Huelga de celo de los jueces canarios
La Junta Provincial de Jueces y Magistrados de Santa Cruz de Tenerife constituida por 58 miembros ha acordado este viernes hacer suya la propuesta de medidas de la Comisión Interasociativa de asociaciones de jueces y fiscales y apoyar el “cumplimiento estricto” de las horas de audiencia fijadas por ley.
Además, señalan en un comunicado que la carga de trabajo debe desarrollarse conforme a criterios de “calidad” y normas de “salud e higiene”, y en concreto, los fiscales solicitan a la Fiscalía General un catálogo de enfermedades profesionales en coordinación con la comisión de riegos laborales de los jueces.
El colectivo advierte de que habrá nuevas medidas de presión si no se “paraliza” la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) porque atenta contra la “independencia” de los jueces, y pide que se tenga en cuenta la “especificidad” de las islas para evitar la reducción de los permisos para asuntos propios.
“Es una medida sin consecuencias presupuestarias y supondría un grave menoscabo para la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces y magistrados destinados en las islas, ya que un 70 por ciento tiene sus raíces fuera y además se desincentivaría su llegada o permanencia en Canarias”, explica.
En todo el país, las juntas de jueces convocadas han acordado mayoritariamente adoptar medidas de protesta ante las reformas legislativas y la falta de inversión en la Justicia. Entre ellas, pretenden celebrar juicios sólo en horario de mañana y no descartan la convocatoria de huelgas, mientras que piden la dimisión del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner.
Éstos han sido algunos de los acuerdos alcanzados este viernes en las juntas de jueces y fiscales en las que se ha sometido a votación el manifiesto suscrito por las asociaciones ante la “ausencia de voluntad política” del Ejecutivo para modernizar la Administración de Justicia.
El descontento ha quedado patente en las reuniones de los miembros de la Carrera Judicial, que han acordado adherirse al documento en el que las siete organizaciones de jueces y fiscales lamentan la ausencia de inversión, la descoordinación en la gestión, los recortes salariales y estatutarios y la existencia de control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
Los magistrados advierten de la sobrecarga de trabajo y del riesgo de “colapso” en los tribunales, en un momento en el que han visto reducidos sus salarios y cuando el Gobierno trabaja en la redacción de un nuevo estatuto profesional que limita sus permisos y la actuación de los jueces sustitutos. Critican que en épocas de bonanza tampoco se ha invertido en este servicio público.
Por ejemplo, los jueces de Madrid han advertido de que “hay un político por cada 106 habitantes y un juez por cada 10.000 habitantes” y se han sumado por unanimidad al acuerdo de la Comisión Interasociativa que propone el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley, la autorregulación de la carga de trabajo y la participación en concentraciones.
La Junta de Jueces de Madrid ha aprobado, con una abstención, el seguimiento de la huelga como medida de presión. Además, han solicitado la dimisión de Moliner por “incumplir” sus funciones como miembro colegiado y “no garantizar la independencia judicial” en las negociaciones y acuerdos privados que ha mantenido con el Ejecutivo, “ocultando su verdadero alcance” a la Carrera.
Retroceso en su estatus profesional
El proyecto de reforma del Consejo del Poder Judicial también ha sido criticado por los jueces que lo ven como un intento por controlarles y solicitan formalmente la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han respondido a Moliner, quien ha anunciado que el Ministerio va a volver a convocar oposiciones y ha tratado de convencerles por carta de las bondades de su nuevo estatuto profesional.
Para los miembros de la Audiencia de Madrid, la convocatoria de nuevas plazas a partir de 2013 es “insuficiente” mientras que la modificación de su estatuto supondrá un “retroceso”.
Los jueces Centrales y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también han apoyado las medidas de presión promovidas por los jueces decanos de distintas ciudades y las asociaciones de jueces y fiscales a través de la Comisión Interasociativa.
Los jueces Centrales --tanto los de Instrucción como los de lo Contencioso-Administrativo-- han convocado una nueva junta para el próximo octubre y han mostrado su “indignación” por la congelación del gasto en Justicia y las oposiciones y la fuerte reducción salarial, unas medidas que “amenazan” la independencia y la calidad del servicio público.
Piden diálogo al ministro
Por su parte, los jueces de Barcelona han adelantado que no celebrarán juicios por la tarde y han aplazado a octubre la decisión sobre la convocatoria de huelgas. Por unanimidad, han expresado su malestar con “cuestiones endémicas” como la falta de inversión.
Desde Navarra, los jueces y fiscales también han manifestado su malestar sumándose al manifiesto y han advertido de que iniciarán un calendario de protestas si no se corrige la situación. Entre ellas, han planteado trabajar 37,5 horas semanales incluyendo las horas de audiencia y el tiempo de estudio y resolución de todo tipo de asuntos.
En ciudades como Santander han reconocido sentirse “despreciados” por el Gobierno central y han instado a las asociaciones a convocar movilizaciones. Mientras tanto, jueces de Bilbao o Málaga han manifestado que el nuevo estatuto profesional supondrá “un grave deterioro” de sus condiciones laborales.
El manifiesto sometido a debate por las juntas ha sido firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (FdV), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces para la Democracia (JpD), que ha solicitado al ministro que en un plazo de quince días abra la negociación ya que, en caso contrario, los jueces tienen diseñada su hoja de ruta.
