Leve impulso a la ayuda a domicilio y a los expedientes en el lento despegue de la Dependencia en Canarias

El nulo desarrollo de la ayuda a domicilio en Canarias, una de las prestaciones recogidas en el marco de la Ley de Dependencia, ha sido durante los últimos 14 años afeado en los informes de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En el último estudio sobre el índice DEC (que mide y evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales), el Archipiélago obtuvo en este apartado una puntuación de cero de un total de 30 posibles. Se trata de uno de los principales retos de la comunidad autónoma, pero en el que se están dando pequeños pasos. En el informe estadístico sobre dependencia de septiembre elaborado por el IMSERSO por primera vez se incorpora a 105 personas como beneficiarias de dicha prestación. No obstante, el director general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, explica que en diciembre se prevé alcanzar a 420 personas, ya que actualmente se están certificando estas prestaciones con los cabildos para poco a poco llegar al objetivo planteado de 2.000 usuarios. Hasta ahora, esta ayuda, que consiste en un conjunto de actuaciones llevadas a cabo en la vivienda de los solicitantes con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria se ha venido prestando por los ayuntamientos independientemente de si la persona tiene derecho a ser reconocida con un grado de dependencia. 

La Palma es la isla que precisamente Miguel Montero pone como ejemplo, ya que en los próximos meses se producirán 320 altas en esta prestación. Su equipo aboga por incorporar en el sistema de atención a las personas beneficiarias de la ayuda a domicilio que ofrecen los ayuntamientos y que tienen derecho a ser reconocidas como personas dependientes por ley. La idea es que ambos sistemas puedan convivir, es decir, la ayuda municipal y la autonómica. Sin embargo, por distintos motivos, no todos los ayuntamientos se han incorporado. El director general lamenta, por ejemplo, el caso de los dos consistorios capitalinos ya que se proyectaba que la ayuda a domicilio de unas mil personas de cada ciudad fueran financiadas por la comunidad autónoma. 

En este punto, la concejala de Acción Social de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González (CC), asegura que el año pasado cuando se le propuso el proyecto se permitía muy poco margen de tiempo para justificar esa partida, pero añade que su concejalía agradecerá en un futuro cualquier financiación que permita mejorar los servicios sociales siempre y cuando se transfiera con “unos plazos y tiempos considerables para poder tramitarlos”.  Montero, por su parte, prevé que a lo largo de los próximos meses otros ayuntamientos se puedan ir incorporando, a la vez que se mantendrán las prestaciones vinculadas al servicio. Cita el caso de Los Llanos de Aridane, con distinto color político, ya que gobierna el PP, pero donde se ha apostado por aprovechar la financiación autonómica para ofrecer a los usuarios con dependencia la prestación más adecuada y con las horas que le corresponden por ley. 

Más resoluciones, pero una lista de espera estancada

Según los datos cerrados a 30 de septiembre, en Canarias hay 26.028 personas recibiendo la ayuda a la dependencia, pero 35.371 tienen derecho a recibirla. Por tanto, son 9.343 las que, pese a tener el grado de dependencia reconocido, aún esperan por una de las prestaciones recogidas en la ley. Así mismo, hay un total de 57.831 solicitudes registradas de las que se han resuelto 40.951 expedientes. Montero apunta que además de poner al día todos esos expedientes que no estaban incorporados al sistema, también se han actualizado los fallecimientos que contaban en el cómputo de personas beneficiarias y que algunos correspondían a años atrás. Pese a que esta actualización “engrosa” las listas de espera considera que es un trabajo que se debía realizar para estar al día con la estadística real. 

El director general de Dependencia indica que de las 101 personas contratadas en enero tanto en esta área como en Discapacidad no todas se han incorporado y algunas de ellas se han marchado a cubrir otro destino en la administración pública. No obstante, sí añade que las valoraciones de dependencia se han agilizado en el último año y que en próximos informes prevé que se aprecie en una disminución en los tiempos de espera por la resolución del expediente (ahora el más elevado del país con 927 días de media). Las valoraciones no siempre son altas netas en el sistema; también se corresponden con revisiones de grado. Los últimos informes del IMSERSO en los que se mide el impacto de la COVID en el sistema de atención a la dependencia reconocen ese aumento en el número de resoluciones que han realizado las trabajadoras sociales de Canarias pese a este contexto. En agosto, por ejemplo, fue una de las tres comunidades que más resoluciones sacó adelante, con 221. 

