Los gestores de los servicios sociales critican la “opacidad” del ingreso mínimo y temen que no sea efectivo contra el incremento de la pobreza

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha criticado la “opacidad” con la que se ha llevado a cabo la tramitación del ingreso mínimo vital cuya aprobación está prevista para esta semana. El colectivo considera que la renta mínima deja “importantes zonas de sombra e incertidumbre” y teme que la medida no sirva para paliar las situaciones de pobreza derivadas de la pandemia del coronavirus.

La asociación asegura que la medida deja sin aclarar cómo piensa afrontar “el paradójicamente elevado nivel de no acceso a este tipo de prestaciones por las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión” y advierte de que los Servicios Sociales de las entidades locales se verán obligados a asumir desde el principio “un aluvión de solicitudes y la orientación e información a los posibles perceptores sobre esta prestación”.

En segundo lugar, la organización cree que el cálculo de la capacidad económica para la concesión de la ayuda se va a realizar sobre los datos de renta de un año antes, e incluso dos en algunos casos. “Esto hace que la prestación no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia y explica por qué el número de personas beneficiarios y la inversión es sensiblemente menor a todos los estudios publicados”. En su opinión, la capacidad económica se debe calcular sobre los ingresos en el momento de la solicitud.

Asimismo, la asociación advierte de que, ante la subsidiariedad de las prestaciones de rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, no se plantea ninguna referencia para evitar que los gobiernos autonómicos no decidan dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.

Igualmente, los gestores de los servicios sociales critican que tampoco se plantea la posibilidad de una “pasarela automática” para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas de las Comunidades Autónomas. “Esto implicaría la incorporación de más de 300.000 personas que ya son beneficiarias de estas prestaciones, sin necesidad de realizar procedimientos administrativos complejos que retrasarán sin duda la implementación del IMV”, considera.

En Canarias, una de las regiones con mayor tasa de pobreza y una de las más duramente golpeadas por la crisis del coronavirus, el ejecutivo regional ha implantado durante un ingreso de emergencia coyuntural de entre 367 y 487 euros que pretende llegar a unas 100.000 personas. En las islas también existe desde antes de la crisis la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que aporta unos ingresos mínimo durante dos años a aquellos que sufren un mayor riesgo de exclusión social. Actualmente, unas 15.000 personas son beneficiarias del PCI, pero el Gobierno de Canarias busca desde el principio de la legislatura una manera de expandir y mejorar este ingreso mínimo para avanzar hacia una renta ciudadana.

Ante este situación, la Asociación Estatal de Directoras y Gerente de Servicios Sociales propone unos criterios básicos para configurar el nuevo ingreso mínimo vital como prestación económica periódica garantizada, de derecho de ciudadanía española, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

En este sentido, reclaman una renta básica como prestación no contributiva con derecho a prestaciones económicas complementarias por hijos menores a cargo de la unidad de convivencia, y por sostenimiento del hogar, así como derechos reconocidos para toda la ciudadanía española en situación de necesidad, en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia.

Asimismo, piden la titularidad individualizada del derecho, como derecho derivado de la condición de ciudadanía, y no como prestación vinculada a la “condición laboral”; ni al “derecho de alimentos”; ni a la categorización de “beneficiario del titular del derecho de la unidad de convivencia”, asegurándose especialmente la prevención de la discriminación de género históricamente practicada en el ámbito de prestaciones familiares.

La asociación ve además necesaria una financiación con impuestos generales del Estado, así como una gestión cargo de la Seguridad Social, en cooperación con el Ministerio de Hacienda, con un sistema informático integrado de sus respectivas bases de datos al objeto de reconocimiento de la renta mínima y sus respectivas prestaciones complementarias.

Otra de las propuestas pasa por articular dichos ingresos con otros ingresos y con medidas de acción positiva, tanto de programas estatales, como de las comunidades autónomas.

Por parte de las comunidades autónomas, reclaman el mantenimiento de la inversión realizada en sus respectivos sistemas de rentas mínimas. Para ello, deberán decidir si esa inversión se dedica a complementar las nuevas prestaciones por IMV hasta el nivel que cada una establezca o reforzar las acciones dirigidos a la inclusión.

La asociación considera que el ingreso mínimo se debe realizar con un adecuado diseño que facilite a medio plazo el tránsito hacia una Renta Básica de Ciudadanía, “que garantice y proteja la cobertura universal de ingresos económicos para el sostenimiento de un nivel de vida digno, en ejecución de una política redistributiva de plena equidad fiscal”.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en 850.000 el número de hogar más pobres en España, 217.538 (25,59%) se encuentran en Andalucía, seguido de la Comunidad de Madrid con 98.786 (11,6%), y la Comunidad Valenciana con 94.084 (11,07%), Cataluña con 88.809 (10,45) y Canarias con 48.720 (8,06%).