Intersindical sostiene que Canarias ha dejado de recaudar 30 millones de euros por problemas informáticos
La sección de Intersindical Canaria (IC) en la Administración General de la Comunidad Autónoma ha denunciado este martes que la Agencia Tributaria regional ha dejado de recaudar por la vía ejecutiva 30 millones de euros en el último año porque el programa informático implantado para este fin “no funciona”.
Además de este “disparate tributario”, el sindicato advierte en un comunicado de que, como ya lo han hecho más de cuatro millones de euros, parte de esta deuda de 30 millones “corre el riesgo de prescribir”.
Según la organización sindical, el programa informático responsable de la recaudación ejecutiva de los tributos en Canarias, encargado a la empresa Indra e implantado hace un año, “no funciona a pesar de haber tenido un coste de más de 4 millones de euros”.
Por ello, muchos expedientes de fraudes fiscales y de deuda pendientes “se han quedado en el sueño de los justos y el dinero está a punto de perderse porque el programa tuvo y tiene muchos problemas en su implantación”.
De hecho, argumenta el sindicato, los técnicos informáticos de la Agencia Tributaria advirtieron de que el programa de recaudación ejecutiva de INDRA era inoperativo y causaba muchos problemas y plantearon que era un gran riesgo implantar el nuevo programa y migrar los datos sin un periodo de ensayo y puesta a punto.
IC critica que el Gobierno canario haya habilitado recientemente una partida presupuestaria para adquirir de forma externa una herramienta informática para ayudar en la lucha contra el fraude fiscal “a sabiendas de que el sistema informático de recaudación que es el responsable de hacer efectiva la ejecución de los importes defraudados falla”.
Este sindicato asegura que “por culpa de la inoperatividad de este programa los empleados públicos de la Agencia Tributaria Canaria no tienen ninguna capacidad de prestar servicios adecuados a la ciudadanía mientras persista la grave disfuncionalidad del programa informático con el que se les obliga a trabajar, elaborado por una empresa externa”.
Por todo ello, IC propone que la Agencia Tributaria Canaria y la Consejería de Hacienda exijan a la empresa Indra que se haga cargo de resolver los numerosos errores detectados y complete la funcionalidad especificada en los pliegos, además de que se responsabilice de las pérdidas que el mal funcionamiento de su producto ha generado a la Hacienda Canaria en el último año.
De igual forma, plantea que el Gobierno regional habilite a los informáticos y al resto de las direcciones generales o departamentos con competencias en informática “para que no continúe con la externalización a empresas privadas de una cuestión tan delicada, como son los tributos y los derechos tributarios de los canarios”.