Polémica por los informes sociales

El director general de Dependencia remarca que solo hay 16 ayuntamientos que colaboran realizando los informes sociales que facilitan la entrada en el sistema de atención a la dependencia. Son Arona, Buenavista del Norte, La Victoria de Acentejo, Granadilla de Abona, Candelaria, El Sauzal y La Laguna, en Tenerife; Breña Alta y Los Llanos de Aridane, en La Palma; Alajeró, Hermigua y Valle Gran Rey, en La Gomera; Mogán, en Gran Canaria; Valverde, Frontera y El Pinar, en El Hierro, y Tías, en Lanzarote, que se encuentra en trámite. Según el decreto 54/2008 por el que se regula la situación de dependencia en Canarias, “en el procedimiento de elaboración del Programa Individual de Atención, la Dirección General competente en materia de servicios sociales solicitará informe social en el que se detalle la situación social, familiar y del entorno de la persona en situación de dependencia a la administración municipal correspondiente al domicilio o lugar de residencia de la persona beneficiaria”.

Montero insiste en que si no fuera competencia municipal la intervención de los ayuntamientos que sí que los realizan pondrían objeción. Además, remarca que si se facilitan estos informes se agilizarán los trámites y se podría incorporar a mayor número de personas al sistema. También recuerda que en el año 2017 se firmó un convenio entre el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios para que los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes realizaran estos informes sociales. Por su parte, desde la FECAM apuntan que en el acuerdo de la ampliación del plan concertado se contempla la posibilidad de que se realicen estos informes por parte de los municipios, pero añaden que la competencia es de la Consejería. Desde el organismo se subraya que hay falta de personal y que quien tiene recursos puede destinarlos a esta cuestión, pero que “no se puede imponer ni obligar”. 

La concejala del área en Santa Cruz de Tenerife asegura que a lo largo de 2020 su ayuntamiento ha realizado 202 expedientes para la tramitación de la dependencia, pero añade que “el problema” es que desde la Dirección General “quieren que se realice en unas condiciones y en un formato específico”. Montero aclara que los 88 municipios no pueden tener un criterio diferente a la hora de realizar estos informes. “Colaborar sí, pero no podemos dejar de realizar nuestras competencias y además teniendo en cuenta que es sin partida económica”, añade Rosario González, que afirma que desde la pandemia su ayuntamiento ha atendido a 2.300 nuevas familias que no habían acudido anteriormente a los Servicios Sociales municipales y que se han disparado las ayudas para pagos de agua, luz y alquileres, entre otros. A su juicio, para que los ayuntamientos colaboren podría realizarse el mismo sistema que con la Prestación Canaria de Inserción, dentro del plan concertado y que se faciliten medios para ello. 

Más presupuesto estatal

La asociación estatal de Gerentes y Directores en Servicios Sociales ha apuntado recientemente que la dependencia es financiada en su mayor parte por las comunidades autónomas, ya que desde los recortes de 2012 del Gobierno del PP el sistema no se ha recuperado. En el caso de Canarias, el Ejecutivo regional financia el sistema en un 85% y es de las comunidades que menos destina por usuario. Pese a ello, el reciente informe destaca que el Archipiélago fue una de las regiones donde más se incrementaron los beneficiarios de alguna prestación (un 9%) pero el mal punto de partida y las históricas carencias presupuestarias  y de personal le condenan una y otra vez a las listas de espera más elevadas. De cara al próximo año, la asociación es más optimista al considerar que en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado se establece que se duplicarán las partidas para dependencia, lo que permitirá que 2.757 personas en Canarias sean dadas de alta como beneficiarias del sistema.