La Justicia obliga al Ayuntamiento de Mogán a entregar los uniformes de 2019 a la Policía Local

Por segunda vez, el Ayuntamiento de Mogán ha sido obligado a dotar de la uniformidad correspondiente a 2019 a la Policía Local. En 2017, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria condenó al Consistorio del sur de Gran Canaria a entregar al cuerpo los uniformes que les debe desde el año 2014 y 2016. En noviembre de este 2020, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de la ciudad capitalina, ha instado a la administración local a hacer lo propio con los de 2019 y a pagar las costas procesales, que ascienden a un total de 300 euros.

En la sentencia, el juzgado ordena al Ayuntamiento de Mogán a entregar el uniforme reclamado por la parte demandante, la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT), en el plazo máximo de tres meses desde la notificación. En base al artículo 10.1 y 5 del Acuerdo del Personal Funcionario y el Consistorio, recogido en el Boletín Oficial de Las Palmas de la Provincia de Las Palmas, que establece que la administración la Corporación “dotará al personal de la ropa adecuada para el desempeño de sus funciones, siempre que por razón de su trabajo lo necesite estando obligado el empleado público a su utilización durante su jornada laboral”.

El Ayuntamiento de Mogán aseguró que repuso la uniformidad de los miembros de la Policía Local, exponiendo como prueba el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de julio de 2020. Sin embargo, la jueza remarca que según el citado artículo 10, no era necesaria la entrega de todo el material a principio de cada año, sino que por el contrario debía entregarse aquel que realmente fuera necesario. En este sentido, añade que a pesar que la administración local defienda que las prendas básicas serán aquellas que sean necesarias, no puede ser así, porque precisamente esta interpretación es la que motiva el recurso, ya que lo que para los policías es una necesidad, no lo es para el Ayuntamiento de Mogán. 

En un comunicado, UGT recuerda que ha tenido que solicitar la ejecución de la sentencia “hasta en dos ocasiones” porque el Ayuntamiento de Mogán ha mostrado una “clara intencionalidad” para no tener que ejecutarla. Además, el sindicato anuncia que ya está gestionando la documentación “para el próximo 2021”, porque prevé que el Consistorio vuelva a actuar “de manera irresponsable con los trabajadores municipales y concretamente con la Policía”.

El sindicato asegura que el concejal de la Policía Local, Mencey Navarro, intentó chantajear a UGT para no presentar o retirar demandas, “incluso puso en marcha una recogida de firmas para que los policías renunciasen a su uniformidad”; pero el sindicato decidió volver a acudir a la Justicia porque, recuerda, el Consistorio “no ha cumplido” con los agentes, “especialmente con la unidad de tráfico”, quienes carecen de “pantalón ni chaqueta con protección” y “los guantes se los compran ellos desde hace años”. A esto se suman que “algunos de los cascos están remendados con cinta de embalar para que no salten las viseras”.

Por ello, UGT también ha solicitado la evaluación de riesgo al servicio de prevención municipal y el técnico, “el más incompetente desde hace años”, “hace oídos sordos” y “tendrá que dar explicaciones en caso de un nuevo accidente.

Sin un mueble con enchufes para cargar las emisoras

El sindicato también resalta que el Ayuntamiento “en ningún momento”, les ha permitido comprobar la calidad de las prendas que pretenden comprar, “vulnerando una de las condiciones del Acuerdo de Personal Funcionario, pretendiendo actualmente comprar prendas de peor calidad, siendo una ofensa y total desprecio”.

Por otro lado, UGT recuerda que los agentes llevan “más de un año solicitando un mueble casillero con enchufes para cargar las emisoras portátiles, algo que es totalmente necesario ya que las baterías de las actuales emisoras casi no aguantan un servicio diario, teniendo que llevar una emisora apagada y otra encendida la mayoría de las veces para no quedarnos incomunicados durante el servicio”, pero “se niegan a comprarlo” porque “según la Jefatura de Policía no tienen dinero para eso”. 

El sindicato considera esta situación “ridícula y lamentable”, ya que “las emisoras son una herramienta básica e imprescindible para el servicio diario” y “como solución han puesto una regleta de cuatro enchufes, una manera más de ridiculizarnos y continuar con el problema sin solución”.

Otra crítica del sindicato se basa en la entrega de “spray de autodefensa caducados, dejando claro el posicionamiento ante los derechos de los trabajadores, especialmente cuando es un elemento de dotación básica desde marzo del presente año”.