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El Gobierno canario modifica su prestación de inserción para llegar a más familias vulnerables ante el colapso del Ingreso Mínimo Vital

La consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario, Noemí Santana (i), conversa con el vicepresidente y titular de Hacienda, Román Rodríguez (d), durante la reunión semanal del Consejo de Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Quique Curbelo.

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

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El Gobierno de Canarias ha acordado este jueves un decreto ley que modificará la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) con el objetivo de que familias en situación de vulnerabilidad social puedan seguir cobrando esta ayuda hasta que se les conceda el Ingreso Mínimo Vital, que ha sufrido un gran retraso. “Con esto garantizamos que ninguna persona se quede desprotegida en Canarias”, ha asegurado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.

El objeto del nuevo decreto ley, que modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero (la que regula la Prestación Canaria de Inserción), es adaptar la ayuda PCI al Ingreso Mínimo Vital, estableciendo el carácter complementario de la PCI hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria.

¿En qué consisten los nuevos cambios?

Hasta ahora, la PCI era la última red de protección de la ciudadanía isleña, es decir, antes de pedirla se debe haber solicitado toda aquella ayuda a la que se pudiera tener derecho. Ahora, debido a los retrasos que se han producido con el IMV, se ha modificado de manera que se pueda solicitar la prestación canaria solo con la solicitud del IMV.

El director de Derechos Sociales, Javier Bermúdez ha desglosado también las novedades en su cuenta de Twitter. A falta de que entre en vigor el real decreto, señala que otro cambio fundamental tiene que ver con la compatibilidad. “Muchas familias que se encuentran cobrando la PCI y ha solicitado el IMV, dado el carácter retroactivo de esta última, cuando les llegara el IMV se podrían ver obligadas a devolver los meses que han cobrado la PCI”. Por ello, a partir de ahora no tendrán que devolver partidas. “Nos parece una medida de coherencia para evitar perjuicios a las familias y saturación administrativa, pero sobre todo una medida de apoyo económico a las mismas”, afirma.

Así mismo, dejarán de computar como ingreso, para el calculo de la PCI, las pensiones alimenticias destinadas a menores hasta la cuantía que le corresponde a dicha familia por la PCI. A una familia que cobraba la PCI hasta ahora se le descontaba el dinero que recibía por la pensión alimenticia. “Esa pensión es un derecho de la infancia, y no debe suponer un menoscabo para los hogares, especialmente monomarentales, que a partir de ahora estarán más protegidos”, destaca Bermúdez.

En la actualidad, la PCI beneficia a un conjunto de 8.184 familias o unidades convivenciales, con 2.305 familias más que en agosto de 2019. El importe de global de la prestación en el mes de agosto ascendió a casi cuatro millones de euros. 

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