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Varapalo a Educación por el proceso selectivo de 2019 al cuerpo de inspectores en Canarias

Una mujer estudiando para una oposición. (Pixabay)

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Santa Cruz de Tenerife ha estimado el recurso interpuesto por cuatro aspirantes al cuerpo de inspectores de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en el último proceso selectivo que se celebró en 2019, durante el mandato de Coalición Canaria. La sentencia concluye que el criterio técnico empleado para la corrección de las pruebas debió haberse publicado “antes de la realización del ejercicio no a posteriori”, de tal forma que los aspirantes “lo conociesen y en consecuencia adaptasen su resolución del caso práctico, a la preponderancia otorgada a cada uno de lo subcriterios”. 

Por ello, acuerda "la retroacción del procedimiento al momento de la publicación de los criterios o subcriterios en su caso de corrección que deben ser públicos con anterioridad al desarrollo del ejercicio práctico”. No obstante, contra este fallo cabe interponer recurso por parte de la actual Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

Los hechos se remontan al 2 de julio de 2019, cuando el tribunal calificador publicó unos criterios de evaluación. Dos días después los aspirantes realizaron su examen, pero el 13 de julio publicó junto a las notas del primer ejercicio la forma de calificación en la que se añaden tres subcriterios nuevos, de tal forma que “dado que en el caso práctico se especifican diversas situaciones, se discrimina entre ellas”. Tras desestimarse el recurso de alzada, interpuesto tras el cambio de Gobierno en Canarias, cuatro opositores decidieron acudir al juzgado de lo contencioso.

La sentencia recuerda que el Tribunal Supremo dio un giro para alcanzar mayor grado de garantías y ahora impone que tales criterios de valoración o atribución de puntuación se fijen “antes” de la realización del ejercicio y además “se informe” a los aspirantes. Y es que, “solo de este modo, se garantiza que dispongan de conocimiento de las condiciones de la prueba y puedan ajustar su esfuerzo, prioridad o modo de demostrar los conocimientos a las pautas de valoración”. 

En estas oposiciones al cuerpo de inspectores existe un caso práctico y cuatro criterios específicos para evaluar su resolución, pero se establece posteriormente al desarrollo del ejercicio un desglose de tales criterios. Es decir, el 13 de julio de 2019, después de haberse realizado el examen no se introducen nuevos criterios, sino que los tres primeros ya existentes se subdividen en tres partes, manteniéndose incólume el cuarto.

En el caso de eso tres primeros criterios, no solo “se introdujeron tres nuevos subcriterios ( lo que sería inocuo si el efecto se limitase a especificar el desglose de la puntuación global), sino que los nuevos subcriterios, se alzan sobre tres premisas que si bien se deducen del enunciado del caso práctico, no son en modo alguno evidentes ni insoslayables”. Además, la sentencia añade que “genera inequidades en el sentido de que otorga preponderancia a exámenes que hayan resuelto la problemática generada por tal visita de forma más solvente que las otras dos y viceversa”. 

El fallo insiste en que “aunque así no acaeciese en términos práctico-materiales, tal desglose de la asignación de puntuación, sin duda deseable desde el ámbito de la transparencia de la exposición del criterio técnico, debió exponerse públicamente desde el primer momento, y en todo caso antes de la realización del ejercicio no a posteriori, de tal forma que los aspirantes lo conociesen y en consecuencia adaptasen su resolución del caso práctico, a la preponderancia otorgada a cada uno de lo subcriterios”. 

Las oposiciones a este cuerpo se publicaron el 28 de marzo de 2019, en el mandato de Coalición Canaria con Soledad Monzón al frente del área. Entonces se convocaron un total de diez plazas al cuerpo; un proceso selectivo que comenzaría en verano de ese año. En septiembre de 2020 fueron nombradas las diez personas que ocuparían estas plazas.

Desde la Dirección General de Personal del Gobierno de Canarias han confirmado días después este periódico que recurrirán la sentencia.

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