinos.
Después, el Tribunal Constitucional (TC) ratificó la sentencia del Supremo tras un recurso del Consistorio, por lo que tanto éste como la Administración central han buscado soluciones para evitar el derribo del edificio, que ahora se han visto satisfechas, según ha señalado Lasalle.
El secretario de Estado ha recalcado que se ha evitado que una “importante inversión pública pudiera verse derribada”, por lo que “ha actuado el interés general vinculado al servicio publico de la propia biblioteca”.
Hidalgo, por su parte, ha destacado la importancia que tiene que el Ayuntamiento de Las Palmas no tenga que soportar “ningún tipo de indemnización como consecuencia de esta operación, que se ha realizado a través de adjuntar una norma a los presupuestos generales del Estado”.
Preguntado por a quién corresponde la indemnización, Hidalgo ha dicho que la Administración central es la que expropia los derechos de la biblioteca y la vía indemnizatoria tendrá que resolverla el Gobierno central si se solicita la misma“
